En Colombia, según el Departamento de Control y Comercio de Armas de las Fuerzas Militares, hay 1’280.000 armas de fuego adquiridas legalmente, de las cuales más de nueve mil fueron vendidas sólo el año pasado. Con alguna de éstas, o de las miles ilegales que se fabrican en lugares como Medellín, Barranquilla o Cali, fue asesinado Esteban Giraldo de siete  años el 31 de diciembre de 2010 en Soacha, hecho que desató un amplio debate nacional en torno al control y uso de estos elementos.

Andrés González, gobernador de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha), y Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), debaten para El Espectador acerca de las posibilidades de instaurar la prohibición total al porte de armas de fuego para los civiles, así como de las necesidades de ejercer más controles al porte y tenencia de las legales y a la fabricación de las ilegales.

Andrés González: Me parece que un punto de partida es que la solución más prevalente a la violencia es que haya más Estado, lo que se traduce en el monopolio de las armas. Si hay presencia de Estado se le quita espacio a la violencia y en especial a la privada. Si uno mira las muertes en sectores como Soacha, encuentra que lo que existe es una guerra entre bandas, una competencia, para defender territorios para la comercialización de droga. Pero hay otro foco y es que no sólo tenemos un uso ilegal de armas, sino una producción masiva de éstas. Normalmente la discusión se orienta sobre el tema del permiso para el porte de armas, pero el foco enorme es que la sociedad no ha identificado unos polos de producción y comercialización gigantescos de armas. Esto sucede desde lo más pequeño, como puñaletas de $3.000 o $4.000, hasta las armas hechizas, los conocidos changones.

Jorge Restrepo: Esos se hacen con tubos de conducción de agua porque el diámetro, el calibre, coincide con el de los cartuchos de escopeta.

A.G.: También se requiere hacer una relación muy cuidadosa de cuántas muertes se causan con armas legales e ilegales. Una primera política de Estado debe ser un frente común en el control y erradicación de los polos de producción de armas.

J.R.: Completamente de acuerdo en que la presencia extensa del Estado se requiere. Pero le agregaría un corolario que se nos ha olvidado en el país un poco y es: ¿el Estado allí para qué? Uno diría que es para proteger y brindar seguridad. Si esto no se cumple en las zonas de conflicto, como ha ocurrido en algunas ocasiones, si no existe seguridad pública (en el sentido de que sea para todos, de libre acceso, no excluible), las personas seguirán buscando formas de autoprotegerse: seguridad privada o la compra de un arma. Creo que ese énfasis en la seguridad pública es importante.

También estoy de acuerdo en que el control de armas ilegales debe ser el punto de mayor énfasis en las políticas de seguridad. Lamentablemente no existe información pública en Colombia que nos permita saber cuántas de las armas de fuego que se utilizan en crímenes son legales y cuántas no.

A.G.: Otro de los focos de atención, además de esto, es la comercialización: cuantificar qué tan grande es el comercio de armas en el país. En últimas esto conduce a responder la pregunta de qué tan fácil es conseguir un arma en Colombia.

J.R.: En Colombia se da un uso profesional de las armas de fuego. En un estudio que hicimos, precisamente en Soacha, nos encontramos con varias sorpresas. Uno, que había muchas menos armas de las que esperábamos, dados los niveles de violencia armada. Cuando preguntamos por qué, la gente nos respondió que era porque las armas eran controladas por los criminales, excepto las blancas. Hicimos el mismo ejercicio en un par de comunas de Medellín y encontramos lo mismo. En Colombia hay una especie de control de armas de fuego bastante extenso. Pero en zonas en las que hay problemas de seguridad el control de esas armas está en manos de las organizaciones criminales. Creo que igual hay interesados en que esos controles no se ejerzan.

A.G.: Claro. Y estas organizaciones obtienen recursos del tráfico de droga. Entonces, la estrategia fundamental es una guerra sin cuartel contra la droga, porque eso les quita oxígeno y recursos para obtener armas.

J.R.: Creo que hay un punto que tenemos que tratar y es: ¿cuál es el rol que la sociedad quiere que la seguridad privada tenga? Eso no se ha debatido. Allí hay intereses económicos muy grandes. Es un servicio que se presta con un instrumento que también representa un riesgo. Implica delegarle hasta cierto punto a un particular el uso profesional de las armas de fuego y el monopolio legítimo del uso de la fuerza que, de acuerdo con la Constitución, debe estar en el Estado.

A.G.: Toda nación necesita un complemento razonable de seguridad privada para temas obvios, como los bancos o el transporte de valores. De lo que se trata es de ejercer controles severos sobre ese tipo de seguridad para evitar que sea infiltrada por grupos ilegales, sobre todo en un país como Colombia. También debe haber una orientación para que esa capacidad sea disuasiva y no ofensiva. La idea detrás de la seguridad privada es que exista el mínimo indispensable.

J.R.: Yo veo la posibilidad de que un ciudadano de a pie tenga un arma de fuego sólo en una circunstancia excepcional. Creo que tener armas no es un derecho desde el ordenamiento jurídico que nos hemos dado en el país. Esta era una idea de Antanas Mockus, quien decía que la mejor manera de hacer cumplir el papel del Estado es cerrar las puertas para que los particulares lo cumplan. Yo no abogo por el prohibicionismo y hay muchas razones para eso, como la no estimulación de los mercados negros. El prohibicionismo, así como la completa liberalidad, son medidas extremas que terminan alienando a la población y no consultan la realidad del país.

A.G.: Ahora, hay que regular más la tenencia, las armas que tienen permiso para permanecer en un lugar. El Estado debe saber permanentemente dónde están las personas que portan o tienen en su casa un arma, que es algo que se ha hecho en Soacha mediante el registro y actualización de las direcciones de estos ciudadanos.

También debe haber unas pólizas para quienes pretendan adquirir un arma. La Alcaldía de Bogotá ha pedido que se incremente la edad mínima para poder portar o tener un arma.

J.R.: Sí, esto se incluyó en un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que finalmente se hundió. Hoy en día, de manera discrecional, no se le otorga un permiso a ningún menor de 25 años. Sin embargo, vale la pena que algunas de estas cosas estén a nivel legislativo, porque es mucho más sólido, pasan por un proceso político que corta la dependencia con la discrecionalidad de las autoridades.

A.G.: También hay que hacer un gran esfuerzo en el tema cultural. La gran mayoría de la población colombiana, antes de la muerte del niño en Soacha, no tenía idea de los riesgos derivados de los disparos al aire. Eso es una falta de conocimiento de los riesgos.

J.R.: Para terminar, creo que es importante insistir en mayores controles, como que cada vez que el Estado le otorgue un permiso de porte o tenencia a un particular, se tome una huella balística del arma. Uno de los grandes problemas de investigación criminal es que hoy en día es muy costoso y difícil identificar de dónde proviene el disparo, en caso de que se logre obtener el casquillo o el proyectil. Esto cuesta pero, a mí manera de ver, es un costo que se le debe transferir al usuario del arma.

FUENTE: www.elespectador.com