La Agencia de Protección de Datos sanciona a una academia de oposiciones
La Policía Local halló en un vertedero de Tremañes documentación confidencial de los alumnos del centro formativo, que pagará una multa de 4.000 euros
La Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar con 4.000 euros de multa a los responsables de una academia de preparación de oposiciones de Gijón, a los que la citada agencia considera autores de una «infracción grave».
El proceso sancionador cuya conclusión se acaba de hacer pública dio sus primeros pasos en febrero de 2010. Por aquel entonces la Policía Local de Gijón localizó en un vertedero ilegal, en el barrio de Tremañes, documentación confidencial de opositores que cursaban sus estudios en la academia sancionada.
Los responsables del centro de formación aseguraron en su defensa durante el proceso sancionador que habían contactado con una empresa de transportes encargada de llevar la documentación a un punto limpio de la empresa municipal Emulsa.
A pesar de todo, los responsables de la Agencia de Protección de Datos mantienen que «el responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal», recoge la sanción.
Un extremo que no se cumplió en este caso, ya que los documentos deberían haberse destruido. Por ese motivo, según la Agencia de Protección de Datos, «no exonera de la responsabilidad de la denunciada la existencia de un recibo firmado por un tercero, en todo caso la documentación que debía recoger el transportista debía estar ya triturada», concluye el informe elaborado por la Agencia de Protección de Datos.
El deber de confidencialidad obliga, según los responsables de la sanción, «no sólo al responsable del fichero, sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento».
No obstante, y tras haber tenido en cuenta el «carácter excepcional» de lo sucedido que los sancionadores aprecian en la localización de los ficheros arrojados al vertedero ilegal, la Agencia de Protección de Datos considera que estos hechos conllevan una multa de 4.000 euros a pesar de que se trata de una infracción tipificada como «grave».
Este caso recuerda al vivido por un médico gijonés al que la Agencia Española de Protección de Datos sancionó en su día por arrojar a la vía pública, concretamente en la calle Libertad, envases de biopsias en los que se recogían datos personales de los clientes del facultativo.
FUENTE:La Nueva España