Diputados piden regular el uso de los sistemas de videovigilancia.
Diputados provinciales presentaron un proyecto de ley para regular el uso de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas. El proyecto pertenece a los diputados Luciano Di Nápoli y Miguel Tanos (PJ, Peronismo Kirchnerista).
Según explicó Tanos, la iniciativa pretende “regular todos los dispositivos de sistemas públicos y privados de instalación de videocámaras en toda la provincia”. La iniciativa es para evitar que este sistema se transforme en "fuente de intromisiones, restricciones o lesione o vulnere de algún modo la privacidad, la imagen y los datos personales".
“Plantear un tema de conciencia. La búsqueda de un bien como la seguridad ciudadana no vaya en desmedro de otro bien, el derecho a la intimidad, a las libertades que cada persona tiene. La instalación de estos sistemas tecnológicos de alguna menera invaden la imagen y los datos de las personas”.
Los legisladores fundamentaron el proyecto la necesidad de regular la utilización por parte de servicios de seguridad provenientes del sector público o privado, de la instalación y gestión de videocámaras de grabación y vigilancia, en lo que hace específicamente al tratamiento de imágenes en relación con el régimen de garantías y libertades públicas de los ciudadanos.
Según explicó Tanos, la iniciativa pretende “regular todos los dispositivos de sistemas públicos y privados de instalación de videocámaras en toda la provincia”. La iniciativa es para evitar que este sistema se transforme en "fuente de intromisiones, restricciones o lesione o vulnere de algún modo la privacidad, la imagen y los datos personales".
“Plantear un tema de conciencia. La búsqueda de un bien como la seguridad ciudadana no vaya en desmedro de otro bien, el derecho a la intimidad, a las libertades que cada persona tiene. La instalación de estos sistemas tecnológicos de alguna menera invaden la imagen y los datos de las personas”.
Los legisladores fundamentaron el proyecto la necesidad de regular la utilización por parte de servicios de seguridad provenientes del sector público o privado, de la instalación y gestión de videocámaras de grabación y vigilancia, en lo que hace específicamente al tratamiento de imágenes en relación con el régimen de garantías y libertades públicas de los ciudadanos.