Si ya debería resultarnos inaceptable que cualquier político pueda acceder a datos tan privados de un ciudadano como son los fiscales, el hecho de que una banda terrorista disponga de ellos supone un escándalo mayúsculo. La presencia de Bildu en las instituciones era un asunto central para la ETA, no sólo por el sustento económico que le proporcionaba –alrededor de diez millones de euros–, sino también por esa fuente de información que son los censos municipales y por la plataforma de propaganda que supone hacer apología permanente de la ETA desde los plenos municipales. De ahí que fuera una necesidad de primer orden impedir que la banda concurriera a los comicios y de ahí que, para salvar el proceso de negociación, Rubalcaba tuviera que enmendarles la plana –a través de sus títeres en el Constitucional– a los magistrados del Supremo. Y por si fueran pocas todas estas facilidades institucionales a la labor terrorista de la ETA, ahora descubrimos que merced a un convenio suscrito el pasado 26 de mayo –cuatro días después de las elecciones municipales– entre la Agencia Tributaria y la Diputación Foral de Guipúzcoa, Bildu podrá acceder sin cortapisa alguna a la información fiscal de todos los españoles. Si ya debería resultarnos inaceptable que cualquier político pueda acceder a datos tan privados de un ciudadano como son los fiscales, el hecho de que una banda terrorista disponga de ellos supone un escándalo mayúsculo. Pensemos en la muy sensible información que año a año estamos obligados a trasladarle a la Agencia Tributaria: relaciones de bienes, actividades, fuentes de renta, propiedades... La ETA dispondrá de todos estos vitales datos –con los que perfeccionar la planificación de sus atentados o de su actividad de extorsión– simplemente solicitándoselos a un organismo estatal. Así las cosas, mientras la Ley Orgánica de Protección de Datos oprime a los ciudadanos honrados para que implanten carísimos sistemas que garanticen la privacidad de sus clientes, luego la administración la vulnera de la manera más obscena en favor de los batasunos. Por un lado, exceso de celo contra quienes no tienen por qué hacer mal uso de una información que los ciudadanos les han entregado voluntariamente; por otro, exceso de negligencia a favor de aquellos que sabemos con certeza que van a hacer el peor uso posible de una información que los ciudadanos jamás les habrían transmitido en caso de haberlo podido elegir.   FUENTE: www.libertaddigital.com