La nueva Ley de Protección de Datos que ha aprobado la Unión Europea y que busca unificar la legislación puede no tener los resultados deseados. Así lo considera Reuters que asegura que ésta está abierta a una libre interpretación por cada uno de los 28 países miembros de la UE.

La agencia de noticias recuerda que esta Ley busca acabar con la fragmentación de 28 legislaciones y, para ello, la UE unifica la normativa y las multas a las que tendrán que hacer frente las empresas que incumplan la ley: el 4% de los ingresos globales de la compañía que viole la protección de la privacidad de los usuarios europeos.

En opinión de expertos en legislación el cambio en las sanciones podría suponer “un problema” para las juntas directivas de las empresas que “tendrán que tomarse más en serio” estas cuestiones.

A pesar de que la ley se acaba de aprobar, la privacidad ha sido un aspecto “particularmente sensible” en Europa. El crecimiento exponencial de los datos, además, está generando gran preocupación entre los usuarios europeos que consideran que están perdiendo control sobre su información.

Los expertos consideran que la nueva normativa favorecerá a compañías como Google, Facebook y Amazon, que tienen que luchar día a día con la fragmentación que supone 28 mercados nacionales. No obstante, los más críticos con la nueva ley se preguntan si las agencias de protección de datos podrán hacer frente a una mayor carga de trabajo y si el solapamiento realmente ha llegado a su fin.

A grandes rasgos el Reglamento general sobre protección de datos permitirá a los ciudadanos ejercer un mayor control sobre sus datos personales. La Comisión Europea, además, considera que gracias a la unificación de la normativa las empresas “podrán aprovechar al máximo las oportunidades del mercado único digital al reducir las cargas administrativas y beneficiarse de una confianza reforzada de los consumidores”.

Para ello, se establecerá un conjunto de normas que facilitará y abaratará las actividades de las empresas que operan en la UE; sólo habrá una autoridad de control, con lo que se conseguirán ahorrar 2.300 millones de euros al año; o las empresas establecidas fuera de Europa tendrán que aplicar las mismas normas cuando ofrezcan servicios en la UE.

Además, y en relación a los usuarios finales, estos tendrán más información sobre la forma en la que se tratan sus datos, podrán transferir más fácilmente sus datos personales entre proveedores de servicios, podrán ejercer el derecho al olvido y tendrán derecho a conocer lo antes posible si sus datos han sido pirateados.LEER NOTICIA COMPLETA.