La Policía española investiga las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del pasillo del recinto Madrid Arena, donde se produjo la avalancha en la que murieron tres jóvenes y otras dos resultaron heridas de gravedad en una macrofiesta en la noche de Halloween.
El visionado de las grabaciones que esa noche registraron las cámaras del local se va a limitar a aquellas que apuntan al lugar exacto de la tragedia, ya que "está muy localizado" y en otras zonas ni siquiera se enteraron de lo que ocurrió, informaron a Efe fuentes policiales.
Los agentes tratan de confirmar en esas imágenes la hipótesis de que la avalancha se produjo por el lanzamiento de una bengala y petardos, lo que supuestamente causó el pánico entre las personas agolpadas en un pasillo que comunica la pista con las escaleras de acceso a un piso superior.
Desde ayer, jueves, la Policía interroga también a trabajadores del Madrid Arena y a jóvenes que estuvieron en la fiesta de Halloween para averiguar las circunstancias en que se produjeron los hechos.
Hoy continúa la polémica sobre si el recinto superó el aforo permitido o no durante la fiesta, algo que la empresa que lo alquiló, Divertt S.L, desmiente, pero que ha sido cuestionado por algunos de los asistentes.
En ese sentido se pronunció hoy también el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, quien aseguró que la clave fundamental en la investigación es averiguar si se ha superado o no el aforo.
En declaraciones a Efe, González Armengol explicó que el número de personas presentes en la fiesta por metro cuadrado se puede comprobar mediante el análisis de vídeos, fotografías y otros estudios.
Mientras continúa la investigación, dos de las tres jóvenes fallecidas en el trágico suceso serán incineradas hoy, mientras que a la tercera víctima se le practicará la autopsia durante esta jornada.
Las dos heridas continúan estables dentro de la máxima gravedad, según informaron a Efe fuentes de los centros hospitalarios de Madrid donde se encuentran ingresadas.
El Gobierno español seguirá con toda atención el desarrollo de la investigación sobre la tragedia sucedida en una macrofiesta de Halloween en Madrid, en la que murieron tres chicas, y "no le temblará el pulso" para "cambiar lo que haya que cambiar".
Así lo señaló hoy la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, al comparecer después del consejo de ministros semanal.
Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy hará "lo que tenga que hacer" cuando se conozcan las causas que provocaron la avalancha en la que fallecieron las 3 jóvenes y otros dos resultaron heridas de gravedad.
La vicepresidenta también expresó las condolencias del ejecutivo a los familiares de las víctimas, y señaló que todas aquellas personas que tienen hijos "nos ponemos en la piel" de los padres de las fallecidas.
Fuente: http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201211021356-buscan-camaras-seguridad-causas-tragedia-efe.html
Los ladrones tienen claro lo que busca, el marco de oro de las fotos de los fallecidos.En el cementerio de Burriana se han dado varias oleadas de este tipo de robos. Por eso han colocado cámaras de seguridad. Así han conseguido detener a los ladrones, desde que están las cámaras se han acabado los robos.En Outes, en La Coruña, los ladrones también se han cebado con los campos santos. Se han llevado los crucifijos. Y en Sevilla robo a lo grande, robaron una lápida de bronce de 200 kilos.
Fuente: http://www.lasprovincias.es
El nuevo contrato para la vigilancia privada de edificios y centros municipales incorporará novedades con respecto al sistema de seguridad hasta el momento. Entre otras, la ampliación del sistema de videovigilancia en el palacio municipal, que se extenderá a la primera planta. Hasta el momento, tres cámaras vigilaban los tres accesos del edificio: la puerta principal que da a la plaza, la puerta trasera por la que se accede al registro y una puerta secundaria, también hacia la calle María, habitualmente cerrada.
El pliego por el que se ha sacado a concurso el nuevo contrato incluye también el primer piso, donde tienen sus despachos la mayor parte de las concejalías, así como algunos departamentos de frecuente atención al público como el de Cultura o el de Zona Rural, entre otros.
Grabación de imágenes
Y además, se exige que la nueva empresa ponga en marcha el sistema de grabación. Actualmente, las imágenes recogidas por las cámaras ya instaladas no se registran, según ha podido saber La Voz. Y no lo hacen porque no hay nadie que se haga responsable de esos ficheros, una labor que no había sido contratada hasta el momento, pero que ahora se incorpora.
