El intendente de Santo Tomé Fabián Palo Oliver anunció ayer que el municipio va a realizar el monitoreo de algunos sectores de la ciudad con cámaras de seguridad. Pero reconoció que están buscando los mecanismos para poder solventar los altos costos que tiene la colocación de los dispositivos y la propia tarea de control.

Palo Oliver habló ayer, al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación jurídica de la localidad de Santo Tomé (12 de septiembre de 1872). En dicho marco, el intendente planteó que el tema de la seguridad es una de las demandas sociales más importantes.

“Por eso, por la importancia que le otorgamos a la seguridad, y más allá de las intensas gestiones que fuimos realizando ante las autoridades policiales, hemos decidido afrontar el trabajo de monitoreo mediante la instalación de cámaras de seguridad’’, explicó Palo Oliver.

En forma oficial, todavía no se confirmaron las zonas que serán monitoreadas, pero El Litoral pudo averiguar que la idea es instalar las cámaras en las zonas comerciales neurálgicas y estratégicas de la ciudad, donde el fluido movimiento diario implica ciertos cuidados y seguimientos.

 

Decisión política

“El objetivo que nos planteamos es conseguir nuevas mejoras en el servicio de seguridad pública, algo que en realidad nos tiene preocupados y ocupados desde mucho antes de asumir la Intendencia’’, señaló Palo Oliver, quien contó que ya se reunieron con proveedores de estas cámaras y realizaron visitas a municipios pioneros en esta materia (Santa Fe y Rosario son dos de los distritos que incorporaron este sistema).

“Hace una década, era impensado discutir la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en la vía pública; incluso, las ciudades pioneras en esto debieron afrontar una dura discusión, en la que hasta se involucró el tema de las libertades individuales’’, prosiguió.

La patronal Pimeco solicita a la Delegación del Gobierno que instale cámaras de vigilancia en las zonas más conflictivas del barrio de Son Gotleu, además de intensificar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal como reclama en una nota de prensa. La patronal del pequeño comercio se reunió con sus asociados de esta zona la semana pasada y a raíz de dicho encuentro elaboró un listado de medidas que, a su juicio, pueden servir para paliar los problemas que sufre la barriada.

Ayer entregó sus propuestas al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno, en las que también hace referencia a diversas actuaciones de limpieza, cuyas competencias son de Emaya. Por ejemplo, solicita modificar los horarios de recogida de basura, mejorar el sistema de cloacas del barrio y aumentar los puntos de recogida selectiva, tal como han pedido los negocios allí ubicados.

Asimismo, la patronal Pimeco quiere saber cuáles son las medidas que adoptará el equipo de gobierno para mejorar la integración social, asegurar la escolarización de los menores residentes en la barriada y dar respuesta a las prácticas de sobreexplotación de viviendas, como añade el comunicado enviado por los comerciantes.

Como publicó el martes DIARIO de MALLORCA, tras los altercados los negocios han tenido que hacer frente a cuantiosas pérdidas.

FUENTE: www.diariodemallorca.es

Miedo. Este es el sentimiento que ha dejado entre los trabajadores de Comes el episodio violento del pasado domingo. Los daños ocasionados por un grupo de jóvenes que viajaban en la línea que cubre el trayecto entre Cádiz y San Fernando ha vuelto a poner en entredicho la falta de seguridad en el transporte público y la indefensión de los ocupantes de los autobuses. Además, estos incidentes no son un hecho aislado, ya que todos los fines de semana, los conductores tienen que hacer frente a los insultos, vejaciones y amenazas de muchos de los que suben al vehículo a primera hora de la mañana tras una noche de fiesta. De hecho, desde el comité de empresa aseguraron que a consecuencia de estos hechos, ya se han producido algunas bajas laborales por depresión, de personas que incluso han tenido que ser atendidas en el hospital, así como costosos daños al patrimonio de la empresa.

Ante este panorama, los sindicatos ya han pedido a las administraciones responsables y a la empresa soluciones inmediatas. En un escrito elaborado por el comité de empresa, presentado ayer a Comes, han pedido la adopción de medidas de protección, como la instalación de mamparas, así como la puesta en funcionamiento de cámaras de vigilancia en tiempo real que garantice la tranquilidad del resto de viajeros. Los trabajadores también han pedido reducir el riesgo con sistemas de comunicación directa, inspectores, así como vigilantes de seguridad. «La seguridad de los conductores está por encima de todo, cueste lo que cueste. Además, otras empresas como Tranvías ya disfrutan de este tipo de instrumentos y los problemas se han reducido, ya que las cámaras frenan a muchos de estos jóvenes», apuntó el portavoz de los empleados, Francisco Rafael Ortiz de Galisteo.

EL que fuera uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, dejó escrito: "Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". Han pasado más de dos siglos y el propio país del político y científico así como el resto del estados occidentales han ignorado este sabio consejo, aterrorizados por las atroces consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El equilibrio está roto definitivamente. Los ataques del terrorismo yihadista, primeros en Estados Unidos, y más tarde en Madrid en 2004 y al año siguiente en Londres, han llevado a las democracias occidentales a adoptar distintos instrumentos legislativos encaminados a reforzar su acción en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas normas han supuesto una auténtica conculcación de derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, la tutela judicial, la intimidad, y el secreto de las comunicaciones telefónicas o a través de Internet.

Al mismo tiempo han aumentado los poderes y facultades de los servicios de inteligencia y la policía en la lucha contra el terrorismo y han afectado de manera especial al estatus jurídico de los extranjeros residentes en sus territorios, quienes, en ocasiones, han visto cercenados sus derechos más fundamentales.

Viajar en el transporte público a algunas localidades de la Bahía se ha convertido otra vez en una experiencia de riesgo. La retirada de los agentes de seguridad privada que vigilaban el acceso a los autobuses interurbanos desde hace cinco años, ha tenido ya sus primeras consecuencias materiales y personales para la Empresa General de Transportes Comes. Solo dos meses han tardado en aparecer los primeros incidentes desde la supresión de dichos efectivos, poniendo así en entredicho la decisión adoptada por las administraciones.

El pasado domingo, el susto fue mayúsculo para quienes a primera hora de la mañana se disponían a tomar la línea que cubre el trayecto entre Cádiz y San Fernando en la parada de la Plaza de las Tortugas y que, en su mayoría, regresaban a casa después de una noche de fiesta. Allí comenzó una pelea entre casi medio centenar de viajeros que se trasladó al interior del vehículo y que perduró durante todo el trayecto sin que el conductor del vehículo pudiera hacer nada por sofocarla. Según la denuncia formulada ante la Policía Nacional por el trabajador de Comes, la trifulca comenzó sobre las siete y media de la mañana en el andén de acceso, cuando un grupo de 20 jóvenes comenzaron una pelea. Para evitar el peligro, el conductor cerró las puertas traseras de inmediato, una actitud que comenzaron a reprocharle otras 35 personas, al parecer conocidas de los supuestos autores de dicho enfrentamiento, que querían bajar para participar en la pelea. Finalmente, este grupo de usuarios bajó por la zona delantera y se enzarzó con algunos de los que estaban abajo en las mismas escaleras de acceso al vehículo. El conductor intentó entonces mediar entre los jóvenes, que respondieron quitando la máquina expendedora de billetes de su ubicación, aumentando la violencia de la situación hasta el punto que uno de los jóvenes-según el denunciante- aseguró que llevaba una navaja.

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