Ramón Robles, abogado especialista en protección de datos, asegura que la actuación de Jaime Reinares al difundir en rueda de prensa a diversos medios hasta 54 correos electrónicos privados con sus respectivas cuentas de correo personales, obtenidos además ilícitamente como el propio remitente anónimo hacía saber en su filtración dirigida al Ayuntamiento, tiene más que ver con delitos penales que con la estricta protección de datos.
Efectivamente, el artículo 197 habla en concreto de los correos electrónicos, y fija «penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses» para el que «para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación».
Penas mayores, «de prisión de dos a cinco años», son las que establece en el apartado cuatro del mismo artículo para el supuesto de «si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores».
Difundir, revelar y ceder es, aparentemente, lo que hizo Jaime Reinares, que, además, no acudió antes a la Policía a denunciar el hecho ilícito del que tenía constancia (el robo del correo electrónico) ni tomó las cautelas de proteger datos personales como son las direcciones de correo privadas de algunos de los participantes en la relación epistolar difundida.
El hecho de que la secretaria de la Sindicatura Rosa Zapico utilizara su cuenta de Gmail en vez de la oficial de la Sindicatura de Cuentas -una cuestión que desde su entorno se ha explicado por las incompatibilidades que tenía en su portátil con la dirección oficial del órgano- corre en contra de Jaime Reinares, puesto que este correo, al ser de carácter personal y al haber sido también difundido, «vulnera también la normativa de protección de datos, pues se están comunicando datos de carácter personal», explica Ramón Robles.
«Para la Agencia de Protección de Datos española, no así en otros países, estas direcciones son un dato de carácter personal, más cuando no es una dirección institucional». En todo caso, no consta, por ahora, que Rosa Zapico haya formulado denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.
Es importante destacar, según este experto, que un periodista podría haber hecho lo que hizo Reinares pues le protegería la función que desempeña y podría alegar interés público.
Queda la pregunta de quién y cómo se vulneró la intimidad de Rosa Zapico accediendo a su cuenta de correo personal, cuestión que en estos momentos está siendo investigada la brigada de delitos informáticos de la Policía Nacional, un caso que instruye el Juzgado número 1 de Oviedo. Al margen de la desconocida autoría de los supuestos delitos, Robles confirma que «estos programas son muy fáciles de reventar». Con un virus tipo troyano «no es difícil acceder a una cuenta de Gmail o similar»,
En la investigación ahora abierta, opina Robles, se podrá comprobar en la secuencia de correos enviados, accediendo al código fuente de los mismos, la dirección IP, y si el ladrón no tomó ningún tipo de precaución podría aparecer la autoría. Otra cosa distinta es si fue cuidadoso, copió los correos que quería reenviar a un CD y luego los envió, por ejemplo, desde un cibercafé utilizando una red wifi gratuita. El ladrón tenía que saber, de todas formas, que la secretaria tenía una cuenta de Gmail y cuál era su dirección.
Ramón Robles aprovecha la ocasión para destacar que no deja de ser curioso el empleo por parte de un alto cargo de una cuenta de Gmail en su trabajo profesional, porque «más allá de quién es la persona que no se quiere pagar un dominio, hay que saber que la seguridad no es la misma» que en los correos habilitados y gestionados por empresas e instituciones.
«La seguridad no es la misma en una cuenta gratuita» Ramón Robles
Abogado especialista en protección de datos
FUENTE: www.lne.es