Este tipo de empresas utilizan amenazas, coacciones y otros métodos que vulneran el derecho al honor y a la intimidad.
Viernes, 10 de junio. En el domicilio particular de Santiago se recibe una llamada no identificada, un teléfono oculto. Responde su hija, de 20 años. Preguntan por su tía, dicen que son “de los juzgados de la Plaza de Castilla, (Madrid), y que tienen que hablar urgentemente de una demanda con ella”. La chica contesta amablemente que no puede atender su petición porque “su tía no vive ahí”. Rápidamente cuelgan sin despedirse.
En otro lugar, a escasos metros de donde vive la hermana de Santiago, en un bar reciben una llamada de teléfono.
Preguntan por ella. Da la casualidad de que el dueño del bar la conoce. Le dicen que necesitan hablar con ella sobre una deuda que tiene con el banco. Lógicamente, el dueño del bar remite a su interlocutor al número de teléfono particular que tengan en su poder, y que él no puede hacer nada. “¿Ni siquiera puede ir a darla aviso?”, pregunta el operador. Con la negativa por respuesta, éste cuelga el teléfono sin despedirse.
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La alarmante inseguridad informática en los juzgados lucenses obligó a los responsables de algunos de ellos a adoptar severas medidas para proteger documentación totalmente reservada. No tienen garantías de que la misma pueda ser arrebatada por piratas o desaparezca inexplicablemente como ya sucedió en un par de ocasiones.
Los tres juzgados de instrucción que funcionan en la capital tienen actualmente abiertos procesos de gran trascendencia que implican a multitud de personas y sobre todo a instituciones y a muchos de sus responsables. Los casos de mayor trascendencia social están en el número 1 y también en el 3. En ambos se prepara la instrucción de operaciones como la Carioca y Campeón. Los documentos de éstas y otras investigaciones que van a parar al sistema informático de que dispone la Xunta para el trabajo diario de los juzgados no están seguros. Tanto es así que algunos jueces han optado, en ocasiones, por mantener fuera del sistema informes o declaraciones consideradas como muy calientes o trascendentales para el proceso.
La decisión adoptada por los jueces se debe a los casos de piratería, o incidencias informáticas, como la Xunta denomina lo ocurrido, después de lo acontecido en los últimos meses. El último capítulo en esta materia es la desaparición de un archivo completo de la Carioca de la fiscalía.
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Fuentes de la fiscalía destacaron que nada más tener constancia de la extraña desaparición de la documentación pusieron el hecho en conocimiento del departamento de modernización de la Xunta de Galicia para que se abriera la correspondiente investigación interna. Al parecer, varios técnicos se desplazaron a las dependencias del ministerio público de la Audiencia Provincial de Lugo para tratar de averiguar qué es lo que había sucedido. No consiguieron en ningún momento recuperar la información ni saber a dónde fue a parar, según indicaron diversas fuentes.
No hay constancia de que lo ocurrido hubiese motivado la apertura de diligencias previas. A finales de 2009 cuando pasó algo similar, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, su titular, Pilar de Lara, envió escritos de denuncia a diversas entidades, entre ellas a la Agencia Española de Protección de Datos.
Por aquel entonces, la Xunta calificó lo ocurrido como incidencia informática «que bloqueou o acceso á información por parte dos usuarios». Destacó que el fallo no provocó la pérdida de ningún dato o documento «nin se produciu o acceso de ningún pirata informático». Posteriormente, Protección de Datos, puso al descubierto las precariedades de la seguridad informática.
Aprovechando que el presunto ataque informático trascendió, la Xunta aprovechó para destacar que el actual gobierno puso en marcha en el año 2009 un plan de medidas urgentes para reforzar y mejorar las plataformas tecnológicas en el ámbito judicial con una inversión de 5 millones de euros en la mejora de servicios.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
Real Decreto 1193/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento de aplicación de la escala conjunta de deducciones a la facturación mensual de cada oficina de farmacia (BOE de 26 de agosto de 2011). Texto completo.
El Real Decreto 1193/2011 tiene por objeto establecer el procedimiento para la aplicación de la escala conjunta de deducciones sobre la factura mensual de cada oficina de farmacia, recogida en el artículo 2.5 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.
El Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano puede consultarse en el Libro Séptimo del Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
Si lo ocurrido recientemente en la fiscalía lucense llega a la Agencia de Protección de Datos es casi seguro que sus técnicos emitan un informe demoledor sobre la situación. «Es otro bocado apetecible para ellos», explicó ayer un letrado que recordó el extenso documento emitido tras las primeras incidencias informáticas.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es