Vila y Manzano: negocio de cámaras de seguridad No para de crecer.
Más de 1000 cámaras en la vía pública tendrá Gran Mendoza en breve.
El Gobierno adjudicó a Arlink y Uno Medios un sistema que costará 80 millones de pesos, 10 veces más que el que firmó, en medio de denuncias por irregularidades, con los empresarios mediáticos hace 6 años para que colocaran los primeros 120 aparatos en la vía pública. Además, el costo del servicio mensual de las imágenes creció más de 3 veces en ese periodo. A pesar del gasto, se ha puesto en duda su aporte a la seguridad.
En menos de 6 años, el grupo Vila-Manzano montó un negocio notable en base a la inseguridad y el requerimiento creciente por parte del Estado provincial de cámaras de video vigilancia para monitorear el espacio público.
El primer contrato, que data de julio de 2009, fue por 120 cámaras. En aquella ocasión, la empresa Arlink recibió 8,3 millones de pesos por la colocación y el servicio de imágenes a lo largo de 3 años.
Hoy, los números son otros. Arlink ya tiene 500 cámaras instaladas en la zona metropolitana y acaba de adjudicarse una licitación por 8 millones de dólares para duplicar con creces ese número de aparatos: colocará 570 cámaras más, con lo cual el total superará sólo en el Gran Mendoza las 1.000.
El Estado gastará 80 millones de pesos en la nueva operación. Del total, 70 millones los aportará el BID a través de un crédito y 10 millones el Gobierno. El Sistema Integrado de Gestión y Montaje de Seguridad Ciudadana para Gran Mendoza (que incluye además de las cámaras, el aporte de un CEO móvil) les costará a los mendocinos entonces 10 veces más que el primer contrato con Arlink.
Si se analiza el costo del servicio, el crecimiento económico también es importante. El primer acuerdo con la empresa de Vila y Manzano implicaba un pago mensual de 81.00o pesos por el monitoreo público. Hoy, lo que tiene que pagar el Estado es 3 veces más que en 2009: 270.000 pesos por mes, según indicó el ministro de Seguridad Leonardo Comperatore.
Los contratos que demandan estas mensualidades y que podrían haber acumulado a la fecha pagos por 30 millones de pesos para Arlink, están "en término" según Comperatore, por lo cual se viene una nueva licitación del servicio que difícilmente excluirá del sistema a la empresa de Vila.
El paso inicial
El paso inicial para este negocio formidable es muy importante, ya que abrió una ventana para la empresa de Vila y Manzano en el Estado que no para de agrandarse y que no la verá salir de allí a la brevedad.
Fue en abril de 2010 cuando se constituyó en la Legislatura una comisión investigadora destinada a esclarecer las denuncias del entonces vicegobernador de la provincia, Cristian Racconto, quien, en plena ruptura con el gobernador Celso Jaque, denunció que una de las cámaras públicas era usada para espiar su despacho de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento.
Esa investigación, además de averiguar el caso Racconto y la supuesta invasión de su privacidad, buscó echar luz sobre las características de la primera contratación directa de Arlink y derivó en una denuncia penal de la ex diputada Patricia Gutiérrez, quien advirtió una serie de irregularidades.
En aquella denuncia, Gutiérrez pidió al fiscal especial Santiago Garay que investigara si había existido una violación a la ley provincial 7924, una norma que fue sancionada precisamente para evitar que las cámaras de video vigilancia invadieran la intimidad de las personas. Pero además, advirtió sobre las inconsistencias del contrato con Arlink.
Señaló entre otras cosas Gutiérrez que los balances de la empresa Arlink eran más antiguos de lo permitido; que Supercanal (empresa a la que pertenece Arlink dentro de Uno Medios) tenía deudas con el Estado Nacional que le impedían participar de la licitación; que era dudosa la documentación respecto de las empresas que proveerían elementos para el sistema de cámaras; y que la responsabilidad operativa de las cámaras fue cedida a una firma que competía con Arlink en la licitación original.
Y hubo más. También se detalló en la denuncia que Arlink accedió a un negocio de más de 8 millones de pesos a pesar de que los bienes de la firma eran bastante menores: contaba con equipos de computación por menos de 40 mil pesos, tenía sólo dos empleados en su nómina, entre sus activos no había rodados y sus últimos ejercicios presentados (2006 y 2007) daban pérdidas por 241 mil y 421 mil pesos.
Por avalar este contrato, Gutiérrez apuntó en aquella oportunidad contra el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, quien más adelante sería destituido precisamente por favorecer a Vila y Manzano en una expropiación de terrenos. Además, dejó constancia de que el sistema de cámaras quedaría en manos de una empresa a la que el entonces secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, había acusado de extorsionar al Gobierno.
