Una filtración de la sanidad pública revela datos privados de transexuales
Nombres y detalles de las operaciones realizadas en la unidad de género de Madrid se difunden en un blog. Los afectados estudian interponer una denuncia

El nombre de 22 personas transexuales operadas en el hospital madrileño de La Paz, el encargado de ofrecer estos tratamientos dentro de la unidad de identidad de género de Madrid, ha sido aireado en un blog dentro de una publicación religiosa digital. El hecho ha sido denunciado por la diputada autonómica Carla Delgado (PSOE, conocida artísticamente como Carla Antonelli), que ha presentado una interpelación parlamentaria en la Cámara regional.

En el listado se especifican los nombres junto con el tipo de intervención (penectomía, aumento de mamas, vaginoplastia, etcétera) y el proceso (de varón a mujer, por ejemplo). El autor del blog, Manuel Morillo, afirma que se trata de “pacientes y casos reales”, aunque advierte de que “los nombres pueden ser otros para evitar la represión judicial del sistema”.

Pero esta explicación no convence a los afectados. “Es absolutamente falso que se hayan cambiado los nombres”, dice María —nombre supuesto—. “Eso es mentira, y además todas nos conocemos y yo he podido reconocer a varias amigas que, a su vez, han identificado a otros conocidos”. Algunos de los nombres son “tan peculiares que quienes conocemos a la persona no hemos tenido duda de a quién se referían”, afirma.

Delgado exige “la depuración de responsabilidades del centro hospitalario o personas desde donde se filtraron, los colaboradores necesarios en esta vulneración de la Ley de Protección de Datos y en esta incitación al odio”. La Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación para comprobar si en algún momento se ha violado la confidencialidad de los datos de los pacientes atendidos en la unidad, según ha informado una portavoz del hospital de La Paz.

María —cuyo nombre real es bastante frecuente— se enteró de que estaba en la lista “porque una amiga la vio en el Facebook de un amigo”. Para esta mujer, que trabaja haciendo tareas de mantenimiento para una comunidad de vecinos, “aunque no se publique el apellido, se vulnera la intimidad. Nadie tiene que saber quién se ha aumentado el pecho”.

Ella está bastante tranquila —“aparte del enfado y el disgusto”—, pero está segura de que si se identifica a alguien más de la lista “puede traerle consecuencias”. Por eso María no entiende “por qué cuando aparecen historiales médicos en la basura se monta un lío y ahora no se hace nada”. La mujer ya se ha puesto en contacto con colectivos y afectados para estudiar acciones legales.

“Lo que lo hace aún más escandaloso si cabe es que no son unos datos que hayan sido encontrados en una papelera, sino que han sido sustraídos con el propósito de causar el mayor escarnio y de focalizar hacia el estigma y exclusión a un colectivo especialmente sensible a todo tipo de discriminaciones”, afirma Delgado

Se refiere la diputada autonómica a que la lista sale publicada en un texto con el título Estas operaciones las ha pagado Esperanza Aguirre, PP, con tu dinero. En ella se contraponen los supuestos privilegios de los transexuales con los del resto de los pacientes: “Todos ellos/as [los transexuales] ingresados en habitaciones individuales (y si no había en ese momento una libre, en una de dos camas y bloqueando la contigua para ‘preservar su intimidad’). Mientras otros pacientes en habitaciones compartidas de cuatro camas, uno defecando, dos cenando y otro muriéndose sin ‘preservar su intimidad’, o directamente en los pasillos”. “Mientras, no hay dinero para los niños y ancianos que necesitan arreglos dentales o audífonos o gafas. Y las listas de espera para prevenir o sanar las enfermedades de las personas normales alargándose hasta la eternidad por falta de medios materiales y humanos”.

La unidad de identidad de género —que se reparte entre el hospital Ramón y Cajal y el de La Paz, que es el que opera— fue inaugurada en 2007 por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. María ha acudido ya varias veces (antes de la mamoplastia que figura en la lista se operó de las cuerdas vocales) y está contenta con la atención. Ahora espera para someterse a la cirugía genital, aunque reconoce que con este incidente va a ir menos tranquila.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha manifestado que no les es posible “prejuzgar si una conducta concreta vulnera el cumplimiento o no de la ley”. Eso “se realiza mediante resoluciones, resultado de procedimientos que se tramitan como consecuencia en la mayor parte de los casos de las denuncias que recibimos o a iniciativa propia”. “Respecto a la difusión de datos en Internet, en los últimos años la AEPD ha declarado las infracciones correspondientes a los responsables de la difusión sin consentimiento de datos de personas físicas identificadas o identificables, y en los que su difusión no se encontraba amparada en excepciones como, por ejemplo, la libertad de expresión”.

