El jefe de equipo de Seguriber, Raúl Monteverde, ha culpado a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) de ordenar la apertura del portón de emergencias del Madrid Arena por el que hubo una entrada masiva de personas y de hacer más livianos los controles de acceso al recinto el 1 de noviembre. 

Monteverde ha prestado declaración como imputado durante más de cuatro horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes en una avalancha humana en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre. A petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares, el juez le ha impuesto al jefe de equipo de Seguriber la obligación de comparecer en el Juzgado los días 8 y 22 de cada mes. 

Monteverde ha indicado que el jefe de Operaciones y Proyectos de Madridec, Francisco del Amo, a quien ha identificado como Bravo Eco Uno, dio la orden a través de la emisora de abrir el portón de emergencias del Madrid Arena para que entrara la gente al pabellón, según los abogados de las víctimas. El jefe de equipo de Seguriber ha precisado que Francisco del Amo o Bravo Eco Uno dijo por la emisora a una vigilante llamada Soledad, situada en la puerta F-3, que levantara la requisa y que la hiciera "más liviana". 

Ha explicado que los trabajadores de Seguriber no cacheaban, sino que palpaban a los asistentes a la fiesta y que hacían controles aleatorios, sin precisar si se hacían cada cien o cada mil. Monteverde ha detallado que, por contrato, había 38 personas de Seguriber, que se encargaban de la seguridad exterior del pabellón, al tiempo que ha reconocido que la dotación de personal tanto de Seguriber como de la Policía municipal era inferior a la que se había dispuesto en otros eventos. 

Además, ha destacado que la Policía Municipal no hizo caso al botellón y que Seguriber no tenía competencia dentro ni fuera del aparcamiento. Ha recalcado que Seguriber estaba a las órdenes de Madridec, concretamente del coordinador de Operaciones y Proyectos, Francisco del Amo, y del ex director de Seguridad Rafael Pastor. 

Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas de la tragedia, ha calificado de "lamentable" la declaración judicial del jefe de equipo de Seguriber, que se ha desdicho de su testimonio ante la Policía, en el que reconoció que hubo una avalancha. 

Monteverde ha dicho que no vio las avalanchas porque la pantalla de las cámaras de seguridad era pequeña y se dividía en dieciséis trocitos, lo que, en opinión del abogado de la acusación particular, es "absolutamente impresentable". 

Núñez ha estimado que el jefe de equipo de Seguriber "faltó a la verdad" en su declaración policial porque afirmó que ayudó a trasladar a la enfermería a dos de las víctimas entre las 04:00 y las 04:50 de la madrugada, cuando todas las niñas ya estaban en la enfermería a las 04:05 cuando llegó el Samur. Por su parte, Alfonso Coronel de Palma, el abogado de Monteverde, ha manifestado que su cliente ha acreditado en sede judicial el cumplimiento íntegro de sus obligaciones y las de Seguriber en la seguridad exterior del Madrid Arena, y ha agregado que la empresa no tiene competencia alguna en el interior del pabellón. 

Coronel de Palma ha apuntado que su cliente tiene la conciencia tranquila porque "hizo lo que tenía que hacer", después de ofrecer su colaboración para esclarecer los hechos en sede judicial por respeto a las víctimas, a los familiares y a la justicia.

Fuente: diariodejerez

La deficiente seguridad de la sede de Aduanas en Huelva fue un acicate para que los ladrones robaran una tonelada de hachís a las autoridades. La banda sabía que el riesgo era relativo porque no había vigilante al que enfrentarse, solo cámaras de seguridad. Esta carencia clave en el operativo fue resaltada ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz: “No es razonable que el edificio que albergaba la droga estuviera sin vigilancia y no tuviera las suficientes medidas de seguridad”, censuró sobre el inmueble de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero el ministro olvidó un detalle importante: hace solo tres meses se sustrajo 290 kilos de cocaína del depósito de Cádiz, edificio sin vigilante y con una alarmante falta de seguridad, y que depende de Interior.

El sindicato policial SUP denunció que un palo de fregona evitaba que se abriera la ventana por la que accedieron los ladrones al depósito de Cádiz.

El Gobierno central avanzó ayer que las medidas de seguridad serán reforzadas, pero no aclaró si desde ahora habrá personal de vigilancia o la inversión será un mero parche. El enfado expresado por los mandos policiales tras el robo es comprensible, pero es similar al mostrado por anteriores robos en sus propias dependencias. La falta de inversión en seguridad afecta por igual a Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y policía.

Mientras sonaban las doce campanadas, unos 10 ladrones dieron un golpe, de momento, redondo. Las cámaras registraron su entrada a las 23.59, momento en que en las casas y oficinas todos estaban pendientes del televisor. En solo cuatro minutos sortearon la verja para acceder al patio de la sede de Aduanas, entraron por otra puerta al garaje del edificio, y a continuación franquearon la cámara acorazada revestida de hormigón donde se acumulaban varios miles de kilos de hachís. Cada miembro de la banda cargó tres fardos hasta los dos vehículos todoterrenos y el remolque. En total, 31 fardos. Cuando salieron, el reloj marcaba las 00.03.

Las alarmas habían saltado, pero tanto la policía como los agentes de seguridad de la empresa Prosegur, acudieron cuando ya se había marchado la banda. Las dos puertas de entrada externas no presentan “signos externos” de haber sido forzadas, según fuentes de la Agencia Tributaria. Cuando una vecina vio el robo desde una ventana, uno de los ladrones le espetó: “Señora, métase para adentro”. Y esta obedeció pero alertó a la policía, aunque sin éxito.

Los investigadores barajan la hipótesis de que la banda sea la misma a la que la policía incautó uno de los dos alijos a los que pertenecía la droga robada. A la investigación no le consta que los ladrones fueran armados. “Es bastante frecuente que los traficantes a los que se incauta droga intenten después recuperarla (...) Tener almacenados miles de kilos de droga era una tentación para todo el mundo, especialmente para los narcotraficantes”, matizó el ministro, informó Efe.

Al menos uno de los dos todoterrenos utilizados por la banda fue robado días antes en Sevilla. Un particular había denunciado la sustracción de su vehículo días antes, pero aún se desconoce la procedencia del segundo vehículo utilizado por la banda.

A la espera de la construcción de una incineradora en Cádiz, un protocolo invita a los jueces a acelerar la autorización para destruir la droga incautada en solo dos meses, pero la última palabra siempre depende de ellos. Parte de la droga robada estaba a la espera de su destrucción y otra contaba ya con autorización judicial desde el pasado diciembre. Solo días antes se había producido el último traslado de droga desde Andalucía hasta el horno crematorio de Asturias.

Las quejas de los sindicatos policiales se multiplicaron ayer. “Es indignante y una vergüenza”, censuró Juan Carlos Contreras, del sindicato CEP, que culpó del robo a la “excesiva burocracia” y a la tardanza de los juzgados en ordenar la destrucción de los alijos. Manuel Expósito, secretario general del SUP en Andalucía, pidió “medidas urgentes personales, materiales y técnicas” para evitar que los robos se repitan. “Es una irresponsabilidad”, añadió.

Desde la Agencia Tributaria resaltaron que las alertas funcionaron y que los agentes de seguridad del edificio trabajan con “horario comercial”.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/02/andalucia/1357144427_297360.html