La percepción de riesgo a ser víctima de un robo ha crecido, pero los profesionales del sector ven que la sociedad aún mantiene una relativa calma
No se vende en los estantes de los supermercados ni se anuncia en televisión y sin embargo es uno de los objetos más codiciados en estos tiempos de descalabro económico e incertidumbre generalizada: la seguridad. ¿Se puede comprar una sensación? La percepción de riesgo varía mucho de una persona a otra. Los hay que ni siquiera cierran la puerta con llave mientras otros necesitan una puerta blindada para poder dormir tranquilos. La ansiada seguridad no se puede comprar, pero sí se pueden adquirir servicios para lograrla.
El sector de la seguridad privada en Balears es grueso e incluye a un gran número de trabajadores (alrededor de 90.000) y de empresas, como Mevisa, Trablisa, Prosegur, Fichet, Eulen, Halcón Seguridad, Tomgar, G.P.S... ¿Hacen negocio en tiempos de crisis? El dinero escasea, pero ¿está la gente dispuesta a pagar con tal de evitar el miedo? Depende. Las empresas constatan que a nivel de particulares algunos servicios han caído, mientras otros se han incrementado, especialmente entre los clientes de clase media-alta que ya van a por todas con dormitorios blindados, cámaras con visión nocturna e incluso información directa al móvil de lo que pasa en el jardín de su residencia. Entre los negocios también han crecido las medidas de protección ante los pequeños hurtos (hasta las palmeras de chocolate le robaron el otro día a una panadera de Palma).
"La percepción del riesgo ha aumentado", considera Joaquín Juan, director comercial de Trablisa, "pero no hemos llegado a la paranoia", tranquiliza. Desde esta veterana empresa, que lleva más de 30 años de servicio en Balears, constatan un aumento en la demanda de todos los servicios en los últimos años.
"Hay empresas que están sufriendo robos muy importantes", razona Juan, que habla de un lógico aumento de las medidas de seguridad en los polígonos, unas zonas cargadas de valioso material que durante las vacaciones y los fines de semana quedan prácticamente desiertas: toda una tentación para los chorizos. Según sus cálculos aproximados, de las 1.600 naves que hay en el polígono de Son Castelló, apenas un centenar están sin protección, asegura.
Otro tema es el material de construcción, también un elemento muy codiciado para algunos. Con la crisis han caído las obras, pero de los pocos edificios que están en construcción, apunta, casi todos cuentan con vigilantes, algo que antes no se hacía ya que las constructoras se contentaban con tener una especie de sereno. Ahora, que se roba desde el cobre hasta el pomo de las puertas, sería impensable dejar una construcción sin vigilante.
En Mevisa, empresa de gran arriago en las islas con más de 15 años de experiencia, también han detectado que los comercios no están recortando en seguridad. Sobre todo, explican, es para protegerse de los pequeños hurtos, de los ladronzuelos que más que nada roban para comer. Serafín Rodríguez, asesor técnico de alarmas, explica que no han notado un exceso de delincuencia, sino más bien "algún que otro raterillo". Tampoco cree que en la calle haya más temor que en otras ocasiones y señala que los robos con violencia siguen siendo algo más propio de las grandes ciudades.
Mevisa se enfrenta ahora a más alarmas ´reales´ que nunca, aunque no llegan ni al 1%. Cada año atienden más de 20.000 alarmas activadas, tanto en negocios como en domicilios particulares. En 2010, apenas 52 avisos (el 0,26%) respondían a un robo auténtico tras el aviso recibido; en 2011, ha habido más de 70 alarmas reales (en torno al 0,39%). Constatan que la mayoría de casos, más del doble, llegan desde pequeños negocios como tiendas y bares, que cada vez más optan por ponerse circuitos cerrados de televisión.
A nivel de particulares la cosa varía y depende mucho de su poder adquisitivo y del tipo de vivienda en el que resida. Por ejemplo, alguien de clase media que vive en un piso normal y corriente en medio de la ciudad no suele contratar servicios de seguridad. En cambio, personas que viven en chalets o zonas aisladas, y especialmente de clase media-alta, no se la quieren jugar y han aumentado la demanda de sistemas de vigilancia en los últimos años.
