Solo el 2% de los delitos contra la ley del territorio acaba en derribo.

Solo el 2% de las infracciones contra la ley del territorio acaba en derribo. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) de Canarias ejecutó, durante el pasado año, 19 expedientes de demolición, de un total de 847 delitos registrados, en los primeros 11 meses del año, contra las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales del Archipiélago.

A pesar de las dos amnistías para viviendas ilegales que se han aprobado ya en el Parlamento, la primera en 1997 y la última en 2006, el número de infracciones sigue siendo importante, aunque reduciéndose año tras año, sobre todo en las relativas a las constructivas.

Según los datos de la Apmun, de enero a noviembre de 2011 se abrieron 543 expedientes de este tipo, es decir, infracciones en viviendas, cuartos de aperos o almacenes agrícolas, entre otros. Una cifra alta pero alejada de las 1.017 que se registraron, por ejemplo, en 2008.

En cuanto a los infracciones no constructivas, es decir, las referidas a levantamiento de antenas, caminos, extracción de áridos o construcción de terrazas, entre otros, durante el pasado año se abrieron 304 expedientes. Un ligero descenso frente a los 391 del año anterior.

De este total de 847 delitos, solo 19 acabaron en Canarias con sanciones y restablecimiento de la realidad alterada, es decir, en demolición, según datos publicados por la Cámara autonómica.

De estas 19 actuaciones, 13 tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y seis en la de Las Palmas.

Durante los últimos cinco años el número de este tipo de sanciones se ha ido reduciendo, excepto en 2008. Así, durante 2007 se ejecutaron 35 derribos en la Comunidad Autónoma: en 2008, un total de 57; en 2009, 30; en 2010, 29; y durante el último ejercicio, 19.

Desde 2007 y hasta 2011, en la provincia tinerfeña se han registrado 78 demoliciones, frente a las 93 de las Palmas.

La cuestión de las viviendas ilegales siempre ha sido un gran problema en Canarias.

En 1997 se aprobó un decreto por el que se reguló un censo de edificaciones no amparadas por licencias, a la vez que establecía los supuestos de suspensión de la ejecución de órdenes de demolición. Pero, en contra de lo pretendido, no logró terminar con el descontrol urbanístico en las Islas, calculándose en aquel momento la existencia de 30.000 viviendas en toda la Comunidad Autónoma en situación de ilegalidad.

En base a esta realidad, el Parlamento aprobó en 2006 una modificación de las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales de Canarias, promovido por el Cabildo de El Hierro. Con esta ley se pretendía buscar soluciones, en los casos que fuera posible, a las viviendas ya finalizadas cuya construcción se hubiera iniciado sin licencia con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de directrices de ordenación general y del turismo de 2003.

Esta segunda amnistía permitía suspender las órdenes de demolición de viviendas que pudieran ser asumidas por el planeamiento, así como de aquellas que fueran el domicilio habitual y de no más de 150 metros cuadrados. Otro requisito era que ningún miembro de la familia hubiese solicitado una vivienda de protección oficial y que los ingresos fuesen iguales o inferiores 5,5 veces el salario mínimo

FUENTE:Diario de Avisos