FUENTE:El País.com (España)

Pulso en Europa
Bruselas expedienta a Hungría por infringir principios democráticos El Gobierno de Budapest acusa a la «izquierda internacional» de difundir mentiras sobre el país
El Ejecutivo comunitario da un mes de plazo al Gobierno conservador de Orban para rectificar
Miércoles, 18 de enero - 00:00h.
La Comisión Europea abrió ayer un expediente a Hungría por sus controvertidas leyes sobre el Banco Central nacional, la prejubilación forzosa de los jueces y por las restricciones a la independencia de la autoridad responsable de la protección de datos personales. El Ejecutivo comunitario considera que esas nuevas leyes, que emanan de la polémica nueva Constitución, vulneran el derecho europeo y son contrarias a los principios democráticos fundamentales de la Unión Europea (UE).


La Comisión Europea dio un mes de plazo a Hungría para que rectifique esas leyes, la mitad del plazo habitual, porque el expediente se tramita por procedimiento de urgencia. No obstante, el Ejecutivo comunitario, a pesar de la gravedad de las implicaciones para los principios democráticos, ha preferido tratar esas infracciones como una irregularidad legislativa tradicional en lugar de activar el procedimiento especial por violación de derechos y valores fundamentales.

«No queremos que persista por más tiempo la sombra de duda sobre el respeto de la democracia en ese país», señaló el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que se ha mostrado bastante acomodaticio con los sucesivos comportamientos autoritarios del Gobierno conservador húngaro de Viktor Orban.

BARROSO, CONFIADO / «La Comisión Europea está determinada a emprender cualquier acción legal necesaria para asegurar que la compatibilidad con la legislación de la UE se mantiene», advirtió Barroso. No obstante, Barroso se mostró confiado en que Hungría rectifique y no sea necesario proseguir con el expediente, que podría culminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Si la respuesta del Gobierno húngaro no es satisfactoria a esta primera carta de emplazamiento, la Comisión Europea emitirá un dictamen, exigiendo formalmente la modificación de las leyes en el plazo de un mes. Y si Hungría no acata ese ultimátum en el plazo exigido, el Ejecutivo comunitario presentará entonces una denuncia por violación del derecho europeo ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno húngaro, que hasta ahora ha hecho caso omiso de las advertencias previas de las autoridades comunitarias, aseguró que está dispuesto a «resolver» los problemas planteados. Sin embargo, Orban, que hoy intervendrá ante el pleno del Parlamento Europeo, acusó en tono beligerante, a través de su portavoz, a «la izquierda internacional» de difundir «calumnias y mentiras infundadas» sobre Hungría.

El Ejecutivo comunitario considera que la decisión de adelantar la edad de jubilación obligatoria para los jueces a los 62 años pone en cuestión la independencia judicial, ya que constituye una purga encubierta para deshacerse de 250 magistrados incómodos para los planteamientos ultraconservadores del Gobierno de Orban. Un nuevo organismo judicial también ha sido dotado de amplios poderes discrecionales sobre los tribunales.

La Comisión Europea estima también que la independencia del Banco Central húngaro queda socavada por la nueva legislación, que permite al ministro de Economía participar en las reuniones del comité monetario y obliga a la institución a presentar al Gobierno previamente la agenda de los temas a tratar en las reuniones, así como las nuevas normas para destituir al gobernador del Banco Central y a los miembros del comité monetario de la institución y para nombrar a los vicegobernadores y a nuevos consejeros adicionales.

RIESGO DE QUIEBRA / La controversia sobre la independencia del Banco Central húngaro amenaza con llevar al país a la quiebra, ya que provocó que la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendieran sine die en diciembre las negociaciones para la concesión de nuevas ayudas de 35.000 millones de euros que el país necesita para remontar la crisis financiera. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, volvió a advertir que hasta que no se rectifique la legislación no se reanudarán esas negociaciones.

La nueva legislación húngara también ha provocado la sustitución anticipada del responsable de la protección de datos personales y confiere al Gobierno poderes arbitrarios para poder cambiar en el futuro al nuevo responsable de la nueva Agencia Nacional de Protección de Datos, que vulneran gravemente el derecho europeo.

FUENTE:El Periódico de Catalunya

Vigo El Concello de Gondomar apila en una escalera miles de documentos
Los expedientes están en un lugar de libre acceso en la Casa de la Cultura

Amontonados en una escalera del último piso de la Casa de la Cultura. Así es como el Concello de Gondomar guarda miles de documentos oficiales de su archivo. El edificio público está abierto durante todo el día. No hay ningún tipo de vigilancia. Cualquier persona podría entrar y llevarse documentos sin ser descubierto. La mayoría son informes de tipo económico, referentes a plusvalías y pago de nóminas de los trabajadores municipales.

El Ayuntamiento de Gondomar incumple de esta forma la normativa existente en cuanto a la custodia de expedientes oficiales, según denuncia el BNG.

El portavoz nacionalista, Antonio Araúxo, denunció ayer esta falta de diligencia a la hora de archivar los papeles del Concello. Responsabilizó al gobierno municipal de esta situación que, en su opinión, es una muestra de «o mal que están xestionando o Concello». Este partido reclama medidas urgentes para poner a buen recaudo los documentos oficiales.

