De visión reducida resultaron varias de las cámaras de video vigilancia instaladas en Guadalajara durante la pasada Administración municipal. La causa: deficiencias en la colocación o fallas técnicas. Además, pese a que los fines de semana hay gran número de accidentes y de hechos delictivos, no funcionan los sábados y domingos, pues los operadores laboran semana inglesa.
Así consta en la investigación forense aplicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos aportados en 2009 al municipio provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), con los que se compraron dichos aparatos.
La auditoría forense se aplicó sobre los 95 millones de pesos aportados por el Subsemun en 2009, de los cuales la tercera parte la aportó Guadalajara. La revisión se hizo tras la denuncia de las actuales autoridades, que en los primeros días de 2010 se percataron de que en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana había numerosas cajas con equipo de video vigilancia sin desempacar.
Sin embargo, la denuncia también podría traer sanciones para el gobierno de Aristóteles Sandoval, pues la investigación forense arrojó observaciones que alcanzaron al actual gobierno tapatío, que ejerció un porcentaje del Subsemun 2009, de las cuales se presume que hubo un daño al erario que aún no se contabiliza (ver nota aparte).
El sistema de video vigilancia consta de 105 cámaras adquiridas en tres fases, explica la ASF: en la primer requisición, que data de 2008, se encargaron 48 cámaras a Hemac Teleinformática, que ganó la licitación; la segunda compra fue una adjudicación directa en 2009 a Hemac para 21 cámaras más; las 36 restantes se compraron ese mismo año a la misma empresa.
En la adquisición de las cámaras se realizó una inversión de 64 millones de pesos (Público Milenio, 8 de diciembre de 2009).
El equipo no se terminó de instalar en 2009 (año en que expiró la Administración de Alfonso Petersen Farah), explicó el documento, porque el Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica (Cecoe) de Guadalajara no tenía la capacidad. Hubo la necesidad de ampliar las instalaciones en 2010 para que todas las cámaras trabajaran.
No obstante, en una revisión al funcionamiento de los equipos, la ASF se percató de distintas fallas: “Se observó que algunas de las 105 cámaras que integran el sistema de video presentaron deficiencias en su operación, ya que pierden la imagen constantemente y en algunos casos se observó que las cámaras carecieron de ella en las diferentes etapas de la inspección. […] También, se constató que 51 cámaras tienen visibilidad parcial en su rango de 360 grados, ya que existe follaje excesivo de árboles que lo impiden”.
Y de lo que se puede captar, no todas son revisadas, pues los 32 policías que monitorean trabajan sólo de lunes a viernes: “Cinco de las 24 horas del día el área de video vigilancia se queda sin personal y los sábados y domingos se queda totalmente sin operadores”.
La recomendación es indagar posibles responsabilidades por el mal uso y funcionamiento del equipo de seguridad.
Observan daño al erario en actual Administración
111 A principios de 2010, el secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Servando Sepúlveda Enríquez, informó que la pasada Administración no ejerció 9.5 millones de pesos de los 95 millones del Subsemun 2009, por lo que mediante gestiones con el gobierno federal logró recuperarlos. Dicho monto se invirtió en la adquisición de 29 patrullas Charger que se compraron a Roca Automotriz; 480 chalecos antibalas adjudicados a Giramsa; y 1,440 paquetes de uniformes encargados a Fashion Cartel.
Tales recursos provenientes de 2009, incurrieron en presuntas irregularidades en la contratación, según indica la auditoría forense realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dinero aportado al municipio proveniente del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).
“En los tres contratos [con] número ADQ-037-2010, ADQ-038-2010 y ADQ-039-2010, en su cláusula sexta, se pactó que en caso de incumplimiento por parte del prestador de servicios a cualquiera de sus obligaciones contraídas, el municipio le comunicaría sobre dicha circunstancia para que el prestador de servicios corrigiera el incumplimiento dentro de los quince días naturales siguientes; y de no hacerlo se haría efectiva la fianza”.
Las tres compras, indica la auditoría, incumplieron con la entrega, al proporcionar las patrullas con 21 días de retraso; los equipos de uniformes, con 16 días; y los chalecos, con 49 días. Los atrasos, explica la ASF, generaron un posible daño al erario, por lo que se recomienda a la Contraloría a que investigue e inicie, en su caso, procedimientos administrativos.
FUENTE: www.milenio.com