Cientos de cámaras vigilan a diario lo que pasa en distintos puntos de la ciudad y lo hacen tratando de compaginar la grabación con el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos. Una frontera perfectamente definida en la norma, sobre el papel, pero más difusa en la práctica. Sobretodo cuando se trata de mirar en espacios públicos.
Aún así, los trámites no son iguales en todos los supuestos. Depende de quien las controle. En el caso de las instaladas por el Ayuntamiento, el cometido recae en la Policía Local, lo que obliga a cumplir con una serie de trámites y notificaciones perfectamente definidos en la Ley Orgánica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de agosto de 1997 y en el posterior Real Decreto que apareció el 19 de abril de 1999.
El interés del Consistorio mirandés por tener sus propias grabaciones llegó casi una década después, en 2008; pero hoy por hoy, aún sigue siendo la suya la única autorización concedida en la provincia por la comisión regional de videovigilancia, dependiente de la Delegación del Gobierno, que es quien debe emitir informes favorables.
En el caso de la ciudad lo hizo y tras superar todos los trámites, el boletín provincial del 9 de febrero de 2009 recogía el acuerdo pleno por el que se acordaba la creación de nuevos ficheros con imágenes procedentes de cámaras fijas de videovigilancia en el exterior e interior de edificios e instalaciones municipales.
La filmación se plantea entonces para el Ayuntamiento, el depósito de vehículos, el parking de Aquende, la sede de la Policía Local, la Casa de Cultura, el polideportivo y la Escuela Taller. Pero deja abierta la posibilidad para todas aquellos elementos que a futuro formen parte del patrimonio municipal.
Seguridad y protección
Pero la autorización no concede patente de corso para filmar lo que ocurra a pie de calle. La ley deja claro que las videocámaras deberán orientarse para que «su objeto de vigilancia principal sea el entorno privado y la captación de imágenes de la vía pública sea la mínima imprescindible». Evidentemente, resultará inevitable, por ejemplo, si alguien pasa junto a la fachada del Consistorio o va a retirar una bici del anclaje situado junto al SAC.
La instalación, así lo justificó en su momento el Ayuntamiento, tiene como fin único y exclusivo «garantizar la seguridad y protección interior y exterior de las dependencias locales, así como la prevención de un peligro real para la seguridad pública, la investigación de posibles hechos delictivos e infracciones penales cometidas».
La descripción es similar a la incorporada en la ficha de registro del archivo de videovigilancia en la Agencia Española de Protección de Datos, un trámite obligatorio tanto para firmas de titularidad pública como privada. Siempre que exista grabación debe comunicarse.
Y, de momento, eso es lo que han hecho un buen número de organismos y empresas locales. La agencia tiene contabilizados 45 ficheros de videovigilancia, 2 pertenecientes a entidades públicas -uno del Ayuntamiento y otro del Hospital Santiago Apóstol- y 43 creados por empresas privadas.
Aquí el abanico es muy amplio, los archivos se corresponden con grabaciones realizadas en industrias del polígono, estaciones de servicio, hoteles, máquinas expendedoras de calle, establecimientos comerciales o centros educativos.
En total, los ficheros con base en Miranda suponen casi el 7,5% de los generados en la provincia. A finales de 2010, la AEPD tenía registrados 604. De ellos, 593 de titularidad privada, de los que el 7% se crearon en la ciudad, y 11 de entidades públicas.
Sólo León y Valladolid superan ese cómputo global, en una región que suma hasta 3.871 archivos, 68 públicos y 3.871 privados. Si ampliamos el foco a nivel estatal, en España están contabilizados por la agencia un total de 70.223. El crecimiento de la última década ha sido exponencial. En el año 2000 registraba tan solo 15.
Lo que es imposible conocer con seguridad es el número de cámara que hay distribuidas y es que tal y como señalaron desde la AEPD ellos sólo contabilizan ficheros y cada uno puede estar vinculado a una cámara o a miles.
Al margen de esto, Miranda cuenta con muchos más sistemas de grabación operativos aunque no aparezcan asignados a la ciudad en la base de datos de la agencia. Por ejemplo, las más de 60 entidades de ahorro que hay tienen cámara, pero su sede no está en la localidad y su registro tampoco.
FUENTE: www.elcorreo.com