En opinión de Araúxo, con este hecho podría estar incumpliendo la Ley de Protección de Datos. Hace años la Agencia de Protección de Datos ya amenazó al Concello con una multa de 600.000 euros por descuidar documentos en los que aparecían datos personales de vecinos.

Entonces habían aparecido una gran cantidad de papeles entre los restos de una hoguera que hizo el Ayuntamiento en una finca municipal para deshacerse de documentos que no le interesaban. «Neste caso calquera pode ter acceso a eles sin problemas», denuncia Antonio Araúxo. El polémico almacén está ubicado junto al salón de actos, en los escalones por los que se accede al ático del edificio, donde se encuentra el archivo. El inmueble está siempre abierto porque además del salón de actos alberga otras instalaciones municipales, como el CIM, las dependencias de cultura o de la técnico municipal de empleo.


Arreglos

Por su parte, el alcalde, Fernando Guitián, reconoce que el Ayuntamiento posee un problema de falta de espacio. Pero afirma que ya están poniendo una solución al problema, puesto que trabajadores municipales trabajan en la actualidad en el acondicionamiento de un espacio lóbrego del archivo para poder meter todos los expedientes.

En su opinión, la solución a largo plazo pasaría por la ampliación de las dependencias municipales, bien sea al centro de salud cuando el Sergas construya las futuras dependencias, o bien en el edificio actual del Centro de Desarrollo Local, lo que conllevaría la necesidad de acometer una reforma y un proyecto para evitar las inundaciones que se producen cuando se desborda el río Miñor

FUENTE:La Voz de Galicia

La huella. De George Orwell al cogobierno municipal

La inminente puesta en funcionamiento en el Ayuntamiento de Lucena del control horario basado en la lectura de la huella digital ha generado una serie de preguntas a las que en el presente artículo el sindicato USO quiere dar respuesta. Para ello hemos recurrido al “Estudio Práctico sobre la protección de datos de carácter personal" (Editorial Lex Nova), así como a varios informes emitidos al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La huella dactilar es un dato biométrico que es definido por la AEPD como aquellos aspectos físicos que, mediante un análisis técnico, permiten distinguir las singularidades que concurren respecto de dichos aspectos y que, resultando que es imposible la coincidencia de tales aspectos en dos individuos, una vez procesados, permiten servir para identificar al individuo en cuestión.
Entre las preguntas más habituales destacamos las siguientes:

¿Es legal la exigencia a los trabajadores del control horario basado en la lectura de la huella digital? ¿Están estos datos especialmente protegidos? ¿Es necesario el consentimiento del trabajador? ¿Es necesario que con carácter previo se informe de modo expreso, preciso e inequívoco a los trabajadores del contenido y uso que se va a hacer de este fichero?

A todas estas cuestiones da respuesta el informe 0324/2009 del Gabinete Jurídico de la AEPD, en el que literalmente se dice cuanto sigue:

Sobre el carácter y tratamiento de estos datos

“En el caso planteado, tratándose del tratamiento de la huella digital, la información contenida en dicho dato no contiene ningún aspecto concreto de la personalidad y tan sólo cuando dicha información se vincula a la identidad de una persona es posible identificarla con toda certeza, de modo que los datos que se recaban no pueden considerarse de mayor trascendencia que los relativos a un número personal, a una ficha que tan solo pueda utilizar una persona o a la combinación de ambos".
(…)

Además, en lo atinente a las medidas de seguridad en el tratamiento, debe señalarse que, teniendo en cuenta lo que se ha indicado en cuanto al dato biométrico de la huella digital, el mismo no puede ser considerado en modo alguno dato especialmente protegido o sensible, por lo que resultarán de aplicación al tratamiento las medidas de seguridad de nivel básico.

Sobre el consentimiento de los trabajadores:

Si bien el artículo 6.1 de la LOPD exige el consentimiento del interesado para el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el artículo 6.2 prevé que no será preciso el consentimiento cuando los datos “se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.
(…)

Sobre la exigencia de que con carácter previo se nos informe por escrito:
Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, dado que si bien no será preciso el consentimiento del interesado, si deberá advertirse al mismo de los extremos contenidos en ese precepto y, especialmente, de las consecuencias disciplinarias que podría acarrear su negativa a que la huella sea tratada.

Por todo lo expuesto hemos dirigido escrito al Concejal Delegado de Personal de este Ayuntamiento a fin de que con carácter previo a su puesta en funcionamiento se informe a los trabajadores de modo expreso, preciso e inequívoco de los extremos a que se refiere el artículo 5.1. de dicha Ley Orgánica

Asimismo y a fin de evitar arbitrariedades o discriminaciones que imposibiliten la puesta en funcionamiento de dicho control, le hemos solicitado que en caso de no ser generalizado su uso, se nos relacione el personal de este Ayuntamiento que no esté sometido a dicho control así como las causas en las que lo justifican.

FUENTE:www.lucenadigital.com