La Asociación de Abogados de Euskal Herria Eskubideak ha pedido hoy a la Agencia de Protección de Datos que investigue la existencia de "listas ideológicas, clandestinas e ilegales" sobre el entorno de la izquierda abertzale, utilizadas, según ha dicho, para ilegalizar partidos políticos.
Así lo han expuesto, en una rueda de prensa celebrada hoy en Bilbao, los portavoces de estos letrados, Julen Arzuaga e Íñigo Santxo, que han anunciado la interposición de denuncias para aclarar este punto ante las agencias de protección de datos vasca, estatal y europea y ante los defensores del pueblo de Euskadi, Navarra y la UE.
Santxo ha afirmado que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) "tienen bases con miles de nombres para detectar candidatos contaminados" en las candidaturas de la izquierda abertzale de cara a las elecciones del 22 de mayo.
Según ha dicho, esas "bases ideológicas" se elaboran en base a datos recogidos "cuando se visita a un preso, cuando se participa en 'ongietorris' (recibimientos a ex reclusos de ETA), cuando uno se cartea con un preso o cuando se participa como interventor en unas elecciones".
Arzuaga ha señalado que, a tenor de los informes utilizados para las ilegalizaciones, también hay datos sobre si existe parentesco con presos etarras, sobre si se ha firmado manifiestos políticos y sobre si hay antecedentes policiales y judiciales, aunque luego el caso haya sido sobreseído o el acusado declarado inocente.
Precisamente por ello, han remitido a las Juntas Electorales de las tres provincias vascas y de Navarra un escrito reclamando que no "comunique o facilite ningún dato" de personas que hayan "tenido alguna participación en anteriores procesos electorales".
Arzuaga ha sostenido que "la ley impide que los datos recogidos con un objeto sean luego usados para fines distintos como la ilegalización de partidos o la conculcación del derecho al sufragio pasivo (presentarse como candidato)".
Por todo ello, los abogados han pedido amparo a los defensores del pueblo vasco, navarro y europeo y han solicitado a la Agencia de Protección de Datos que investigue qué tipo de archivos utilizan las FSE para elaborar sus informes, qué infracciones han podido cometerse y, en caso afirmativo, que aplique medidas correctoras, sanciones e indemnizaciones.
Los letrados vascos han precisado que en el plazo de un mes la Agencia de Protección de Datos tiene la obligación de hacerles llegar una respuesta sobre su petición. EFE.
FUENTE: www.abc.es