Filtraciones de WikiLeaks al diario The New York Times confirman los peligros de subcontratar a empresas de seguridad privada para funciones que, hasta hace pocas décadas, desempeñaban los ejércitos de los Estados. El comportamiento de  contratistas de algunas de estas empresas en Irak y Afganistán se asemeja al de mercenarios en África en décadas anteriores. Financiados con diamantes y otras materias primas, ejércitos paralelos ponían en peligro la paz, la estabilidad y la soberanía de los nuevos Estados en la década de los ‘70.

Las aventuras militares de Estados Unidos y de su “coalición” en Irak y en Afganistán demuestran que la amenaza a esa libertad no ha perdido vigencia. Distintos informes denuncian comportamientos de cowboy por parte de individuos que vulneran con impunidad derechos humanos fundamentales. Sólo un contratista norteamericano ha sido juzgado y encarcelado por crímenes de tortura y asesinato, aunque diversos informes dan cuenta de decenas de casos más. No se trata de señores de la guerra, sino de empleados de empresas privadas que ofrecen “servicios” en el “mercado” de la “seguridad”. Entre los clientes se encuentran los Departamentos de Defensa y de Estado del gobierno estadounidense.

La convención define como mercenarios a individuos que actúan por beneficio propio o que perciben sumas superiores a las que obtendrían por la misma actividad si representaran al ejército de su país. En la actualidad, muchos soldados profesionales encuentran motivaciones para enlistarse que van en su propio beneficio. Al enfrentarse a problemas de reclutamiento en guerras cada vez más impopulares, han mejorado las condiciones económicas de soldados profesionales de muchos países. Aunque estos gastos se detraen de partidas en beneficio de los ciudadanos más necesitados muchos jóvenes encuentran en el ejército un empleo seguro en tiempos de crisis. Además, tienen la posibilidad posteriormente de recibir una formación universitaria e incluso la nacionalidad, lo que ha elevado el número de latinoamericanos y otros extranjeros en el ejército de Estados Unidos.

Debido a los vacíos legales y a una terminología obsoleta en los contextos bélicos actuales, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios elabora una nueva convención. Ésta, en proceso de borrador, regulará las obligaciones de los Estados respecto a las empresas militares privadas. La nueva convención le devuelve al Estado la responsabilidad que le corresponde por el comportamiento de las empresas a las que contrata. Éstas no actúan por su cuenta, sino que forman parte de una nueva política de ocupación silenciosa a costas de ciudadanos mal informados. Para eso sirve WikiLeaks.


FUENTE: www.lanacion.com.co