Los robos en establecimientos comerciales aragoneses se han convertido durante la crisis económica en un quebradero de cabeza para sus propietarios. Pese a que los delitos en este sentido han descendido levemente ene l primer trimestre del año, los daños y pérdidas todavía son notables en un sector castigado ya de por sí por la caída del consumo.
Un buen termómetro para comprobarlo es la memoria anual del Seguro en España, elaborada por Unespa y presentada esta semana, según la cual los comercios de la Comunidad emiten más de cien partes al mes a sus aseguradoras por robos y destrozos en sus locales.
Si bien es cierto que la mayoría de los 11.800 sucesos reclamados el año pasado en Aragón tienen que ver con rotura de cristales, incendios y daños por agua, los robos representan un porcentaje muy importante de las indemnizaciones. En todo el país se tramitaron más de 45.000 partes por esta causa, con un valor estimado de 80,4 millones de euros.
Los bares españoles, con un robo cada cinco minutos, son los mayores perjudicados, seguidos de las tiendas de alimentación (diez minutos), los restaurantes (13 minutos) y las oficinas y despachos (uno cada cuarto de hora).
Fruto de esta presión delictiva, los propietarios han intensificado los mecanismos de vigilancia y control en sus establecimientos. Solo en Aragón, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene registrados 5.314 circuitos de videovigilancia privados, a los que hay que sumar los 177 que existen en la actualidad de titularidad pública. Son prácticamente el doble que en 2012, cuando en total había 2.859 registros, lo que refleja el interés por este tipo de medidas de protección.
Además, hay que tener en cuenta que cada registro hace referencia a una instalación, que puede constar de una sola cámara, o de cien. Según los datos de la AEPD, en toda España hay 50.368 registros en comercios, la actividad que más cámaras utiliza, seguida de la hostelería con 25.061 y de las comunidades de vecinos con 16.283. En todos los casos se ha duplicado la cifra en los últimos tres años.
En Aragón hay en vigor 34.000 pólizas de seguros relativas a comercios, que sufrieron 11.800 siniestros de algún tipo.
También en los vehículos
Otro de los objetivos que los ladrones ponen en su punto de mira son los automóviles. Según los datos del Ministerio del Interior, Aragón sufre cada año en torno a medio millar de sustracciones de vehículos, la mayoría en la provincia de Zaragoza.
Sin embargo, los partes por robos que reciben las aseguradoras son mucho mayores. En concreto, el año pasado se registraron 3.467 debido a las sustracciones en el interior de los coches (maletas, equipos de sonido, GPS...) y de las motos (cascos).
Sirva como ejemplo la última detención realizada por la Policía Nacional, el pasado mes de mayo, en la capital aragonesa. Un hombre de 36 años fue acusado de perpetrar al menos cinco robos en vehículos del barrio de Las Fuentes.
Fuente: heraldo
Las denuncias interpuestas por ciudadanos de Castilla y León ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) se han multiplicado por ocho en cinco años al pasar de las 46 registradas en 2008 a 395 en 2013. Irregularidades detectadas contra la actuación de una administración, una empresa u organismo privado por conductas como el uso o la cesión de datos a terceros sin consentimiento del afectado, la suplantación de la identidad, la inclusión en un fichero de morosos, la publicación de fotos de menores sin el consentimiento de los padres o la grabación de imágenes con cámaras que atentan contra la intimidad de las personas, entre otras.
El aumento de las denuncias, que ha sido progresivo y no ha parado de crecer, revela la preocupación de los ciudadanos por conseguir que quienes tratan de forma ilegítima su información personal dejen de hacerlo. Frente a las 46 denuncias procedentes de Castilla y León que fueron presentadas ante la Aepd en 2008 se pasó a las 220 registradas en 2009 y 2010. Una cifra que subió hasta las 253 en 2011 y se disparó en 2012 con 404 denuncias. El último dato oficial publicado por la agencia es el correspondiente a 2013, con 395.
El ciudadano que considere que dispone de pruebas o indicios para acreditar que un hecho pueda suponer el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que pueda constituir una infracción administrativa, está legitimado para presentar una denuncia poniendo en conocimiento de la Aepd la existencia de ese caso.
A lo largo de 2013, hubo 938 imputados en procedimientos sancionadores y de apercibimiento resueltos, de los que 17 correspondieron a Castilla y León, un número similar al de 2012 (18). Pese al incremento del número de denuncias en la Comunidad, la cifra de posibles irregularidades en Castilla y León sólo supone el 5% del conjunto de denuncias registradas por la Agencia de Protección de Datos a nivel nacional que en 2013 ascendieron a 7.800.
Provincias
Una de cada cuatro correspondió a la provincia de Valladolid (102 frente a las 15 que hubo en 2008), seguido de León (84 por 16 en 2008), Salamanca (49) y Burgos (47). Con cifras más modestas se situaron las provincias de Ávila (30), Palencia (28), Segovia (26), Zamora (20) y Soria (9 frente a la una de 2008).