"Si hace 15 años había un robo en un domicilio cada semana, ahora seguramente se produce un robo cada día", indica Joaquín Juan, de Trablisa, y por eso antes "asegurar una casa era algo raro". Su ámbito de actuación se limitaba normalmente a la administración pública, administraciones de lotería, joyerías... A día de hoy, está claro que el vecino que se pone un sistema de vigilancia en casa ya no es el extravagante de la urbanización. En los dos últimos años Trablisa ha duplicado sus actuaciones en residencias.
Últimamente, lo que más se estila es instalar un sistema exterior: "Quieren saber si alguien va a entrar antes de que llegue a la casa". Según Juan, desde hace dos años este sistema de vigilancia perimetral está imponiéndose.
Cambio de normativa
En parte, este auge se debe al cambio de normativa que se introdujo el pasado agosto, que establece que ante una alarma que suena sólo se puede avisar a las fuerzas de seguridad del Estado si hay "pruebas confirmadas" de que alguien quiere entrar en el domicilio particular. Esto es un sonido o una imagen grabada, un sensor o un vigilante que lo ha comprobado y así lo ha certificado. Es por eso, señala Juan, que muchos particulares optan por instalar sensores y un sistema de grabación que llegue al jardín de la casa, además de contratar (sólo por 8 euros más) el servicio del vigilante de zona, que se acerca en cuanto se dispara alguna alarma.
fuente:Diario de Mallorca
La Administración también recorta de los servicios de vigilancia.
Hay consellerias y departamentos que han disminuido su gasto en seguridad casi un 30%.
La seguridad no escapa a la guadaña de la Administración y en 2012 la partida para este concepto ya baja en varias consellerias y departamentos. Tampoco ayudará al sector la disminución de ferias y congresos, en los que siempre hacía falta algún vigilante.
La semana pasada este diario ya habló de una de las víctimas de este recorte: el perro Nut, un miembro de la unidad canina de vigilancia de las estaciones de tren y metro de Serveis Ferroviaris de Mallorca que ha ido al paro, junto a otros cuatro perros. También han quedado sin trabajo otros seis agentes de seguridad de Trablisa, desde donde confirman que todos los organismos públicos, desde consellerias hasta ayuntamientos, están reduciendo servicios. "Buscan la máxima eficiencia por el mínimo coste", apunta su director comercial.
Los recortes en esta línea ya empezaron con el anterior equipo del Govern. Por ejemplo, el 1 de enero de 2011 la conselleria de Educación suprimió la figura del guardia de seguridad en la mayoría de institutos de las islas. Precisamente la conselleria de Educación es una de las que más recortará en este concepto de cara al 2012, cuando destinará 389.911 euros en la vigilancia de edificios: un 29% menos que en 2010. En Presidencia el recorte es bastante menor, de apenas unos 5.000 euros, al pasar de 60.000 euros de gasto en 2010 a 55.000 en 2012. En algunos casos contados, la partida sube. Es el caso del Parlament: en 2010 se invirtió 250.000 euros para proteger el edificio mientras que el año que viene se gastarán hasta 270.000 euros.
Cabe recordar que hace unos años la seguridad de la cámara balear fue puesta en entredicho al sucederse una oleada de robos. Fue en 2005, cuando Pere Rotger ejercía de presidente del Parlament y desaparecieron varias cuadros además de objetos de los diputados, como móviles, estilográficas e incluso ordenadores personales, además de dinero. En aquel momento se tomó la decisión de instalar cámaras.
Uno de los organismos públicos que también tiene previsto ahorrar en este concepto es la Universitat, que ya ha anunciado que durante los periodos de vacaciones cerrará la mayoría de edificios del campus, para disminuir el gasto en vigilancia y consumo energético.
El sector público constituye el principal mercado de las empresas de seguridad privada. Según expuso Carlos Botán, delegado de Prosegur en Balears y organizador del V Día de la Seguridad Privada, el 76% del trabajo se centra en la administración pública frente a un 24% de acciones que se llevan a cabo en la empresa privada.
