El pasado martes la Agencia de Protección de Datos recibió a su nuevo director. José Luis Rodríguez Álvarez tomó posesión del cargo como representante de dicha agencia.
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En su toma de posesión, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló que al nuevo director le tocará “lidiar con la nueva directiva europea de protección de datos”. Caamaño reconoció el reto que supone defender la protección de datos y los derechos de todos en una sociedad de la información donde “la información es poder”.
Paola Redecilla, experta en Protección de Datos de IMAdvisory, espera que el nuevo director “mantenga una actitud más colaborativa con la ciudadanía como ya se está haciendo en otros países europeos” y asegura que “la agencia debe servir de canal de comunicación de todos para que los legítimos intereses de unos y otros puedan confluir de una manera ordenada”.
FUENTE: www.intereconomia.com
Los archivos del servicio “Mi Vodafone” de clientes particulares de prepago estuvieron expuestos al público durante unas horas. La Agencia de Protección de Datos califica los hechos de graves y emite la sanción.
El 22 de diciembre 2008, un cliente particular de prepago de Vodafone entró en el servicio Mi Vodafone y vio los datos de otro cliente: nombre, apellidos, dirección física, teléfono fijo y móvil. Al repetir la operación se produjo de nuevo el fallo. En la pantalla se observaba toda la información de un tercer cliente.
El afectado llamó al servicio de atención al cliente y la compañía suspendió el servicio afectado para evitar más errores. En menos de 24 horas se reanudó el mismo. Sin embargo, el pasado mes de mayo laAgencia de Protección de Datos declaró que la compañía “no había actuado con la diligencia debida”, calificó la falta como grave y ha impuesto a Vodafone una multa de 100.000 euros.
Desde la multinacional afirman que se trató de un problema puntual, no intencionado, acotado a los clientes particulares de prepago que utilizan Mi Vodafone. También alegan que la incidencia apenas duró 16 horas y un minuto.
“Este nuevo caso de vulneración de la privacidad de los datos personales de los usuarios nos hace pensar que muchas empresas tienen pendiente la asignatura de protección de datos” afirma María Mas, experta en protección de datos de IMAdvisory.
“Sistemas de validaciones entre el nombre de usuario y los datos personales mostrados por las herramientas informáticas, impedirían este tipo de errores y permitirían a las empresas ahorrar mucho dinero y evitar el descrédito que puede ocasionarse”, concluye Mas.
FUENTE:www.channelpartner.es
La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal sobre la posible destrucción de documentos en la Diputación de Granada, que podría suponer un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y por la rueda de prensa que ofreció el PP informando del asunto que, de no ser cierto, podría incurrir en un delito de calumnias.
En la resolución, hecha pública este martes por el PP en rueda de prensa, el Ministerio Público recoge tanto la denuncia que en su día presentó el actual presidente de la Diputación en funciones, Antonio Martínez Caler, como la que presentó a su vez, un día después, el PP, que acompañó a su escrito varios recortes de prensa en los que se informaba de facturas de la institución supuestamente encontradas en la basura.
Según expuso en el documento Martínez Caler, el PP, concretamente su secretaria general en Granada, Luis García Chamorro, y su portavoz en la Diputación, José Robles, manifestaron que varios camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación para destruirla algo que es, según señalaba, una afirmación "radicalmente falsa". Por su parte, el PP apuntaba en su denuncia que había tenido conocimiento de unos hechos que podían revestir indiciariamente carácter de delito aportando informaciones periodísticas sobre la supuesta destrucción.
Leer más: La Fiscalía abre diligencias sobre la posible destrucción de documentos en Diputación
¿Tiene derecho un ciudadano que cometió un delito hace 30 años a que Google no recupere su pasado? Para la Audiencia Nacional, no. Tampoco lo tiene otro cuya empresa fue investigada por fraude hace 25 años y cuya causa fue archivada meses después. En sendas sentencias, el tribunal no les ha dado la razón. Sin embargo, queda un resquicio para la defensa del olvido digital: los dos casos se han desestimado por defectos de forma.
Un abogado y exjuez llamado Nemesio fue condenado por un delito de falsedad en 1979. Treinta años después denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al diario El Paísy al Tribunal Constitucional porque, en sus respectivas páginas web, aparecía este antecedente penal, y a Google, por enlazar a ambas. El diario antepuso el derecho a la información, el Constitucional su obligación legal de dar la máxima difusión a las sentencias y el buscador remitió a su matriz en California.
El Inteco ha finalizado ya la investigación interna sobre el robo de datos de más de 20.000 usuarios de su plataforma, según reconoció ayer Víctor Izquierdo, que sin embargo no quiso adelantar ninguna conclusión hasta que no terminen sus investigaciones la Policía, los juzgados y la Agencia Española de Protección de Datos. «Entonces podremos hacer un balance de todo lo que ha ocurrido».
Sin embargo, el director del Inteco reiteró que del incidente «hemos aprendido lecciones importantes, como todas las entidades que pasan por un trance similar. Vamos a reforzar todas nuestras medidas de seguridad tanto desde el punto de vista de la realización de auditorías previas de carácter dinámico como otras que estamos llevando a cabo y que se centran más en el software y las auditorías de código, que son muy importantes».
Con todo, Izquierdo volvió a recordar que «el riesgo cero es imposible».
El presidente de la asociación regional de empresas tecnológicas Aetical, Tomás Castro, abogó porque el Gobierno legisle para impulsar la innovación y la sensibilización en materia de seguridad, en la que el Inteco es un referente nacional e internacional.
FUENTE: www.diariodeleon.es