El edil justicialista Diego Giuliano se sumó a la polémica sobre el uso de las imágenes registradas por el sistema de vigilancia municipal. "El carácter confidencial de las imágenes, determinando que las mismas sólo pueden ser requeridas por la justicia", explicó el concejal.

El concejal Diego Giuliano solicitó citar a las autoriades municipales a cargo del monitoreo de las cámaras de seguridad que informen sobre las causas por las que se utilizaron imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia para iniciar un sumario administrativo a un empleado municipal, en medio de un conflicto gremial.  

“Hemos recibido con preocupación, el reclamo que nos efectuara un grupo de empleados de la Secretaría de Promoción Social quienes manifestaron el inicio de un sumario administrativo por parte de la Municipalidad de Rosario, utilizando de manera ilegal imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia”, sostuvo el edil justicialista.  

Según indicaron empleados de la municipalidad, la Dirección General de Investigaciones Administrativas solicitó imágenes de una protesta gremial captadas por las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona de 27 de Febrero y Oroño, y las mismas habrían sido entregas por el responsable del Centro de Monitoreo Municipal.  

“De ser esto así, se estaría violando la Ley Provincial 13.164 que regula el empleo de las cámaras de videovigilancia", apuntó Giuliano, quien está acompañado en su reclamo por sus pares María Eugenia Bielsa y Alberto Cortés. "Esa norma, en su artículo 9º establece claramente el carácter confidencial de las imágenes, determinando que las mismas sólo pueden ser requeridas por la justicia, en el marco de una investigación penal o contravencional".

Asimsimo, advirtió: "Utilizarlas para iniciar sumarios o vigilar reclamos gremiales, sin que hubiere orden judicial, no sólo viola las normas de confidencialidad sino que también presagia una utilización discriminatoria y persecutoria que no se condice con la necesidad de prevenir en materia de seguridad. Los responsables de los sistemas de videovigilancia son los garantes de esta confidencialidad siendo responsables civil y penalmente por la difusión irregular de las mismas o su uso inapropiado”.

“Es imperioso saber qué es lo que pasó y porqué se decidió desvirtuar el uso de videocámaras, cuando el sistema apenas comienza a funcionar en Rosario", enfatizó Giuliano, sumándose de este modo a la polémica destatada en la ciudad por el uso de las imágenes registradas por el sistema de videovigliancia municipal.

"No ceo que los funcionarios desconozcan el alcance de sus obligaciones -añadió-. Administrar un sistema de videovigilancia requiere responsabilidad, confidencialidad y sentido común. Cuando las imágenes se usan para cualquier otra cosa que no sea prevenir delitos, intervenir para evitarlos o identificar a los responsables, se está entrando en un cono de sombras que genera dudas, pone en riesgo derechos constitucionales".

Finalmente, Giulilano señaló que, en el caso de que se  haya hecho un uso idebido de las imágenes, se deberá investigar el cumplimiento de los deberes de “funcionario público” de los responsables.

FUENTE: www.lacapital.com.ar