La documentación para el contrato revela que la entrada del Ayuntamiento se quedará sin vigilante privado. En la descripción de los servicios y personal necesario en cada lugar, se explicita la necesidad de un vigilante de seguridad sin arma para Reciclaterra y Mougá, otro de carácter rotatorio para la Casa Solidaria, el edificio social de la calle Sánchez Barcaiztegui y el centro cívico de Caranza; y otro más para el castillo de San Felipe. Sin embargo, no se exige para el vestíbulo del consistorio, una figura que fue implantada en el pasado mandato, coincidiendo con la instalación de un arco de seguridad, cuyo futuro se desconoce.
Para el palacio municipal se requieren un coordinador y tres auxiliares de servicios para atención al ciudadano y asistencia telefónica.
420.000 euros
El presupuesto anual
Los pliegos aprobados establecen un contrato por dos años, prorrogables por otros dos, que asciende a un total de 840.000 euros.
Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/
La seguridad se ha convertido en el último motivo de disputa entre las dos capitales canarias, enfrascadas desde hace tres semanas en un debate pleitista acerca de los supuestos tratos de favor y marginaciones que sufren. La autorización de la colocación de videocámaras en ambas capitales ha generado la nueva polémica, en la que la delegada del Gobierno en Canarias ha tenido que salir al paso de las acusaciones de favoritismo hacia Las Palmas de Gran Canaria lanzadas por el alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
La queja del regidor santacrucero parte de la negativa de este organismo estatal a activar cámaras de seguridad en lugares como el parque García Sanabria. Por el contrario, en la capital grancanaria acaba de autorizarse la instalación de estos dispositivos en las zonas de Triana y Santa Catalina. El miércoles, un día después de la puesta en funcionamiento de dos nuevas cámaras de videovigilancia en Las Palmas de Gran Canaria, el alcalde tinerfeño, José Manuel Bermúdez, aseguró que "espera y desea que a Santa Cruz se la trate igual que a Las Palmas" en relación con la activación de estos dispositivos en el parque García Sanabria.
La administración chicharrera aguarda desde hace más de cinco años el visto bueno por parte de la Comisión de Videovigilancia de Canarias para encender los 24 aparatos colocados en el mayor espacio verde del casco capitalino con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. El alcalde santacrucero afirmó, además, que a la capital grancanaria le han concedido no solo las videocámaras que pidieron, sino más, algo que tachó de "sorprendente".
Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, fue contundente ayer para desmentir las afirmaciones de Bermúdez, ya que alegó que para la colocación de videocámaras de vigilancia es necesario contar con un informe favorable de la Comisión de Vigilancia de Canarias. También señaló que las videocámaras no se autorizan de manera arbitraria, sino conforme a la ley.
Hernández Bento recordó a Bermúdez, en un comunicado hecho público ayer, que la citada comisión está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyos miembros y no la Delegación del Gobierno, son los encargados de dictaminar la autorización de la colocación de estos dispositivos de vigilancia. En ese sentido, Hernández Bento puntualizó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la instalación de ocho cámaras, pero la Comisión solo les autorizó cuatro.
Hasta la fecha, la Comisión ha rechazado las peticiones por parte del Consistorio santacrucero y de la gestora de usuarios del parque García Sanabria. Según la Comisión, el índice de delitos que se producen en el interior de este espacio verde no justifica la activación de las cámaras de videovigilancia. Sin embargo, las cámaras recién estrenadas en la capital grancanaria se hallan en zonas "muy seguras", según afirmó el lunes Claudio Rivero, director de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas. Esta situación es la que no entienden en Santa Cruz, que creen que las que ellos solicitan son muy necesarias.
Fuente: http://www.laprovincia.es
La seguridad se ha convertido en el último motivo de disputa entre las dos capitales canarias, enfrascadas desde hace tres semanas en un debate pleitista acerca de los supuestos tratos de favor y marginaciones que sufren.
Si el primero en quejarse fue el alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona (PP), ahora le toca el turno a Santa Cruz, cuyos responsables municipales, de CC y el PSC, se sienten discriminados por la Delegación del Gobierno. La queja parte de la negativa de este organismo estatal a activar cámaras de seguridad en lugares como el Parque García Sanabria. Por el contrario, en la capital grancanaria acaba de autorizarse la grabación de estos dispositivos en las zonas de Triana y Santa Catalina.
