Agencias de Protección de Datos analizarán coordinadamente sentencia Facebook.
Las autoridades europeas de Protección de Datos analizarán coordinadamente las implicaciones de la sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la UE contra Facebook, que cuestiona que las empresas puedan seguir enviando libremente datos personales de sus usuarios desde Europa a EEUU.
Las agencias de los respectivos países europeos "han planificado actuaciones" para coordinarse en ese sentido y en las acciones nacionales que deban llevarse a cabo, garantizando "una aplicación consistente" de la sentencia en todos los países de la UE, ha informado hoy la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en una nota.
Este martes la máxima instancia judicial comunitaria ha invalidado la decisión de la Comisión Europea que consideraba a Estados Unidos garante de un nivel de protección adecuado de los datos personales mediante el llamado acuerdo de "puerto seguro",
La AEPD recuerda que las autoridades europeas de Protección de Datos ya detectaron "deficiencias" en dicho acuerdo, conocido como "puerto seguro" para el intercambio de datos personales de Europa a Estados Unidos, y así "las plasmaron en varias cartas y dictámenes".
Para la Agencia Española de Protección de Datos, la sentencia, "cuyas implicaciones marcan un punto de inflexión sobre la forma en la que se realizan las transferencias internacionales de datos a EEUU, reafirma la importancia de la intimidad y la protección de datos", unos derechos "fundamentales que deben gozar de las mayores garantías posibles".
Recuerda que la sentencia establece que las autoridades independientes de Protección de Datos son "elemento clave para salvaguardar el elevado nivel de protección de esos derechos, no sólo en el tratamiento que se realiza dentro de la UE sino también en los movimientos internacionales de datos".
La AEPD añade que el Tribunal afirma en su sentencia que, para que se considere que un país otorga un nivel adecuado de protección, su ordenamiento jurídico deberá establecer un nivel de garantías "esencialmente equivalente" al establecido en la UE, ya que sólo así se garantizan suficientemente los derechos fundamentales.