Con motivo del día de celebración del sector el pasado mes de octubre, Botán recordó que este negocio da trabajo a unas 90.000 personas y señaló que en Balears el 72% de la población asegura sentirse más seguro en los sitios en los que hay vigilancia. Según una encuesta realizada por APROSER, la asociación profesional de compañías privadas de seguridad, el 15% de los encuestados se mostró a favor de que hubiese vigilantes "en las calles en general" y a un 9,3% les gustaría que estuvieran en colegios e institutos
fuente:Diario de Mallorca
Denuncian la precariedad de instalaciones de vigilancia de la cárcel Cáceres
- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado hoy las carencias del servicio de seguridad de la cárcel de Cáceres, que presta el Núcleo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, de las que culpa tanto al director del centro como al responsable de la Comandancia.
En un comunicado, la AUGC señala que el servicio carece hasta de una simple conexión a la red interna de la Guardia Civil y que las garitas y otras dependencias del centro en las que tienen que prestar el servicio tienen en algunos casos huecos de los que en ocasiones "han salido hasta serpientes".
Según la AUGC, también se está incumpliendo la legislación referente a riesgos laborales sin motivo justificado, ya que sólo se suelen limpiar las garitas una vez por semana pese a que se presta servicio las 24 horas del día en ellas, y los habitáculos están mal acondicionados para solventar el extremo calor y frío que se sufre en ellas.
Otras deficiencias denunciadas es que el blindaje de los vidrios ha perdido su eficacia debido al paso del tiempo, incluso algunos están agrietados, y el sistema de videovigilancia es totalmente ineficaz, ya que las cámaras además de tener ángulos muertos, se ven afectadas en algunas zonas de enfoque por los destellos del sol.
Por las noches, la falta de resolución y enfoque de dichas cámaras "dejan mucho que desear", por lo que no son las más adecuadas para el tipo de misión que desempeñan.
Por ello, exige "a quién corresponda", ya sea la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o de Instituciones Penitenciarias, que subsanen de forma inmediata estas deficiencias para que los agentes que puedan desempeñar sus labores de una manera digna y sin riesgo para su vida y salud.
Denuncian al Ayuntamiento por no informar si funcionan las cámaras
Diario de Sevilla
Según ha informado en un comunicado el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos, se ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos al encontrarse sin señalizar las cámaras y no haber información sobre si funcionan y cual es el fin que tienen ahora tras la derogación del mismo.
En dicho escrito han expuesto que "una vez derogado por el Ayuntamiento el mismo en julio de 2011, se procedió a retirar las señalizaciones de la existencia de dichas cámaras de acceso al centro, permaneciendo todas las cámaras y desconociendo, ya que tampoco se ha informado oficialmente por el Ayuntamiento, si siguen funcionando, y si esto último es así la función que tienen actualmente las mismas".
También el grupo de juristas ha afirmado que "de todos estos hechos que dan lugar a infracciones leves y graves, es consciente el propio Ayuntamiento de Sevilla que incluso a través del Secretario del mismo, Luis Flores, ha realizado un informe donde se denuncian algunas de las anteriores irregularidades".
El Grupo 17 de marzo ha criticado la inacción del Gobierno Municipal y de los grupos de la oposición ya que conocen esta situación desde hace meses y no la paliado ni la han denunciado ante los organismos competentes en la materia.
Para la asociación "es inconcebible que ante la más mínima sospecha, avalada además por el Secretario del Ayuntamiento, de que se esté vulnerando el derecho a la información y a la intimidad de los ciudadanos de Sevilla el Ayuntamiento no ponga medios para evitarlo y además la oposición no lo denuncie ante la Agencia Española de Protección de Datos."
En la denuncia se ha informado a la AEPD que el Ayuntamiento puede estar incurriendo en una infracción leve y una grave y han solicitado se inicie expediente sancionador contra el mismo, y se investiguen dichos hechos.
Mossos niegan los maltratos y alegan que emplearon la fuerza por seguridad
Las dos mossos d'esquadra acusadas de golpear y humillar a una detenida esposada en la comisaría barcelonesa de Les Corts han negado hoy que la maltrataran y han alegado que sólo emplearon con ella la fuerza mínima para reducirla por motivos de seguridad, dado su estado de agresividad.
En la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra las dos agentes, para quienes la Fiscalía pide dos años de prisión por trato degradante y lesiones, en uno de los casos de supuesto abuso policial que fueron captados por las cámaras de seguridad ocultas instaladas en 2007 por el Departamento de Interior, dirigido entonces por el ecosocialista Joan Saura.
