Sólo se multaba a quienes sobrepasaban los 75 minutos y dejó de funcionar en marzo
Juan Ignacio Zoido derogó el Plan Centro apoyándose en un informe de Enrique Gutiérrez, jefe de sección del Centro de Control de Tráfico de Sevilla, que desvelaba numerosas irregularidades en el funcionamiento de las cámaras y del software que lo regulaba. Ayer, el Gobierno municipal popular dio a conocer la existencia de otros dos informes elaborados por funcionarios de la Delegación de Movilidad sobre la aplicación del Plan Centro, informes que confirmarían muchas de las irregularidades recogidas en el primer informe.
Los dos nuevos informes —que Zoido no hará públicos hasta no tener el consentimiento de los funcionarios que los firman— pondrían de manifiesto que la falta de personal obligó a limitar las multas a los conductores que permanecían en el casco histórico entre 75 y 200 minutos y no 45 minutos, como anunciaron PSOE e IU. Asimismo, ratificarían que desde el mes de marzo de 2011 no se tramitan las sanciones, entre otros motivos por la falta de personal que había en dicha sección. «Una falta de personal conocida por los superiores y encargados de la delegación de Movilidad», al frente de la cual estaba el socialista Fran Fernández. Uno de los dos nuevos informes señalaría también que durante la instauración del Plan Centro hubo fallos en el sistema, cuestionándose incluso la protección de los datos de los conductores sancionados.
Comisión de investigación
Para el Gobierno municipal, que calificó de «fraude de Ley» el Plan Centro, estos nuevos informes reafirman la necesidad de crear una comisión de investigación para aclarar plazos, fechas y todo el proceso de funcionamiento del mismo. En cuanto a la protección de datos, se han detectado discrepancias entre los tres informes. Mientras que el primero de los informes, firmado por el jefe de la sección del Centro de Control de Tráfico señalaba que las cámaras usadas no estaban certificadas por la Agencia de Protección de Datos, los nuevos informes afirmarían que sí estaban inscritas en el Registro General de Protección de Datos.
En cuanto a la fiabilidad de las imágenes de las cámaras, el primer informe apuntaba que la fiabilidad a la hora de la lectura de la matriculas estaba por debajo de lo ofertado por la empresa Sice y de lo recogido en el pliego de condiciones del contrato. Se alcanzó el 86,5% de fiabilidad máxima, cuando la oferta de la empresa Sice era del 97%. Sin embargo, los dos números informes técnicos reconocen que hubo errores y que hubo momentos en los que la fiabilidad fue inferior a la recogida en el pliego de contratación, pero esos errores fueron subsanándose, si bien no concretan el porcentaje concreto de fiabilidad de estas cámaras y sistema, indicaron fuentes del Gobierno popular.
Por otra parte, el Gobierno que preside Juan Ignacio Zoido anunció ayer que «cumpliendo con el compromiso de actuar siempre con luz y taquígrafos, en los próximos días se pondrá a disposición del grupo de la oposición que lo ha solicitado el expediente sobre este asunto, además de estos dos nuevos informes».
Pese a que estos dos últimos documentos no están incluidos en dicho expediente, el Gobierno municipal considera que es una información de interés que debe conocer la oposición. «En aras de la transparencia y máxima claridad —señalan las mismas fuentes— es necesario que la información y el diálogo pueda fluir, por lo que estos expedientes, informes y cualquier otro documento que se considere de interés quedarán abiertos para el grupo municipal que quiera conocerlo».
Devolución de multas
Debido a las numerosas irregularidades detectadas en la aplicación del Plan Centro, el Ayuntamiento de Sevilla baraja devolver las multas impuestas a raíz de de puesta en marca, lo que supondrían unas 7.285 sanciones de 70 euros cada una, es decir, medio millón de euros.
Un plan de ida y vuelta