Castilla-La Mancha suscribe un convenio que podría ser ilegal para fomentar la protección de datos
La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) y la consultora Conversia Consulting Group han suscrito un convenio que podría ser ilegal, en el que se acuerda facilitar que los entes públicos y las empresas de la región puedan implantar la Ley de Protección de Datos. El problema es que abre la puerta a que las empresas reciban subvenciones de la Fundación Tripartita, dedicada exclusivamente a financiar proyectos de formación. Por eso, muchos juristas ponen en duda su legalidad.
El pasado lunes 11 de junio Castilla-La Mancha anunció un plan para implantar la Ley Orgánica de Protección de Datos en corporaciones locales y empresas de la región.
La estrategia, que estaba llamada a dotar de transparencia y garantizar el control de los datos personales que manejan los entes locales, apenas ha tardado una semana en desatar la polémica.
¿La razón? La Federación aseguró durante la presentación que el proyecto “pone a disposición de todos sus asociados un servicio que podrá ser incluso gratuito para la totalidad de las corporaciones locales de la región, e incluso empresas, al ser dicha actuación subvencionable a través de la Fundación Tripartita” según se expuso en la nota de prensa.
Pero, según numerosos juristas, esa supuesta ayuda no es competencia de la Fundación Tripartita, que sólo puede subvencionar acciones de formación de los trabajadores y no labores de consultoría, como implantar la Ley de Protección de Datos. De ahí que, para muchos, este plan podría camuflar un fraude: otorgar subvenciones encubiertas a empresas.
Según David González Calleja, de NTAbogados, “se está diciendo claramente que los créditos formativos para los trabajadores se utilizarán para la adecuación a la normativa sobre protección de datos. Esto contrasta con lo que ha advertido en dos ocasiones la Fundación Tripartita (en 2010 y 2012), asegurando que el crédito está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores, con lo que utilizarlo para otras cosas puede llegar a ser constitutivo de fraude".
La FEMP-CLM, en un intento de atajar la polémica, ha colgado el convenio en su página web, pero su decisión, al final, ha desatado una oleada de críticas en el sector de la privacidad.
Tras la publicación del convenio, la Asociación Profesional Española de Profesionales de Privacidad ha manifestado su malestar, afirmando que es entendible el rechazo cuando el convenio recoge términos como “implantación gratuita de la Ley”, o pretende convertir a las Administraciones en prescriptores de una empresa concreta con el fin de obtener sus servicios gratuitos.
Sin querer valorar jurídicamente los hechos, desde la APEP ruegan que “se verifique si existe algún problema de legalidad en el citado convenio. En caso positivo, los españoles que contribuyen con sus impuestos a la financiación de la formación laboral en España merecen alguna actuación y alguna explicación”.
La Fundación Tripartita, en el foco de la polémica, ha salido al paso en una nota de prensa, en la que recuerda que no subvencionará a administraciones públicas, y sólo subvencionará a empresas que realicen cursos de formación, no de consultoría en materia de protección de datos.
Además, ha recordado que "las empresas que se bonifiquen por la contratación de servicios de consultoría (LOPD) deberán devolver los importes correspondientes y atenerse a las actuaciones pertinentes del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ya han dado lugar a la imposición de sanciones" en el pasado.
Mientras, desde el despacho de abogados especialistas en protección de Datos www.salirdeinternet.com afirman que “a pesar de que las declaraciones de la Fundación Tripartita son importantes, la inacción general respecto a este tema es alarmante”. Además, puntualizan que “la Fundación Tripartita tiene constancia del convenio no sólo porque se ha hecho público, sino porque este despacho se lo ha notificado en tres ocasiones”.
En referencia al convenio, esta plataforma declara que es “incalificable” que éste recoja como ventaja que se suscribirá un seguro de responsabilidad civil para cubrir las posibles multas de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando se sabe que la AEPD no pone sanciones a las Administraciones.
FUENTE:Lainformacion.com