El sistema de videovigilancia que la Policía de Misiones tiene en el área metropolitana será ampliado el próximo año.
A las 63 cámaras que actualmente funcionan en la ciudad se sumarán otras 60 cámaras que serán colocadas en los distintos barrios de la ciudad.
El proyecto será financiado por la Municipalidad de Posadas y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y lo implementará la Policía de Misiones con sus técnicos.
Según explicaron desde la comuna, se pondrá en marcha en el 2013 y los aparatos se colocarán en los grandes barrios, como Itaembé Miní, A-4, Villa Lanús y Villa Cabello, entre otros.
Según explicaron desde la Policía de Misiones, hubo un corrimiento del delito en Posadas (traslado a lugares sin vigilancia) luego de la colocación de las primeras cámaras en los lugares estratégicos de la ciudad, por lo que las nuevas cámaras serán colocadas en los barrios donde ocurren hechos delictivos menores.
Según explicó el jefe de Videovigilancia de la Policía de Misiones, oficial Oscar González, “las cámaras no son una solución, pero ayudan en la prevención del delito”.
Actualmente funcionan 63 de las 65 cámaras que se instalaron.
Dos fueron retiradas por distintas construcciones que se están haciendo en la ciudad: una en Santa Helena, donde se está terminando el by pass Arco-Garita, y otra en la esquina de Alicia Moreau de Justo y Cabo de Hornos, donde se levanta la nueva sucursal de Chango Más.
Por otra parte, González explicó que “los jueces de instrucción cada vez hacen más solicitudes de videos para ser utilizado como pruebas en las causas. Al principio costó, pero hoy se triplicaron los pedidos en la Unidad Regional”.
A pedido de las autoridades de el Foro de Seguridad de Saladillo, el intendente Carlos Antonio Gorosito, acompañado por el Secretario de Gobierno Mario Buezas, se reunió con integrantes del mismo, con el objeto de analizar algunas cuestiones referidas a la seguridad de nuestro distrito y trabajar en conjunto. Asimismo el mandatario comunal anunció la inminente puesta en marcha del sistema de videovigilancia, de la cual ya están instaladas la mitad de las cámaras y están en funcionamiento, entrando en actividad de manera plena en los próximos días.
"Desde la Municipalidad estamos aportando permanentemente los medios necesarios para el funcionamiento de los móviles, por ejemplo, en cuanto al combustible, mantenimiento y reparación, como así también estamos haciendo todo lo necesario para que el sistema de videovigilancia funcione a pleno en los próximos días" sostuvo el mandatario comunal saladillense.
"En el mismo sentido prevemos la inclusión de una importante partida presupuestaria para el presupuesto que viene destinadas sobre todo al sistema de videovigilancia, previendo la progresiva instalación de cámaras en los barrios, en los puntos estratégicos de todo el partido y en las localidades del interior" finalizó diciendo Gorosito.
Así, los artículos 14, 16 y 18 recogen el planteo del jefe municipal, donde ya funciona un mecanismo con 36 cámaras.
Allí se señala que el Estado provincial y los municipios o comunas “no podrán delegar la prestación del servicio de videovigilancia en los espacios públicos”, y que los sistemas de captación existentes al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley en los municipios “deberán contar con la respectiva aprobación conforme lo dispone el artículo 16, adecuándose a las disposiciones de esta ley, en un plazo no mayor de un año contado a partir de su entrada en vigencia”. De ese modo, los municipios podrán seguir manejando estos mecanismos.
Las otras modificaciones al proyecto original consistieron en la reducción de un año a seis meses la obligatoriedad de conservar las imágenes captadas por las cámaras, debido al costo del mantenimiento por un mayor tiempo y su relativa conveniencia; y a la obligatoriedad de informar “por medio de colocación de carteles gráficos que especifiquen, de manera clara y permanente, el emplazamiento en los lugares públicos o de acceso público” de los sistemas de videovigilancia.
Al momento de defender el proyecto, Lara destacó que es necesario contar con un marco regulatorio. “Las cámaras ya están en los espacios públicos y es nuestro deber regular la toma de imagen de los ciudadanos (...) Es fundamental ponerle límites al poder del Estado en cuanto a la administración de esas imágenes...”, indicó.
