Protección de Datos culpa a Cultura de tirar a la basura documentos privados
Considera que la Junta cometió una infracción «grave» al arrojar a un contenedor documentos sin triturar que luego aparecieron esparcidos junto a la ribera del Genil
La Agencia Española de Protección de Datos acaba de dictar una resolución en la que culpa a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía de haber arrojado a la basura decenas de documentos entre los que había algunos que contenían información de carácter personal. Para la citada institución, Cultura cometió una infracción «grave» –en realidad, aclara Protección de Datos, fueron dos, pero en esos casos solo se destaca la más seria–. Por suerte para la Junta, «y dado el carácter puntual del hecho», el ‘castigo’ se limita exclusivamente a dejar patente el reproche. Bueno, y tal como prevé la ley, el organismo en cuestión también anuncia su intención de remitir el expediente al Defensor del Pueblo.
El incidente, que fue desvelado por IDEAL, ocurrió a principios de mayo del año pasado. Sin que todavía se sepa cómo ni por qué, media docena de bolsas de plástico de color negro aparecieron tiradas en una zona ajardinada situada entre el río Genil y el carril-bici que arranca en las inmediaciones de la Clínica La Inmaculada para adentrarse en la Vega. Era basura de la delegación de Cultura que había sido depositada en los contenedores que están colocados frente a la sede de dicho departamento, en el Paseo de la Bomba. Sin embargo, los desperdicios ‘recorrieron’ misteriosamente dos o tres kilómetros. Cultura siempre ha sostenido que fue algo intencionado para desprestigiar a la institución y denunció lo ocurrido ante la Policía, que abrió la correspondiente investigación.
En su informe, Protección de Datos no ahonda en esos detalles. Va a lo suyo y recuerda que las bolsas –repletas de papeles de todo tipo– contenían algunos documentos con información de carácter personal que no habían sido previamente triturados para impedir su lectura. A saber:tres fotocopias (una de ellas rasgada)de un DNIde una funcionaria de Cultura –esta persona reconoció que fue ella la que tiró a la papelera las fotocopias–, una nota simple del registro de la propiedad de Huéscar, una declaración jurada, un fax de un parte médico y una propuesta de segregación de parcelas «con el nombre» de los autores del expediente.
Garantizar la seguridad
Para la agencia, esa conducta atenta contra el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos que, entre otras cosas, establece que el responsable de un fichero, «y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural».
Para Protección de Datos es evidente que en la delegación de Cultura se produjo una «vulneración de la seguridad» que permitió que los documentos con información privada «acabaran abandonados».
Si la Junta no está de acuerdo con el dictamen que ha emitido la agencia puede interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.