Los juzgados acumulan más de 200 pleitos entre Junta y funcionariosEl Safja acusa al Gobierno regional de no «acatar las sentencias» y de alentar la batalla judicial

«Es imprescindible una Administración eficiente, servida por funcionarios competentes cuya carrera profesional esté firmemente asegurada por una normativa básica que me comprometo a actualizar», dijo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su discurso de investidura en abril de 2009. El tiempo ha pasado y la legislatura que se agota lo hace con multitud de frentes abiertos entre el Gobierno andaluz y los funcionarios, que se han convertido en un tábano molesto para el Ejecutivo.

Los tribunales han dado buena muestra de la tensa relación. Existen unos 25 procedimientos abiertos en torno a la polémica reordenación del sector público andaluz impulsada por la Junta, entre los que destacan los recursos presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra todos los estatutos de las agencias y los protocolos de integración del personal de las mismas; o contra las modificaciones de Relaciones de Puestos Trabajo (RPT) publicadas hasta el momento.

De hecho, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) presentó un recurso Contencioso-Administrativo contra la RPT de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATA) y el TSJA falló a favor de su petición anulando los estatutos de esta agencia, en un fallo pionero.

El sindicato ha registrado también más de una treintena de recursos ante el Alto Tribunal andaluz contra puestos de libre designación, los mediáticos «a dedo». Pleitos ganados en primera instancia, en su mayoría, y recurridos por el Gobierno regional.

En relación al personal externo, Safja ha interpuesto más de 50 recursos ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa y más de 30 denuncias penales en los juzgados de Instrucción.  La causa: «Negarnos información sobre los listados de externos que trabajan en la Administración General de la Junta y las funciones que éstos realizan», explican fuentes de la organización sindical. A ello hay que añadir múltiples denuncias contra organismos concretos como la Agencia de Protección de Datos por el uso de claves por parte del personal externo.

Las encomiendas de gestión y las subvenciones concedidas a empresas y agencias públicas también han sido objeto de polémica en este sector, como muestran los 30 recursos contencioso-administrativo abiertos. Punto en el que las mismas fuentes recuerdan que, «pese a que muchas de esas encomiendas tienen una cuantía indeterminada, las que establecen una cifra sobre el gasto que supondrán suman unos 40 millones de euros».

Otro de los grandes puntos de conflicto ha sido el Concurso de Méritos de 2011 iniciado por la Administración autonómica. Éste ha dado lugar a recursos judiciales contra todas las bases de convocatoria en las Resoluciones del 2 de marzo de 2011, en el ámbito de todas las consejerías. Medidas que se interpusieron «por ser nula la base octava, 1.2, relativa a la valoración del trabajo desarrollado en puestos con carácter provisional», explican desde Safja. Y precisan: «Tenemos numerosas sentencias estimatorias en las que se rechaza que se puedan computar como antigüedad en un concurso de méritos los servicios prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario», exponen.

En los juzgados ha acabado además la «ilegal» rebaremación del Concurso de Méritos  2011 por considerarla los funcionarios «totalmente contraria al Decreto 2/2002 y a numerosas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».

Al margen del concurso, computan más de 20 recursos sin resolver ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo referentes a restricciones horarias.

En definitiva, fuentes del sindicato de funcionarios calculan que los procesos abiertos contra el Ejecutivo autonómico «sobrepasan los 200». En ese sentido, dirigentes de la organización quieren dejar constancia de que su primer paso, en caso de conflicto, «siempre ha sido la vía administrativa» y lamentan que la respuesta de la Administración «no haya llegado prácticamente nunca».

Actitud que, según las mismas fuentes, ha «obligado» al Safja a recurrir a los tribunales para que «fueran éstos los que dijesen la última palabra». Sus fallos han «reflejado lo que  establece la ley, quitando en la mayoría de los casos la razón al Gobierno andaluz», mantienen. Si bien, «la Junta no acata las sentencias y ha convertido en su ‘modus operandi’ los recursos contra los fallos», critican desde un sindicato, dispuesto a «terminar con esta batalla judicial». Entre otras razones, por motivos de «ahorro»: evitar que «haya que sufragar más costas con el dinero de los andaluces».


Conflictos en otras sedes
1. QuerellasA los recursos contra la Junta por parte de Safja hay que añadir las querellas. La última fue presentada contra la directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta por «ignorar la ley de prevención de riesgos en el trabajo».
2. Defensor del PuebloHasta la institución del Defensor del Pueblo también han llegado numerosas quejas y escritos de alegaciones de los funcionarios sobre la gestión del sector  público andaluz.

FUENTE:La Razón