En cuanto a la potestad sancionadora de la Agencia de Protección de Datos, en 2013 se dictaron un total de 874 resoluciones de infracción (entre sanción económica y apercibimiento) en todo el país, casi todas de responsables privados y un parte importante correspondió al sector de las telecomunicaciones, seguido de las entidades financieras, Internet y la videovigilancia. Hablamos de sanciones por la vía administrativa puesto que esta entidad no abre asuntos en el ámbito judicial. Otra cosa es si el ciudadano, de forma paralela, opta por acudir a los tribunales.
Las sanciones por videovigilancia están relacionadas con el gran número de dispositivos instalados en los últimos años. No en vano, la instalación de cámaras en Castilla y León era algo residual en 2009 cuando no llegaban al millar de ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Desde entonces, se ha multiplicado por diez hasta los 11.662. Hace tres años, era la mitad. Un número que no coincide con las cámaras puesto que cada fichero representa la existencia de al menos un dispositivo de grabación. En solo tres años, casi se ha doblado el número puesto que en 2012 había 6.125 en la Comunidad.
El crecimiento exponencial ha tenido lugar en el ámbito privado como medida disuasoria para reducir la delincuencia y los robos puesto que las cámaras de titularidad pública sólo suponen 237. En la actualidad, Valladolid y León son las provincias que cuentan con más ficheros de videovigilancia activos con 2.807 y 2.278, respectivamente. Por detrás, aparecen Burgos (1.630) y Salamanca (1.362). A continuación, están provincias como Segovia (959), Palencia (816), Zamora (767), Ávila (622) y Soria (421).
Cámaras en comercios
Por sectores de actividad, casi uno de cada cuatro sistemas de cámaras está situado en el comercio, seguido de los establecimientos de turismo y hostelería (12%) y comunidades de propietarios (8%). La Agencia de Protección de Datos no facilita datos regionalizados ni provincializados en este apartado.
El abogado en Derecho de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y protección de datos, Javier Álvarez, asegura que las denuncias relacionadas con las cámaras de videovigilancia han bajado después de un «boom» de hace años. No en vano, recuerda el «incumplimiento continuo» que había a la hora de instalar cámaras. «Hubo casos de un propietario de un garaje comunitario que decidía colocar una cámara porque le habían rallado el coche, sin solicitar ningún permiso», afirma. A juicio del socio director de AC-Abogados, despacho con sede en Valladolid, las empresas y entidades han tomado conciencia de los riesgos que supone incumplir la ley y ya hay menos denuncias.
Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos explican que las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de lugares públicos. «Podrían tomarse grabaciones parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de su ubicación», apuntan.
Además, debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos.
Fuente: diariodeleon
El euribor acumula once meses de descensos que le han conducido hasta sus actuales mínimos históricos. Las rebajas en las hipotecas superan los 210 euros anuales.
El euribor a 12 meses, el indicador al que se referencian más del 80% de las hipotecas en España, continúa dando alegrías a las familias hipotecadas. Este indicador se dispone a cerrar hoy el mes de marzo en el 0,21%, el nivel más bajo de su historia, después de que en febrero bajara al 0,255%.
Durante las últimas jornadas el euribor ha repetido en torno al 0,201% e incluso el viernes llegó a bajar al 0,199%, rompiendo su suelo del 0,2%. Estas cifras han dejado una media en marzo que ronda el 0,215%, lo que supone un descenso superior al 50% respecto al 0,577% en el que cerró marzo de 2014.
Además, se sitúan a años luz del 5,393% que este indicador hipotecario llegó a tocar en julio de 2008, su máximo histórico. Desde entonces, el euribor siguió una trayectoria a la baja que se paró en 2010, y que retomó a mediados de 2011.
Por tanto, a la hora de echar cuentas, las familias que tengan que revisar su hipoteca con el dato de marzo, verán nuevas rebajas. Para un préstamo medio de unos 105.000 euros (según el último dato del INE) a un plazo de 25 años y con un diferencial de 0,50%, quienes revisen su hipoteca con el dato de marzo pagarán 14,4 euros menos que en el mismo mes del año anterior.
Así, en el conjunto del ejercicio, las familias españolas hipotecadas que no tengan una de las cláusulas suelo, verán reducido su gasto en este concepto en casi 210 euros de media respecto al año pasado.
¿Por qué baja?
Históricamente los movimientos del euribor a 12 meses han caminado de la mano de los tipos de interés de la zona euro, que desde septiembre se sitúan en el mínimo histórico del 0,05%.
De manera que entre los motivos que están llevando al índice a mantenerse en mínimos históricos se encuentran la "vorágine deflacionaria en precios" y la devaluación del euro, según Jaime Díez, analista de XTB. En este sentido, el experto señala que la reciente implantación del programa de compra de deuda soberana puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) "no ha hecho más que intensificar la tendencia bajista y ayudar a perforar los mínimos previos".
