Las cámaras de seguridad recogieron el asalto a la finca de Esperanza Aguirre.

El asalto a la casa de Esperanza Aguirre fue recogido por las cámaras de seguridad del edificio en un delito de allanamiento de morada más que a un simple acto de gamberrismo.

En las imágenes, se puede ver cómo un joven con camisa blanca golpea con violencia la puerta del domicilio de Aguirre. Rompe la cerradura y accede al interior. En ese momento, el otro asaltante, también entra al recinto. Ya en el interior y fuera del alcance de las cámaras, ambos tratan de forzar la segunda puerta de la finca, que da acceso directo a la vivienda. Al percatarse de la presencia de los dos guardias civiles del servicio de escolta de la presidenta, los jóvenes salen corriendo del edificio mientras son perseguidos por los agentes.

Aguirre expresó ayer su sorpresa al conocer que uno de los dos asaltantes, a los que no se tomó declaración, tiene antecedentes por hurto y robo con violencia. La presidenta madrileña también reprochó al ministro Camacho que no haya contestado a la carta que ella le envió hace una semana

Hermisende deniega la instalación de cámaras y propone alternativas
La Alcaldía pide datos sobre los gastos en la extinción de incendios y presume que «hay intereses económicos».

El Pleno del Ayuntamiento de Hermisende ha denegado el permiso para la instalación de cámaras de videovigilancia en sus montes a petición de la Junta de Castilla y León. En su lugar la Corporación, presidida por José Ignacio González Nieto, presenta un plan alternativo para prevenir los incendios. Así lo adelantó ayer el alcalde del municipio. La decisión municipal se adoptó «después de realizar una consulta a los vecinos». La corporación ha pedido por escrito a la Junta que facilite el número de incendios y la superficie que se ha quemado en el término» que, en su criterio, «no es tanto y son pequeñas superficies quemadas de matorral». La corporación también ha solicitado que se determine el gasto de la Consejería en extinguir uno de los incendios. «Que nos faciliten la superficie total quemada, los datos para saber interpretarlos, porque sabremos interpretarlos» argumentó el alcalde. Los datos concretos solicitados son los del incendio declarado el 7 de agosto donde, según el alcalde, se movilizaron «dos aviones, cuatro helicópteros con 33 operarios, una carroceta, no sé cuántas cuadrillas, una góndola con un buldozer. Me gustaría conocer la valoración económica y plantear el caso contrario: en qué se puede invertir esa cantidad que se utilizó para extinguirlo». González recalcó los claros intereses económicos en torno a la extinción, «unos intereses sobre lo que es arriesgado pronunciarse, pero los hay». José Ignacio González hizo estas afirmaciones después de recalcar su indignación con las acusaciones de «incendiarios y pirómanos» vertidas por el delegado territorial de la Junta contra los vecinos del municipio.


El alcalde reiteró «el abandono de la Junta, que ha impedido las prácticas agrícolas porque los vecinos hacían pequeñas quemas de matorral en febrero y marzo, que no afectaban al subsuelo».

González fue contundente contra la Administración autonómica al decir que «no ejerce ningún control» ye hizo una petición a «que digan que control hacen sobre las 10.500 hectáreas. El alcalde de Hermisende exigió a la Junta «implicarse más». El regidor señaló que se han solicitado quemas controladas. El alcalde fue claro «que nos autoricen quemas y nos dejen ejercer un mayor control sobre el monte». El ayuntamiento se ha encontrado con que han denegado quemas controladas, limpiezas y claras en robledal, y trabajos selvícolas de desborces: «no hay dinero para desbroces, unos desbroces que llevan aparejado suelo para pastos, setas».


Insistió en que «detrás de un incendio hay muchos intereses en horas de avión, de jornales» y exigió «que no achaquen siempre a los ganaderos los incendios. Detrás de todo esto está que tienen que investigar más y reforzar la vigilancia». Para el alcalde de Hermisende se gasta un montón de dinero «cuando sería mucho más fácil contratar de guardabosques a personas que viven y conocen el territorio».


«Con muchísimo menos dinero que la inversión de las cámaras habría bastante gente trabajando por aquí. Se ocuparían de su medio y darle de comer a su familia».

La eliminación de las pilonas depende del Feder.

EL GOBIERNO local seguirá adelante con la supresión de las pilonas y las cambiará por cámaras de seguridad y lectores de matrícula para controlar el acceso al centro de Plasencia. El coste estimado de este nuevo sistema de control de Tráfico, que está gestionando el edil delegado, José María Nisa, asciende a 600.000 euros. Del total, 500.000 se cargarán a los fondos europeos de la anterior legislatura (procedentes de programa Ecociudad), por lo tanto, sería el gobierno local el que tendría que invertir los 100.000 euros restantes. Aunque el ayuntamiento todavía tiene que recibir 2,3 millones pendientes de Ecociudad, como ya señaló en su momento el concejal delegado de Fondos Europeos, Isidro Rodríguez.

Meditan poner cámaras en calles del centro para controlar la prostitución
El Ayuntamiento cree que la videovigilancia del parque del Molinete servirá para disuadir a meretrices y clientes de practicar sexo en la zona