Luego se refirió a la necesaria consideración de cómo el mecanismo “puede afectar los derechos fundamentales de las personas...” Y añadió: “La ley tiene que preservar la intimidad de los ciudadanos. Todos los sistemas deben prever que no se afecte el derecho de intimidad (…) Esta va a ser una ley más garantista y completa que otras leyes que hay en otras provincias”, aseguró. “Me queda la tranquilidad de que el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía de Entre Ríos, va a ser garante de la aplicación de esta ley”, agregó.
Lara también recordó que el tratamiento de la ley se destrabó por una gestión del gobernador, Sergio Urribarri .
Finalmente insistió en el criterio de “razonabilidad que debe haber entre el mecanismo de prevención y los derechos afectados”. Indicó que la norma considera la posibilidad de que los ciudadanos reclamen cuando se vea vulnerada su intimidad y que también se garantiza la confidencialidad en el tratamiento de las imágenes captadas.
La ausencia de Allende
La presidencia de la sesión de ayer estuvo a cargo del diputado paranaense y militante de La Cámpora Pablo Mendoza, quien reemplazó al titular del cuerpo, el gremialista José Allende. En el recinto circularon numerosas versiones sobre las razones del faltazo, e incluso se habló del enojo de Allende con colaboradores cercanos al gobernador Sergio Urribarri que cumplen funciones en el cuerpo, pero nada de esto fue confirmado.
Lo que sí trascendió fue una reunión informal del bloque donde se cuestionó duramente al titular de la Cámara. Los pocos que lo defendieron explicaron que en realidad Allende “es presidente, pero no maneja la caja, por lo que mucho no puede hacer”.
Y es que el pasado sábado, el líder de la Canacintra aseguró que “existe una falta de capacidad por parte del gobierno que encabeza Eduardo Rivera Pérez para brindarles paz”, ante los constantes asaltos en las industrias afiliadas. Sin embargo, justificó la inoperancia de la corporación municipal e indicó que la iniciativa de las particulares es resultado de las reuniones que se han sostenido con los empresarios.
“Nosotros lo vemos como una manifestación de voluntad y correspondencia a la necesidad que estamos enfrentando. Si existe algún calificativo sobre una ineficiencia, no lo conozco, tampoco me lo han expresado”.
Además, el secretario de seguridad insistió que los equipos tecnológicos estarán conectados a la plataforma del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), sin ningún costo y con constante supervisión del personal especializado.
En entrevista por separado para CAMBIO, Erick Junghans cambió el discurso y comentó que hasta el momento, como resultado de las mesas de trabajo con la SSPTM, se han logrado avances para prevenir la actividad delictiva.
Explicó que el monto total de la inversión será bajo un programa de colaboración financiera con el Ayuntamiento de Puebla, en donde las industrias que requieran sistemas exteriores de videovigilancia aportaran cierto porcentaje y las autoridades locales el resto.
Finalmente, Lara Terrón agregó que los aparatos de seguridad son una herramienta para compensar la falta de efectivos de la Policía Municipal Preventiva, y dejó en claro que no existe desconfianza en la ciudadanía por el servicio que se ofrece.
Fuente
El fiscal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal, Dr. Manuel Uriarte Aguirre, concurrió ayer en compañía de un suboficial de la Policía Anticorrupción a la comuna piurana para recabar información con respecto al cuestionado proyecto del “Sistema de Videovigilancia”. Para eso se reunieron con la alcaldesa, Ruby Rodríguez, quien aseguró que brindará toda la documentación para que sigan adelante las investigaciones. Mientras tanto, el fiscal señaló que tratarán de recabar toda la información como parte de la investigación que durará cuatro meses, entre ellos –según se pudo conocer- el expediente técnico, contratación del supervisor, entre otros. Denuncia Como se recuerda la Fiscalía inició las investigaciones a raíz de la denuncia formulada por el regidor Alberto Chumacero contra la Alcaldesa y los funcionarios que resulten responsables por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales. Ello debido a que en concejal observó que el proyecto no contó con la supervisión técnica de un inspector o supervisor electrónico; y que éste se contrató cuando el proyecto ya iba a ser culminado, lo cual habría conllevado a incumplir normas del Reglamento de Contrataciones del Estado.