El diputado provincial Diego Lara (Juntos por Entre Ríos) se mostró satisfecho por lo realizado durante el primer año de gestión legislativa, aunque admitió que hay proyectos de ley en los que le hubiera gustado que la Legislatura provincial avanzara más, ya sea sobre la base de sus iniciativas o de otros legisladores. Respecto de lo primero, Lara destacó que durante 2012 se logró sancionar un régimen de regulación de la videovigilancia en la provincia, estableciendo parámetros claros para una situación cada vez más frecuente como es la utilización de cámaras de vigilancia, que hasta el momento permanecía sin regular

“Había que ser precisos en establecer quiénes y cómo pueden manejar estos sistemas, para resguardar derechos fundamentales de las personas y a la vez dar garantías en el uso de este importante elemento de prevención del delito y, eventualmente, de prueba de los mismos”, señaló el legislador. “Debo destacar que el proyecto se presentó en marzo, y pese que no integro el bloque oficialista, fue tratado con dedicación por todos los legisladores y apoyado por funcionarios del Ejecutivo como el Jefe de Policía, el ministro de Gobierno y el mismo Gobernador”, agregó.

 
En el mismo sentido destacó que un proyecto suyo para evitar que vehículos cero kilómetro se radiquen en otras provincias -eludiendo el pago del Impuesto Automotor y perjudicando fundamentalmente a las administraciones municipales-, que fue incorporado en todas sus medidas a la reciente modificación del Código Fiscal aprobada durante los últimos días de 2012 por la Legislatura provincial.
 
 
Terrenos y boleto escolar
 
Igualmente los objetivos de otros proyectos, como el presentados a principio de 2012 para la creación del Plan para el Acceso a la Tierra y la Inclusión Habitacional “Programa mi terreno, mi hogar” fue luego contemplado, al menos en parte, por el programa nacional Procrear. “El proyecto de ley pretendía establecer las pautas para que el Estado, a través de la compra, expropiación, donación y/o habilitación de nuevos espacios fiscales, lleva a cabo la incorporación de inmuebles para su entrega planificada a las distintas familias entrerrianas que piensen construir allí su vivienda y asentar su hogar”, recordó el legislador.
 
“Otro proyecto en que se trabajó mucho fue el de creación del Régimen de Provisión del Boleto Gratuito Educativo Universal para ser utilizado en el servicio público de transporte automotor, tanto en sus servicios urbano como interurbano, en toda la provincia”. Ese proyecto no logró avances en la Cámara baja porque estaba en marcha la implementación de la tarjeta SUBE en las ciudades más pobladas del país, entre ellas Paraná y Concordia. Sin embargo, los plazos de iniciales de implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico registran atraso.
 
Lara destacó que “más allá de la composición de los diferentes bloques, los diputados provinciales dieron muestras de compromiso con el Poder Ejecutivo provincial tratando con celeridad los proyectos enviados por el gobernador de la provincia y dotándolo de las herramientas necesarias para la gestión”.
 
 
Lo que está pendiente
 
En cuanto a los proyectos que no se trataron y -a criterio del legislador- no deberían demorar en discutirse, Lara destacó especialmente un proyecto suyo que contempla la asignación de coparticipación nacional y provincial para las 190 Juntas de Gobierno de la provincia, con poblaciones de entre 200 y 1499 habitantes. Recordó el legislador que desde la reforma constitucional de 2008 está pendiente la sanción de una norma que haga efectiva las disposiciones respecto de los centros de población rural y les otorgue autonomía en el manejos de los recursos.
 
Hasta hoy las las localidades con más de 200 habitantes son consideradas Juntas de Gobierno, y su funcionamiento se rige por la Ley N°7.555, que, entre otras cosas, determina que sus integrantes son designados por el Poder Ejecutivo y sus recursos son montos fijos, también dispuestos por el gobierno provincial.
 
El proyecto presentado por el Lara establece que el reconocimiento como comuna será automático, sin mediar petición de ningún tipo, y el Poder Ejecutivo deberá dictar la norma de reconocimiento atendiendo a datos objetivos en cuanto a población de acuerdo a Censos Nacionales y/o Provinciales, y fijar sus límites territoriales de acuerdo a la Dirección de Catastro quien deberá también considerar la costumbre de uso de la zona.
 
El proyecto del exintendente de María Grande considera especialmente el procedimiento para aquellos casos de comunidades que, dentro de un ejido municipal, cumplan con los requisitos requeridos para convertirse en comuna. En ese caso, el reconocimiento dependerá de una petición, luego de cumplido los trámites correspondientes.
 
El legislador recordó que su iniciativa no es la única al respecto. Existen al menos otros dos proyectos, uno es de los entonces senadores César Melchiori y Hernán Vittulo, que fue presentado el el 10 de noviembre de 2010 (expediente Nº 9669), y otro presentado por el exdiputado Jorge Bolzán el 10 de junio de 2009 (expediente Nº17346) que logró media sanción de la Cámara baja.

Fuente: http://www.microfonodigital.com/seccion/detalle.php?id=14284

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