En el banquillo se sienta también la joven detenida, Elena P., que afronta una petición fiscal de un año de cárcel por un delito de atentado a los agentes, y los dos mossos que la arrestaron, para quienes la acusación particular ejercida por la chica pide tres años por haberla maltratado durante su traslado a comisaría.
Ambas partes han mantenido hoy ante el tribunal su cruce de acusaciones sobre lo sucedido el 5 de abril de 2007, cuando Elena P. fue detenida a las puertas de su casa por insultar y agredir a unos mossos d'esquadra que habían acudido avisados por unos vecinos, ante el escándalo que la joven, al parecer ebria, estaba montando cuando intentaba sin éxito entrar en su domicilio, sin tener las llaves.
Además de las declaraciones de los cinco acusados, el tribunal cuenta para enjuiciar el caso con la grabación de una cámara oculta situada en la sala de cacheos de Les Corts que muestra cómo las dos agentes desnudan a la detenida, que está esposada, y a resultas de un intercambio de gestos desafiantes una de ellas le acaba propinando lo que parece una bofetada, tras lo que las tres caen al suelo fuera del alcance del objetivo de la cámara.
Las agentes acusadas, sin embargo, han negado que golpearan a la detenida y se han escudado en que se limitaron a emplear con ella la "fuerza mínima indispensable" para reducirla en dos ocasiones durante el proceso de cacheo, por su propia seguridad y la de Elena P., dado que daba patadas, profería insultos y amenazas e incluso intentaba autolesionarse dándose cabezazos contra el suelo.
Tania R., la mosso acusada de abofetear a la detenida, ha negado que le pegara y ha explicado que se limitó a "apartarle la cara con la mano" para evitar que la escupiera, porque tenía pánico a contraer una enfermedad infecciosa dado que meses antes se había contagiado de tuberculosis en su trabajo.
La agente, que estuvo nueve meses suspendida de empleo y sueldo a raíz de estos hechos, ha añadido que la detenida intentó morderla y se negaba a colaborar con el cacheo, quitándose las joyas y los pantalones, lo que obligó a las mossos a reducirla en dos ocasiones.
Las acusadas han negado que empujaran a Elena P. contra una pared y que la derribaran, como parece desprenderse del vídeo, y han señalado que se limitaron a "acompañarla al suelo" para reducirla ante una nueva muestra de gran agresividad.
Respecto a las palmaditas en la cabeza que, según apunta el vídeo, la agente Susana C. propinó a la detenida tras esos instantes en el suelo, la acusada ha afirmado que se trataba de un gesto con el que sólo pretendía "acompañar" a Elena P. para que saliera e indicarle que el cacheo había terminado.
Tras el cacheo, las agentes han admitido que encerraron a la detenida en un calabozo, con los tobillos y las manos atadas y un casco en la cabeza para evitar que se autolesionara.
Por su parte, Elena P., que tras salir de comisaría acudió a un hospital donde se le detectaron hematomas por todo el cuerpo, ha asegurado que recibió bofetadas y patadas de las acusadas y que en dos ocasiones la arrojaron al suelo tras tirarle fuertemente de las esposas.
"Me sentí como si me hubieran violado psicológicamente", ha narrado Elena P., tras subrayar que ese episodio le acarreó múltiples trastornos psicológicos, como sensación de claustrofobia, desconfianza y manía persecutoria, y provocó que perdiera el trabajo y hasta a su pareja sentimental.
La detenida, que ha reconocido que el día de los hechos estaba ebria, sólo ha admitido que en algún momento pudo "pisar" con sus zapatos a alguna de las agentes, sin asumir las patadas que éstas le imputan, y que opuso resistencia a su arresto, aunque sólo "verbal" porque le parecía "bastante injusto y no entendía por qué lo hacían".
Durante su traslado en el coche policial, en que fue grabada con su teléfono móvil por uno de los acusados, Elena P. ha reconocido que golpeó con los pies la mampara del vehículo para llamar la atención de los mossos y forzar que le aflojaran las esposas, que según su versión le estaban lesionando las muñecas.