Protección de datos versus consolidación de información

Con júbilo recibimos la noticia que el Congreso aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que establece que la información económica, financiera, bancaria y comercial sólo podrá ser utilizada para la evaluación comercial para el riesgo del crédito.

Se acerca así el término del acceso indiscriminado a ese tipo de información que ha permitido que se discrimine a muchas personas por su comportamiento crediticio, incluso en materias que no tienen nada que ver con el otorgamiento de crédito.

Sin embargo, se trata sólo de uno de los primeros pasos para implementar un serio Sistema de Protección de Datos Personales que coloque el foco verdaderamente en la tutela de los derechos fundamentales de las personas, porque la Ley 19.628 -sobre protección de la vida privada- no ha sido suficiente.

No es posible que el gobierno, sin escuchar la verdadera demanda ciudadana de protección, insista en abordar el Proyecto de Ley de Consolidación de la Información sin antes haber resuelto el problema de la Protección de Datos en Chile y que persevere en poner los bueyes por delante de la carreta y mantener la urgencia al primero de ellos.

Esto tiene, al menos, tres problemas. El primero, que la regulación de la protección de datos debe servir de marco general y obviamente el de consolidación de la información debe supeditarse a dicho marco.

El segundo, que abordar discusiones que tienen tanta relación y recíproco impacto de manera separada producirá soluciones que no necesariamente contribuyen a la coherencia de un Sistema de Protección de Datos Personales.

El tercero, que nuevamente se privilegia en la discusión el uso económico de la información de las personas bajo la promesa de que con ello bajarán las tasas de interés, el Estado podrá evitar el sobreendeudamiento y se mejorará el acceso al crédito. Todas cuestiones muy nobles, pero ni siquiera en el Congreso se ha podido concluir que efectivamente este proyecto pueda cumplir dichos objetivos.

Tan clara es la fragilidad de esta iniciativa que en la primera oportunidad que tuvieron, los parlamentarios presentaron alrededor de 150 indicaciones, lo que refleja la falta de consenso y las dudas respecto al cumplimiento de los objetivos declarados.

Debemos entrar en razón y discutir primero la regulación sobre la protección de datos personales y luego, si verdaderamente es necesario, consolidar la información comercial. Ello no debe hacerse mientras el Estado no sea capaz de demostrar que está en condiciones de que sus instituciones verdaderamente pueden proteger los derechos de sus ciudadanos.