Si Cardona denuncia que el Gobierno de Canarias discrimina a Las Palmas, Santa Cruz considera que es el Gobierno de la Nación el que margina los intereses de la capital chicharrera.
Ayer, solo un día después de la puesta en funcionamiento de nuevas dos cámaras de videovigilancia en Las Palmas, el alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguró que "espera y desea que a Santa Cruz se le trate igual que a Las Palmas" en relación a la activación de estos dispositivos en el Parque García Sanabria.
La administración chicharrera aguarda desde hace más de cinco años el visto bueno por parte de la comisión de videovigilancia de Canarias para encender los 24 aparatos colocados en el mayor espacio verde del casco capitalino con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.
"Hemos pedido y volveremos a pedir la autorización para poner en marcha estas cámaras", informó el regidor, quien además subrayó la importancia de estos instrumentos como medida disuasoria y para evitar fenómenos como el botellón y los actos de vandalismo en el interior del recinto.
Derecho a la intimidad
Hasta la fecha, la comisión de videovigilancia ha rechazado de manera sistemática todas y cada una de las peticiones por parte del Consistorio santacrucero y de la Gestora de usuarios del Parque García Sanabria. En su opinión, el índice de delitos que se producen en el interior de este espacio verde no justifica la activación de las cámaras de videovigilancia. En virtud de estos datos, la comisión ha optado por hacer prevalecer el derecho de intimidad de los usuarios del recinto sobre la seguridad de los mismos.
Esta postura, no obstante, evidencia la diferente barra de medir que emplea hasta el momento la comisión de videovigilancia de Canarias ala hora de autorizar o denegar la instalación y puesta en marcha de estas herramientas.
Y es que las cámaras recién estrenadas en la capital grancanaria se encuentran en zonas "muy seguras", según afirmó el pasado lunes Claudio Rivero, el director de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas. En su opinión, los nuevos aparatos de videovigilancia están más dedicados a garantizar el descanso de los vecinos ante posibles escándalos que a detectar posibles delitos en sus aledaños.
Según José Manuel Bermúdez, es "sorprendente" el criterio empleado para autorizar la instalación y posterior puesta en funcionamiento de estas cámaras. "Es sorprendente que a Las Palmas les concedieran no solo las que pidieron, sino más", apuntó. El alcalde también cuestionó la colocación de dichos instrumentos en unas zonas con un nivel "muy bajo de delincuencia" mientras a Santa Cruz se le niega la activación de sus cámaras.
Las palabras de Bermúdez van en las misma línea que las de la responsable de Seguridad Ciudadana de la administración chicharrera, Carmen Delia González. El pasado mes de marzo, y después de conocerse la autorización de la Comisión al Ayuntamiento de Las Palmas para instalar estas nuevas cámaras de videovigilancia, la edil ya hizo hincapié en el diferente criterio empleado para aprobar o denegar estos instrumentos.
Según afirmó, "no sería lógico" que la Comisión volviese a rechazar la solicitud por parte del Ayuntamiento santacrucero para poner en funcionamiento las cámaras existentes en el García Sanabria. Carmen Delia González emitió entonces un mensaje de confianza hacia los integrantes de la Comisión de cara a una nueva petición por parte del Ejecutivo local.
"Confiamos en que los nuevos responsables policiales y políticos entiendan la demanda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero sobre todo, de los vecinos de esta ciudad, que llevan esperando varios años a que se proceda a la puesta en macha de este sistema", comentó la responsable de Seguridad Ciudadana y Movilidad.
La intención del Gobierno local no es solo que el organismo dependiente de la Delegación del Gobierno dé su visto bueno al uso de las cámaras del Parque García Sanabria, sino también incluir en la petición un nuevo sistema de videovigilancia en el Parque de La Granja y la reactivación de otras tres cámaras presentes en otros puntos del municipio como la Calle Castillo, la Avenida de los Príncipes y el barrio de Añaza.
Estos últimos instrumentos de vigilancia permanecen fuera de servicio desde la primavera del pasado 2011, cuando caducó el permiso expedido durante el año 2006 por la comisión de seguridad de Canarias.
Fuente: http://www.laopinion.es