Las cámaras de seguridad esclarecen una agresión en un túnel de la M-30

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco individuos como presuntos autores de un delito de lesiones, robo con violencia y otro contra la seguridad del tráfico.

Los arrestados, que circulaban a bordo de dos vehículos, tuvieron una discusión con los ocupantes de otro turismo y los persiguieron hasta conseguir su detención en mitad del túnel de la M-30.

Una vez parados, bajaron de sus vehículos y la emprendieron a golpes con las víctimas para después irse del lugar tranquilamente, tras haberles sustraído varios efectos personales.

Los agredidos tuvieron que ser asistidos por médicos de emergencia por los puñetazos y las patadas recibidos, además de una agresión con arma blanca. El visionado de las cámaras de seguridad ha resultado fundamental para esclarecer los hechos.

Las cámaras de control de tráfico dejan de funcionar
El PSOE exige que se reponga cuanto antes el servicio, que estaba en marcha desde la primavera

 

Las cámaras de control del tráfico de San Vicente del Raspeig llevan sin funcionar desde el pasado fin de semana debido al cierre de la empresa que las instaló y que las gestionaba. La firma había sido subcontratada por la adjudicataria del servicio, FCC Servicios Industriales y Energéticos.
El portavoz municipal del PSOE, Rufino Selva, denunció ayer la interrupción de este servicio que se adjudicó en enero de 2010, aunque la videovigilancia no comenzó a funcionar hasta la pasada primavera. Se trata de ocho cámaras instaladas en lugares de mucho tránsito, como Ancha de Castelar, la calle La Huerta o la rotonda de la Dona Lluna. Forman parte del "Proyecto de red multiservicio e interconexión de servicios municipales y control de tráfico" financiado con 450.000 euros del Plan E del Gobierno central, que el Ayuntamiento adjudicó primero a Espelsa y posteriormente pasó a FCC.
La Policía Local recibe las imágenes que captan estas cámaras y no sólo se utiliza para el tráfico sino que también se sirve de ellas para cuestiones de seguridad. Por ejemplo, han sido útiles en varios casos de tirones de bolsos ocurridos en estos viales, según han informado fuentes policiales.
Rufino Selva reclamó ayer al equipo de Gobierno "que haga las gestiones para volver a poner en funcionamiento el servicio cuanto antes y, sobre todo, para evitar el mal uso que pudiera hacerse de las imágenes" si las cámaras siguieran captándolas, ya que la Policía Local no las está recibiendo. Selva solicita que "se protejan los datos y las grabaciones que se estén realizando".
Desde el equipo de Gobierno manifiestan, sin embargo, que las cámaras todavía están en periodo de pruebas al formar parte del proyecto de red wi-fi "que permitirá interconectar todos los edificios municipales". Según indican, el proceso de instalación se ha retrasado "y todavía quedan dos o tres semanas de trabajo efectivo" hasta que el sistema esté plenamente operativo.
En todo caso, explican que "la empresa -Neomedia- ha cerrado y FCC ha buscado ya otra contratista". La adjudicataria "ya ha encontrado una solución y ha contactado con una nueva mercantil" que asumirá la labor pues "el Ayuntamiento le ha exigido que culmine el trabajo" para el que se le contrató.
En cuanto a las imágenes que se graben, apunta que "seguirán el protocolo de seguridad" que es el mismo que se aplica en otros municipios en materia de videovigilancia.
En el último año el Ayuntamiento de San Vicente ha implantado la videovigilancia tanto en las arterias más importantes de la localidad como en el nuevo parque Noroeste, aunque este último todavía permanece cerrado.

 

La Mesa de Seguridad Vial de Logroño se pondrá en marcha a finales de noviembre con el objetivo de eliminar los puntos peligrosos y disminuir los accidentes de tráfico en la ciudad.

El concejal de Interior de Logroño, Miguel Sáinz, ha presentado hoy en una rueda de prensa este nuevo órgano, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial a través de la opinión y participación de peatones y conductores.

La Mesa estará formada por once miembros: un vecino, un taxista, un conductor de autobús urbano, un profesor de autoescuela, un repartidor de mercancías, un conductor de ambulancia, un motorista, un ciclista, una persona con discapacidad, algún técnico de la unidad de Movilidad y un policía local de Logroño.

Estos componentes se elegirán tras consultar a las organizaciones profesionales del sector.

Todas estas personas tienen en común que cada día recorren las calles de la ciudad, bien conduciendo o a pie, por lo que podrán aportar su experiencia directa, ha detallado Sáinz.

