El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha asegurado que en el actual debate europeo sobre la adaptación de la directiva sobre protección de datos de 1995 «la ley española es la referencia en la que se está fijando Europa» para actualizar su normativa y adaptarla a la nueva realidad que nada tiene que ver con la que imperaba cuando se aprobó en los años 90.

Coincidiendo con el Día Europeo de la Protección de Datos, Rallo ha manifestado, en declaraciones a ABC, que pese a las críticas que se lanzan, especialmente por algún sector empresarial, contra la ley española, a la que se considera -según él, con acierto- la más garantista y efectista, ésta se ha convertido en el ejemplo a seguir en el seno de la Unión Europea, donde desde hace meses se lleva trabajando en la actualización de la directiva con el fin de hacer frente a dos nuevos fenómenos: la globalización y las nuevas tecnologías, más en concreto el mundo de internet.

Empresas no europeas

La comunicación emitida por la UE en noviembre pasado no sólo incide en esa necesidad de actualizar la legislación, sino que, como subraya Rallo, todas las recomendaciones que se recogen en ella están inspiradas en el enfoque garantista y sancionador contemplado en la legislación española, que además ha servido de modelo a otros países como Reino Unido o Francia. «Estos dos países han decidido incluir en sus leyes un régimen de sanciones similar al que rige en España y están satisfechos con ello», ha resaltado el director de la Agencia, quien, no obstante, ha admitido que «otra cosa es -como reprochan algunas empresas españolas- que la cuantía de esas multas sea discutible, pero no en sí el que existan».

Otro de los retos es resolver el problema que se genera cuando se tiene que aplicar la normativa europea a empresas procedentes de países fuera de las fronteras europeas. Sobre este particular, según explica Rallo, la Unión Europea tiene claro que éstas se tendrán que someter también a la normativa por «estar captando datos a través de medios europeos». Así, a aquellos servicios alojados en servidores fuera de Europa se les aplicará la legislación europea y además se les exigirá que concreten e informen de las garantías que ofrecen a los ciudadanos europeos y de la protección de derechos fundamentales como el derecho al olvido y el derecho a la información.

«Falaz y manipula la realidad»

Preguntado por el proceso judidical que enfrenta a la Agencia de Protección de Datos y Google (esta semana se celebró una vista en la Audiencia Nacional), Artemi Rallo insiste en que desde la institución que dirige se ha solicitado al buscador en repetidas ocasiones que tomara acciones para eliminar datos que afectan a personas, pero siempre «ha argumentado que no se le puede aplicar la ley española por no operar su buscador en España y que quien debe retirar esa información son las páginas webs de origen».

Considera que la razón que ha dado Google de que eliminar esos datos es un acto de censura porque va contra la libertad de expresión «es falaz y manipula la realidad porque de todos los casos que ha recurrido Google son marginales los que se tratan o tienen que ver con medios de comunicación; la mayor parte se refieren a datos incluidos en documentos oficiales o boletines de instituciones».

FUENTE: www.abc.es