La Asociación Española de Profesionales de la Privacidad (APEP) ha denunciado la práctica fraudulenta de algunas consultorías que están desviando de forma directa o encubierta los fondos destinados por la Fundación Tripartita para formar a los trabajadores de las empresas hacia la financiación de otros servicios ajenos al objetivo del organismo público.
Bajo el paraguas de la campaña 'Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) a coste Cero', algunas empresas ofertan servicios de protección de datos y privacidad a cambio de que el cliente solicite los créditos formativos. La estrategia de negocio consiste en camuflar el cobro de la consultoría en el coste de la formación que se pudiera impartir. Ante esta práctica que se ha extendido también por las islas, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife aboga por las prácticas de competencia leal entre las empresas y por la correcta utilización de los fondos públicos, tal y como ha indicado en una nota de prensa.
La APEP mantiene un contacto permanente con la Fundación Tripartita que remitirá al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo tales actuaciones a fin de que estas entidades verifiquen y controlen estas prácticas fraudulentas mediante inspecciones tanto a las empresas u entidades oferentes de este tipo de servicios, como a las empresas afectadas.
Desde la citada asociación profesional se advierte de las graves consecuencias que pueden acarrear este tipo de prácticas. El mal uso de los fondos de la Fundación Tripartita puede derivar en sanciones importantes que van desde la devolución de fondos hasta la inhabilitación para pedir subvenciones.
En este sentido, la Cámara de Comercio cuenta con un Punto de Información sobre Protección de Datos que asesora a las empresas sobre cómo llevar a la práctica las medidas de seguridad que exige la LOPD y su Reglamento de desarrollo. Desde el área de Servicios Jurídicos se advierte, además, de que las empresas tienen que ser muy escrupulosas con el uso y tratamiento de la información que manejan sobre empleados, clientes y proveedores, puesto que la ley así lo exige y contempla sanciones cuya cuantía económica puede alcanzar los 600.000 euros.
PRACTICA ILÍCITA
El mecanismo utilizado habitualmente consiste en desarrollar tareas de asesoramiento e implantación de procedimientos de cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que se facturan como formación financiada con cargo a los fondos que gestiona la Fundación Tripartita 'regalándose' el resto de los servicios de consultoría a cambio de que la empresa afectada tramite los créditos formativos correspondientes que, para el oferente de tales servicios, resulta suficiente como pago por la totalidad de los servicios prestados, tengan o no carácter formativo.
Para el presidente de la APEP, Ricard Martínez, 'este tipo de actividades fraudulentas afectan gravemente a las empresas y entidades que son objeto de la misma, al tiempo que arruina también a un sector profesional y empresarial emergente y estratégico en la nueva sociedad del conocimiento'.
Asimismo, considera que estas prácticas suponen 'un uso inmoral de fondos de formación en una época en la que el reciclaje de los trabajadores resulta esencial para el despegue de nuestro modelo económico actuando como un obstáculo a nuestras posibilidades de crecimiento y lucrándose a costa del sacrificio de los impuestos de los españoles'.
De cara a mejorar la información sobre las claves que debe atender a una adaptación en materia de protección de datos, la APEP ha publicado un documento al que se puede acceder desde su página web oficial
FUENTE: noticias.terra.es