Díez indica que, de momento, no se avista una recuperación importante en la economía, por lo que entiende que la presión alcista tardará en llegar al euribor. Asimismo, explica a Europa Press que "tan solo una fuerte subida de la inflación, provocada, quizá, por un importante repunte en el precio del crudo, podría frenar la escalada de compra de bonos y de manera indirecta la caída del principal tipo de referencia hipotecario".
"Si bien la mejora es limitada al compararla con el año anterior, la consecución de años de bajada en el euribor ha aliviado a muchas familias hipotecadas permitiéndoles un respiro en medio de tantas noticias económicas negativas", según Díez.
Otros expertos atribuyen estas bajadas desproporcionadas del euribor a la escasa actividad en el mercado interbancario.
Fin de año
Además, de cara a finales de año, los expertos estiman que continuarán las caídas y confían en que el indicador hipotecario pueda recalar en torno al 0,15%. En cualquier caso, no descartan un estancamiento o una subida en los últimos meses del ejercicio. Y advierten que el alcance real de las caídas será muy reducido para un hipotecario menor, ya que las cesiones son cada vez menos relevantes en el aspecto nominal".
Fuente: expansion
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso durante todo 2014 unas 550 multas a las principales compañías de telecomunicaciones por un valor conjunto de 10,3 millones de euros, según los datos extraídos por Vozpópuli del listado de “Resoluciones de Procedimientos Sancionadores de 2014” publicado en la web del organismo.
La compañía que más infracciones cometió fue Vodafone, que recibió 148 multas cuyo monto total ascendió a 4,65 millones de euros. La Agencia ha castigado al operador británico con sanciones medias que van de los 25.000 a los 50.000 euros por cada denuncia con resultado de infracción. Cobro de servicios no contratados; uso de los datos personales de clientes sin su consentimiento para ‘colar’ nuevas tarifas y servicios; inclusión de abonados en ficheros de morosos pese a estar al corriente de pago; no tramitación de bajas y un sinfín más de infracciones fueron las que colocaron a Vodafone en el primer puesto del ranking de operadoras multadas por la AEPD.
Pese al multazo total de 4,65 millones, la compañía presidida por Francisco Román y dirigida por António Coimbra ha mejorado sensiblemente frente a 2013, año en el que recibió más de 200 multas por un valor conjunto de casi el doble, unos 8,5 millones de euros.
También mejoró el grupo Telefónica, que en sus versiones fija y móvil se ha llevado este 2014 un rapapolvo conjunto de 2,88 millones de euros, frente a los 4,4 millones que tuvo que abonar en 2013.
La Agencia impuso al principal operador unas 100 sanciones, muchas de ellas de 50.000 euros. En una de ellas, por ejemplo, la inspección constató que “de todo lo actuado en la investigación previa se concluyó, salvo prueba en contrario, que Telefónica Móviles España realizó tratamiento de los datos personales de la persona denunciante sin su consentimiento inequívoco al incorporar a su fichero de clientes como titular de servicios que no había contratado. Siguiendo con la gestión de ese contrato y sin realizar comprobaciones de la identidad con suficiente diligencia incluyeron sus datos personales asociados a una deuda en los ficheros de morosos Asnef y Badexcug”.
Pero también otras muchas multas por cobro de servicios no prestados, imposición de tarifas sin conocimiento del abonado, no tramitación de bajas pese a realizarse en los plazos fijados y seguir bombardeando a los clientes con publicidad pese a pedir éstos expresamente que así no fuera, entre otras infracciones.
El tercer operador, Orange, actualmente en proceso para comprar Jazztel, recibió 154 multas, si bien de cuantías medias inferiores (entre 5.000 y 20.000 euros de media).
Han sido 2,18 millones de euros en monto global, una cantidad que supera los 1,37 millones que tuvo que abonar en multas de la Agencia de Protección de Datos en 2013.
Una de las pocas multas de 50.000 euros que recibió por una infracción grave por modificar los datos personales de una cliente al que se le atribuyeron dos contratos: “se ha verificado que sobre el contrato ***CONTRATO.1 de la denunciante se han producido dos modificaciones de datos: con fecha 23/07/2013 consta una modificación del nombre y apellidos quedando registrado “ C.C.C.” Con fecha 06/09/2013 consta una modificación del nombre y apellidos quedando registrado “ A.A.A.” Se ha comprobado que en las facturas emitidas y facturadas a la denunciante constan emitidas facturas de la línea F.F.F. a nombre de C.C.C.”, señala la resolución aprobada por la Agencia.
El grupo Jazztel salió bien parado en 2014, al recibir multas por un valor total de 349.000 euros, pese a ser una de las compañías del sector más agresivas en captación de clientes y oferta de nuevos servicios.
El grupo Yoigo se llevó multas por 166.000 euros, seguido de ONO, el grupo adquirido por Vodafone que recibió sanciones por sólo 78.000 euros en total.
En general, pese a la cantidad de expedientes sancionadores, casi siempre favorables a los denunciantes, el sector mejoró frente a 2013, año en el que las suma de todas las multas fue de 14,6 millones de euros.
Fuente: Vozpopuli