No cumple las medidas cautelares contra el «decretazo» y permite que vean información sensible
La Junta da acceso a los «enchufados» a programas reservados a funcionarios
Pese a que el TSJA ha suspendido de manera cautelar la integración del personal de las empresas públicas en las nuevas agencias administrativas, la Junta de Andalucía prosigue «de facto» con ese proceso, cumpliendo «a su manera» la decisión de los tribunales. Las plataformas de funcionarios y sindicatos que los representan han denunciado en varias ocasiones que nada ha cambiado tras los pronunciamientos del Alto Tribunal Andaluz. El personal que el TSJA ha dicho que no se puede integrar sigue ejerciendo las mismas funciones que antes de los autos y según ha podido conocer LA RAZÓN, el Servicio Andaluz de Empleo ha diseñado un proceso para facilitar claves de acceso al programa Hermes a los trabajadores que venían de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de los consorcios Utedlt.
¿Qué supone tener acceso al programa Hermes? Es el principal software informático para gestionar políticas activas de empleo. Es la base de datos que contiene la información de los desempleados andaluces. No se limita a poner los datos más elementales como el nombre, apellidos, dirección o teléfono. Incluye también el perfil profesional, como los trabajos realizados o si ha cobrado prestaciones por desempleo. E incluso datos sensibles de carácter personal, como si el ciudadano tiene antecedentes penales, prestaciones de excarcelación o ha vulnerado la ley de violencia de género, por ejemplo. Fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que a este sistema sólo deberían tener acceso los funcionarios, únicos que por ley pueden ejercer potestades públicas. Lo contrario, vulnera además la Ley de Protección de Datos.
El «atajo» que ha tomado la Administración andaluza para que las personas que no han accedido a esos puestos por oposición, sino por la arbitraria voluntad de los dirigentes políticos que regían Faffe, tengan acceso a esta base de datos es que éstos últimos rellenen una simple hoja de excel con sus datos y la envíen a un jefe de servicio. El acceso habilitado es doble: la habitual, a través de la página de incidencias, y una segunda con el eufemismo «personas que no ha trabajado en el SAE».
En teoría, por esta sentencia de paralización están afectados sólo en Faffe algo más de 1.500 personas. La consejera responsable, Carmen Martínez Aguayo, ha argumentado en varias ocasiones que el Ejecutivo se acoge al procedimiento de sucesión de empresas previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y es el que ha utilizado para la integración del personal perteneciente a las extintas empresas públicas. Como Faffe y las Utedlt han sido absorbidas por la nueva Agencia de Empleo, todos los trabajadores –personal que entró a trabajar «a dedo», sin concurso público– tienen que pasar al nuevo ente creado, mantienen desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Los funcionarios afectados no están de acuerdo y ya han anunciado que a través del bufete de abogados que les asesora –Mariano Aguayo–interpondrán acciones para el cumplimiento de las medidas cautelares.
Las Agencias afectadas por estas medidas dictadas por los tribunales, son, además de la de Empleo, la Medio Ambiente y Agua (Amaya); la de Instituciones Culturales; la de Dependencia y Servicios Sociales; la de Obra Pública; la Agencia del Conocimiento y, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).
FUENTE:La Razón