Los castellonenses no sólo tienen problemas para pagar la hipoteca, también se les hace cuesta arriba asumir el alquiler. Así lo demuestran los datos proporcionados por el Fichero de Inquilinos Morosos -entidad dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos-, que reflejan que el aumento de la morosidad en la provincia durante el año pasado respecto a 2009 se cifra en un 18,37%.

Unos números preocupantes si se engloban en el contexto nacional. Así, Castellón es la octava provincia española en la que más crecen los impagos y supera la media española, establecida en un porcentaje de subida del 16,81%. Los números tampoco son nada buenos en la Comunitat Valenciana, que es la tercera autonomía donde más se incrementan los impagos, sólo por detrás de Andalucia y Madrid.

En territorio castellonense, la morosidad media alcanza los 5.323 euros, bastante por debajo de la media nacional (7.771 euros) y muy lejos de otras comunidades como Madrid, donde la deuda es de 16.266 euros. La explicación se encuentra en el precio del alquiler, bastante más bajo en Castellón que en otros territorios del país.

Y la tendencia apunta a que la política de arrendamientos asequibles va a ir acentuándose cada vez más en la provincia. Así lo manifiesta Francisco Nomdedéu, presidente de la Agencia de la Propiedad Inmobiliaria (API), que asegura que «ha aumentado mucho la oferta de arrendamiento de pisos, por lo que es lógico que los precios caigan».

La crisis económica, como no podía ser de otra manera, es el factor principal que explica este fenómeno. «Hay mucha gente que está alquilando su segunda vivienda porque pasa por dificultades para pagar la hipoteca. Las inmobiliarias también se están decantando cada vez más por los arrendamientos, ya que construyen pisos que en principio están destinados a la venta y, como no consiguen compradores, optan por el alquiler. Además, los arrendadores son muy conscientes de la situación actual, por lo que ajustan los precios», explica.

En cuanto al aumento de impagos, Nomdedéu lo achaca a la carencia de empleo existente en la provincia. Y es que el máximo representante de API declara que los inmigrantes y las personas que venían de fuera de Castellón en busca de trabajo ocupaban el perfil de arrendatario más común, «y ahora muchas de esas personas se encuentran desempleadas, por lo que no pueden afrontar los pagos».

Al igual que ocurre en el mercado de venta de pisos, el mercado del alquiler viene de unos años de bonanza que ahora se ha tornado en crisis. «En esta provincia se alquiló mucho más que en otras zonas de España porque absorbimos a muchos inmigrantes. Eso provoca que la caída sea ahora más acusada», dice Francisco Nomdedéu.

Trámites legales

Ante el aumento de la morosidad y las dificultades legales que plantea el deshaucio del inquilino, el presidente de API en Castellón recomienda a los propietarios que en la firma del contrato establezcan con el arrendatario una clausula que establezca que, en caso de impago, se acuda a una corte de arbitraje.

Según Nomdedéu, después de «haberlo intentado solucionar por la vía del diálogo», después de dos meses de falta de pagos el arrendador debe acudir a este órgano, «que puede resolver la contienda en un plazo de dos o tres meses, mientras que si se acude a un juzgado la demora es mucho más grande».

Esta solución, además de suponer unos plazos más cortos de tiempo, es «mucho más económica para el propietario que si acude a los cauces legales habituales». Las decisiones de esta entidad tienen valor de ley y además supone «aligerar la carga de trabajo de los juzgados».

FUENTE: www.lasprovincias.es