El SAS refuerza las medidas de seguridad en los centros de salud
El CSIF y la Confederación Española de Policía colaboran frente a las agresiones.

 

El Distrito Sanitario Sevilla, que gestiona todos los centros de salud en la ciudad, tiene previsto reforzar la seguridad en las consultas de Atención Primaria para prevenir y actuar con más celeridad ante posibles agresiones físicas o verbales a los profesionales. "El Distrito Sanitario Sevilla se ha comprometido a implantar un sistema informático en todos los ordenadores que permitirá al médico pedir ayuda de manera más rápida", explicó ayer Fernando Castelló, presidente del sector de Salud en el sindicato de funcionarios CSIF.

 

El dispositivo informático que el SAS tiene previsto implantar permitirá al médico dar la voz de alarma a todos los profesionales de su centro de salud pulsando una tecla del ordenador en el momento en que un usuario muestre una actitud violenta en la consulta. De esta manera, el médico no se sentirá solo y podrá recibir ayuda de una manera más rápida.

 

Las agresiones al personal médico es una lacra que afecta especialmente a los médicos de familia y a los equipos de Urgencias y Emergencias. Son varios los dispositivos que funcionan ya en centros de salud para prevenir estas incidencias que están centrados en las cámaras de vigilancia o guardias de seguridad en los puntos más conflictivos. En el caso de las consultas, el derecho de los pacientes a la intimidad impide la colocación de cámaras de seguridad, de modo que este nuevo sistema de alerta, al igual que los botones antipánico, permitirá socorrer a los profesionales.

 

El presidente de Sanidad en el CSIF aplaudió ayer esta nueva medida de refuerzo de la seguridad y destacó que en determinados centros de salud de Sevilla se está registrando un repunte de las agresiones contra el personal médico. En el caso del centro de salud de Amate, por ejemplo, se ha registrado al menos una agresión al mes durante el último trimestre; una situación que ha terminado con cuatro profesionales del equipo de Urgencias de baja médica por sufrir cuadros ansiosos-depresivo tras los insultos y las amenazas que sufrieron por parte de usuarios.

 

Otro de los compromisos adquiridos por el Distrito Sanitario Sevilla, según explica el CSIF, es la personación de los abogados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como acusación en los procesos judiciales contra usuarios que atenten, verbalmente con amenazas e insultos o físicamente, contra personal sanitario. "Nuestro objetivo es que el SAS se persone ante el juez como acusación cuando un médico sufre una agresión ya que este profesional forma parte del propio sistema", añadió ayer Castelló.

 

Para perseguir y mejorar estas medidas de protección de los trabajadores del SAS, el CSIF y la Confederación Española de Policía CEP, han acordado colaborar para impartir cursos de defensa personal a plantillas sanitarias. "Se trata de un acuerdo ante dos sindicatos ante el aumento de las agresiones en los centros de salud para facilitar a las víctimas, en la medida de los posible, la defensa y la tramitación de las denuncias", añadió ayer Ángel Reina, secretario provincial en Sevilla del sindicato policial.

 

Según el último balance del Colegio de Médicos, más de la mitad de las agresiones que sufren los galenos se cometen en centros de salud. La principal causa de los conflictos son las discrepancias de usuarios con el diagnóstico y el tratamiento de su médico; seguida por las largas esperas que a veces tienen que soportar los pacientes para recibir atención médica.

La puesta en marcha de una política regional de aeropuertos en Castilla y León en la que primen la racionalidad en los esfuerzos y la viabilidad económica, en la creencia de que el Aeropuerto vallisoletano es el único realmente factible en la Comunidad, junto con el copago sanitario, la devolución al Gobierno central de las competencias en materia de educación y la reapertura de la central nuclear de Garoña, son algunas de las medidas del 'Decálogo' elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y que, "con ánimo constructivo", ha sido presentado como materia de debate para los partidos políticos de cara a los próximos comicios generales.

El referido 'Decálogo' fue aprobado por el pleno de la institución cameral vallisoletana el pasado día 20 de octubre y su contenido ha sido hoy desgranado por su presidente, José Rolando Álvarez, quien, en el capítulo dedicado al impulso de las infraestructuras en Castilla y León, ha advertido de que la política de "café para todos" en materia aeroportuaria es "insostenible" tras constatar que las instalaciones de Valladolid, Burgos, Salamanca y León son actualmente "deficitarias".