El Ayuntamiento debe señalizar las cámaras e informar mejor al ciudadano
El funcionario jefe que usó fotos captadas por las cámaras cometió "fuga de datos" y podría ser sancionado
El secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez, concluye en su informe sobre el uso actual de las cámaras del centro, reclamado por la oposición (IU y PSOE) tras la derogación del Plan Centro, que las cámaras cumplen las normativas de videovigilancia y protección de datos, y pueden seguir utilizándose para controlar estadísticamente la entrada y salida de coches del centro por parte del actual gobierno municipal. Certifica que este uso es "compatible" con la finalidad de las cámaras y que no se vulnera la Ley de Protección de Datos.
Sin embargo, el secretario sí obliga al Consistorio a mejorar la información ciudadana acerca del nuevo uso que se está dando a estos dispositivos de vigilancia y a señalizar debidamente las cámaras si piensa mantenerlas en todas las entradas y salidas del centro, y no sólo en las zonas declaradas de acceso restringido. Las cámaras siguen usándose por el PP para contar vehículos y así se informó en la comisión de investigación del Plan Centro.
El deber de información, regulado por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, obliga a colocar en las zonas videovigiladas "distintivos informativos para que ciudadano pueda optar libremente por circular por el área de grabado de imágenes y ser captada la de su vehículo, o utilizar una ruta alternativa. Ello requiere que los carteles tengan la suficiente entidad y claridad para cumplir la función".
La segunda obligación para cumplir ese derecho de información al ciudadano es "que se modifique formalmente la finalidad del fichero [de datos], ampliándola a los fines generales vinculados a la regulación del tráfico tal y como permite la normativa reguladora". Y añade: "De manera que cualquier ciudadano pueda consultarlo y conocer las condiciones de la recogida de datos y su posterior tratamiento", porque "mientras más se concrete la finalidad del fichero más garantía del derecho de información se estará aportando".
Su cuarta conclusión es que el funcionario jefe de sección del Centro de Control de Tráfico que usó fotos de las cámaras para presentarlas en la comisión de investigación cometió "fuga de datos", al acceder a estos datos "sin tener la condición de usuario autorizado". Por ello el secretario propone a la delegación de Seguridad y Movilidad que dirige Demetrio Cabello, como responsable del fichero de datos, que inicie actuaciones para "determinar una posible responsabilidad disciplinaria" por la actuación del funcionario. Si ha existido una fuga de datos "es que no han sido lo suficientemente eficaces las medidas de seguridad dispuestas", concluye el secretario.
Para IU, que fue el primer grupo en pedir el informe al secretario, el documento certifica que el PP ha hecho un uso irregular de las cámaras tras la derogación del Plan Centro porque ya no existen zonas de acceso restringido como tal. Para el PSOE, el informe demuestra que el gobierno del PP ha llevado a cabo una "dejación de funciones" en la custodia de las imágenes de las cámaras.
Sin embargo, el secretario sí obliga al Consistorio a mejorar la información ciudadana acerca del nuevo uso que se está dando a estos dispositivos de vigilancia y a señalizar debidamente las cámaras si piensa mantenerlas en todas las entradas y salidas del centro, y no sólo en las zonas declaradas de acceso restringido. Las cámaras siguen usándose por el PP para contar vehículos y así se informó en la comisión de investigación del Plan Centro.
El deber de información, regulado por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, obliga a colocar en las zonas videovigiladas "distintivos informativos para que ciudadano pueda optar libremente por circular por el área de grabado de imágenes y ser captada la de su vehículo, o utilizar una ruta alternativa. Ello requiere que los carteles tengan la suficiente entidad y claridad para cumplir la función".
La segunda obligación para cumplir ese derecho de información al ciudadano es "que se modifique formalmente la finalidad del fichero [de datos], ampliándola a los fines generales vinculados a la regulación del tráfico tal y como permite la normativa reguladora". Y añade: "De manera que cualquier ciudadano pueda consultarlo y conocer las condiciones de la recogida de datos y su posterior tratamiento", porque "mientras más se concrete la finalidad del fichero más garantía del derecho de información se estará aportando".
Su cuarta conclusión es que el funcionario jefe de sección del Centro de Control de Tráfico que usó fotos de las cámaras para presentarlas en la comisión de investigación cometió "fuga de datos", al acceder a estos datos "sin tener la condición de usuario autorizado". Por ello el secretario propone a la delegación de Seguridad y Movilidad que dirige Demetrio Cabello, como responsable del fichero de datos, que inicie actuaciones para "determinar una posible responsabilidad disciplinaria" por la actuación del funcionario. Si ha existido una fuga de datos "es que no han sido lo suficientemente eficaces las medidas de seguridad dispuestas", concluye el secretario.
Para IU, que fue el primer grupo en pedir el informe al secretario, el documento certifica que el PP ha hecho un uso irregular de las cámaras tras la derogación del Plan Centro porque ya no existen zonas de acceso restringido como tal. Para el PSOE, el informe demuestra que el gobierno del PP ha llevado a cabo una "dejación de funciones" en la custodia de las imágenes de las cámaras.