A las 19:00 del 17 de noviembre, Ricardo M. contestó una llamada a su teléfono celular. En ella, una operadora le informaba que la alarma antirrobos de su domicilio se había activado.
Desesperado, él llamó a su esposa e hijos, quienes habían salido de casa. Al llegar a su vivienda, en Conocoto (valle de Los Chillos), se encontró con un guardia motorizado de la empresa de seguridad, quien había acudido por la activación de la alarma.
Pero ese servicio no evitó el robo. Los delincuentes tuvieron tiempo para encontrar el lote de joyas de la familia y para llevarse un televisor de plasma, un DVD, un teatro en casa, relojes de marca, etc. USD 6 000 en pérdidas.
“Contraté un sistema de seguridad de alarmas, con guardias motorizados”, se lamenta el afectado. Para Pablo Córdova, experto en seguridad de la Asociación de Bancos Privados, la presencia de guardias en empresas, urbanizaciones y locales comerciales “no es garantía de seguridad”.
A su juicio, el sistema de guardias y alarmas que existe en el país “es débil. A mí me pasó que en el local de un banco estaban robando. Al vigilante le pusieron una pistola en la cabeza. Ocho guardias había en la cuadra y ninguno activó un botón de pánico por miedo. Ellos dijeron: ¿para qué me voy a exponer”.
Silvio Dávila, jefe de Delitos contra la Propiedad de la Policía Judicial, cuenta que no son pocos los casos de ilícitos en los que existe la complicidad de los guardias. Los vigilantes “casi no colaboran con información. Ellos afirman desconocer si vieron sospechosos o vehículos que circulaban por los lugares donde sucedió el atraco”, cuestiona.
Un estudio levantado por el Departamento de Control y Supervisión de Organizaciones de Seguridad Privada (Cosp) de la Policía Nacional refiere que, en los últimos tres años, 961 guardias estuvieron involucrados en delitos (ver cuadro).
“En esa lista constan los (guardias) que no han reaccionado frente a hechos delictivos, así como los que han sido cómplices. Hay casos que se encuentran en proceso de investigaciones y otros con sentencia”, dice Janio Bustillos, jefe del Cosp.
El uniformado señala que “esa lista incluye a los guardias de seguridad legales e ilegales”. Eso quiere decir que en ese reporte aparecen los que fueron censados por el Cosp, así como los que no tienen licencia para operar. Durante el 2010, la Policía censó a 5 349 guardias. Pero, según su estudio, en el país hay 45 605.
Carlos Castillo, director de la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador (Asepec), admite que hay falencias en algunas empresas. “Ese es un problema que se relaciona con la falta de capacitación. Es necesario inculcar ética y valores en los seminarios y cursos que se dan al personal”.
En el artículo 6 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada se puntualiza: “Los representantes legales y administradores de las compañías de vigilancia y seguridad privada están obligados a capacitar (a los guardias) mediante cursos y seminarios dictados por profesionales especializados”.
Castillo admite que también existe una deficiente capacidad de reacción. Por ejemplo, “existen compañías que tienen motocicletas y buena infraestructura, pero no actúan con rapidez”.
Ricardo M. no sabe si en el robo a su casa hubo esa negligencia. Ahora él busca una nueva casa, porque su familia está asustada. Afirma que buscará un sistema de seguridad por monitoreo.
FUENTE: www4.elcomercio.com