La Síndicatura de Greuges de Barcelona ha alertado de presuntos empadronamientos falsos en el proceso de matriculación escolar para el curso 2011-2012 y ha pedido que se requieran más documentos para acreditar el domicilio del menor en este proceso.
En un comunicado de prensa, la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertado de la existencia de casos de presunta falsedad documental, como empadronamientos irregulares, tras recibir quejas de padres de alumnos que no han conseguido plaza en el centro que querían y que sospechan que hay familias que las han conseguido porque han facilitado direcciones que no se corresponden con su vivienda habitual.
La admisión de un alumno en un centro público o concertado se rige por unos baremos de puntuación a partir de criterios objetivos.
La proximidad de la escuela al domicilio familiar o en el ámbito de influencia del centro de trabajo de uno de los padres es el criterio que otorga más puntos por conseguir plaza en una escuela, aun cuando se valoran otras cuestiones, como la presencia de hermanos en el centro.
La Sindicatura ha indicado que ha recibido en los últimos días quejas de padres de niños que han quedado excluidos de la lista de admitidos en una escuela pública de Sants-Montjuïc y en otra concertada del Eixample a pesar de tener los 30 puntos máximos de proximidad que se otorgan si el alumno vive en el radio de influencia del centro.
Los padres de los niños excluidos sospechan que algunas familias han facilitado direcciones que no se corresponden con su domicilio habitual para inscribir a sus hijos y piden que se compruebe dónde están empadronados los niños inscritos y con quién conviven.
Según un dictamen emitido el año 2010 por la Agencia de Protección de Datos, los nombres, apellidos y las direcciones no son datos que se puedan considerar íntimos en un procedimiento selectivo como es la preinscripción escolar y se considera que los padres de los alumnos son parte interesada y deben poder tener acceso a los datos.
El año 2008, la Sindicatura ya supervisó algún caso por supuestas falsedades en la acreditación del domicilio por parte de familias con el objetivo de conseguir la máxima puntuación que se otorga por entrar en una escuela.
En aquella ocasión, la Sindicatura puso en evidencia que el proceso de comprobación de los datos resulta demasiado largo y no permite, en el supuesto de que se confirme la falsedad, que se pueda anular la matrícula como prevé la normativa.
Maria Assumpció Vilà cree que se debería poder incorporar en el texto normativo la posibilidad de pedir más pruebas por acreditar el domicilio del menor en los casos dudosos.
Además, a raíz de las quejas recibidas, la Síndica ha pedido al Consorcio de Educación de Barcelona información sobre estos casos y las intervenciones que se harán a raíz de las denuncias hechas. EFE.
FUENTE: www.abc.es