V., que prefiere mantener el anonimato por el miedo de recibir más represalias por parte de los okupas, es trabajadora humanitaria, especializada en África del Oeste, Madagascar y Haití y voluntaria de la Cruz Roja aquí en Mallorca, mientras que su marido es directivo de una importante empresa de alquiler de coches. Las hijas menores tienen entre 12 y 15 años. La madre cuenta que «tienen miedo y angustia, yo tengo crisis de ansiedad, desde que vio como estas personas agredían a su padre con un martillo; no entiendo qué más tiene que pasar para que la 
justicia y autoridades protejan a unos niños y una familia». Ni la denuncia ni la solicitud de orden de alejamiento aún han recibido respuesta del juzgado de Inca.
Para explicar la situación, la denunciante aporta partes médicos y denuncias presentadas ante la Guardia Civil. En agosto la familia presentó una solicitud de orden de alejamiento contra esta pareja que les amenaza en el patio que comparten la vivienda principal y la casa de invitados, hasta el punto que la familia no puede disponer de sus terrazas, piscina o jardines porque «cuando estamos, incluso con invitados, no dejan de insultarnos, o pasear medio desnudo él y amenazarnos».
Cómo ha ocurrido
V. explica con impotencia que «soy consciente que los metí yo en mi casa, pero jamás pensé que eran personas violentas con malas intenciones, no se mostraron así al principio». En marzo, la familia ofreció a una mujer de nacionalidad española y mediana edad alojamiento gratuito en la casa de invitados, a cambio de ayudar en el cuidado de los niños. «Esto fue en marzo, luego nos pidió si podía venir su pareja y colaboraría con trabajos de jardinería y mantenimiento, le dijimos que sí y se instalaron en la casa de invitados; pero a partir de mayo ya no quisieron hacer nada ni marcharse, y empezaron las amenazas, insultos y coacciones», explican.
En agosto se produjo uno de los incidentes más graves. La familia les reprochó su comportamiento, «pues muchas veces están borrachos e insultan», y la pareja okupa trató de agredir al propietario de la vivienda con un martillo, en presencia de la hija menor de la familia. «La niña se quedó en shock y tiene mucho miedo, pues cada día tiene que venir al colegio a Sencelles, aunque nos hemos tenido que mudar a un piso en Palma porque no podemos vivir en nuestra casa».
El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, señala que la Policía Local ha acudido a esta vivienda cada vez que ha sido requerida. La última vez, porque los okupas trataban de romper las cámaras de seguridad instaladas por la familia en su vivienda. «Ni el Ayuntamiento, ni la Policía ni la Guardia Civil pueden hacer nada si no lo ordena un juez, y para un desahucio pueden pasar dos o tres años», lamenta V. con impotencia. «Mi marido compró esta finca hace 15 años y era casi una ruina, ha trabajado mucho para construir esta casa y ahora nos tenemos que marchar bajo amenazas».
Una serie de vídeos grabados por las cámaras de seguridad de la vivienda principal corroboran toda suerte de insultos y vejaciones de los okupas hacia la familia.
Fuente: Ultima Hora