En definitiva, Arlink SA, que en sus balances figuraba como controlada por una empresa off shore y que casi no tenía equipos y capacidad técnica para meterse en la gestión de las cámaras, logró avanzar igual y superó todas las expectativas.
En aquel momento inicial, favorecida por la gestión del ministro de Seguridad Carlos Aranda, la firma encontró el resquicio para ingresar al negocio prácticamente sin invertir dinero: los expedientes de la comisión investigadora revelan que en 2009 Arlink recibió del Estado provincial pagos inmediatos para los materiales y la instalación de las cámaras por más de 5 millones de pesos. Una condición ideal para arrancar en un rubro que prodigó muchos más beneficios de los que en aquel año se proyectaban.
¿Sirven las cámaras?
Al margen de esta polémica, el Gobierno provincial deposita toda su confianza en el rendimiento de las cámaras de seguridad. De hecho, el año pasado, en medio del debate para la declaración de Emergencia en Seguridad, se sancionó una ley que suma los aparatos privados que apuntan a la vía pública a las cámaras del sistema estatal.
Fueron precisamente el problema de la inseguridad y los favores del Gobierno los que les permitieron a Arlink abrirse camino con sus cámaras y dejar afuera a las siete empresas que habían sido invitadas a la primera licitación. Más adelante, la declaración de Emergencia en Seguridad de la Legislatura, sancionada en agosto de 2009, motivó una elevación del 20 por ciento respecto de la cifra original de 120 cámaras.
No pararon de multiplicarse los aparatos desde entonces, pero hoy, su efectividad está en duda. La semana pasada, el ministro Comperatore y el subsecretario de Seguridad Antonio Carrizo polemizaron sobre la falta de imágenes de una cámara ubicada en el carril Rodríguez Peña, en una zona donde se produjo un asalto millonario.
Carrizo reveló a los medios que la cámara había sido desconectada por falta de pago; pero Comperatore lo cruzó públicamente y señaló que el aparato estaba fuera de servicio por problemas técnicos.
Voceros oficiosos respaldaron al ministro de Seguridad al aportar que normalmente el 10 por ciento de las cámaras quedan fuera de servicio por desperfectos, pero si algo quedó claro en la discusión es que el Estado no tiene ninguna herramienta legal para impedir el corte de Arlink ante facturas impagas: por más que de servicios en un área tan sensible como la seguridad, es un proveedor más y puede tener este tipo de conductas si no le pagan en término.
A esto hay que agregar que, a 6 años de la primera colocación de una cámara en la vía pública de Mendoza, no se ha demostrado con cifras que esta estrategia de lucha contra el delito sirva.
Por el contrario, se multiplican los reclamos por falta de imágenes en determinadas zonas y por escasez de personal e incapacidad de los efectivos policiales que las monitorean. Así lo indicó el diputado radical Héctor Quevedo, quien estuvo al frente a la comisión Bicameral de Seguridad hasta hace poco.
La falta de controles es una ayuda ideal para que el Gobierno pueda seguir gastando sin rendir cuentas ni demostrar la efectividad de la inversión. De hecho, la comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura todavía no ha sido activada y el control ejercido sobre el funcionamiento de las cámaras de video vigilancia ha sido a todas luces laxo hasta ahora.
Una prueba de ello es que Quevedo, al ser consultado por MDZ este fin de semana, no estaba al tanto de la adjudicación de las nuevas 570 cámaras para el Gran Mendoza, proceso que llevó a cabo la Unidad Financiera Internacional (UFI) del gobierno de Pérez.
“Lo hicieron entre gallos y medianoche”, aseguró el legislador radical, en reacción a la adjudicación del crédito del BID, que tuvo información por lo menos escueta, más allá de que la instalación de más cámaras fue un anuncio del gobernador Francisco Pérez y estuvo siempre presente en las declaraciones públicas de los últimos dos ministros de Seguridad.
Esta licitación se realizó en diciembre pasado y tuvo como competidoras a apenas dos empresas, Arlink y Sutec SA, mientras que en la de 2009 se habían anotado ocho. Es evidente que muchas no tuvieron ningún interés de participar en un proceso donde la firma que ya opera el sistema tenía todo para ganar.
El nuevo y millonario proceso dejó claro como nunca a quién favorecerá: según información del Ministerio de Seguridad, Arlink se presentó esta vez como parte de una unión transitoria de empresas (UTE) con Uno Medios, la nave insignia de Vila y Manzano.
Fuente: mdzol