Isabel Marchena, vecina de barrio La Flor de Guadalupe, forma parte de un barrio organizado. Ella y sus vecinos se avisan cuando salen de sus casas, y entre todos están atentos a los carros que pasan por la calle.
“A nosotros se nos metieron a robar hace cinco años y, por eso, pusimos las rejas”, explicó esta ama de casa. “Somos desconfiados; así nos enseñan. Tengo 30 años de vivir aquí y no es tan inseguro. Pero afuera sí, por eso nos cuidamos”.
Como ella, muchas personas optan por tomar medidas de prevención en sus hogares, hayan sido víctimas, o no, del hampa.
De acuerdo con Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública de San José, si bien la seguridad es un deber inherente al Estado, se ha visto como una colaboración con la Fuerza Pública toda medida de seguridad preventiva en viviendas y negocios. Y esto sucede en toda la provincia.
De acuerdo con Vladimir Klotchko, jefe del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de San José, muchas veces las quejas que reciben tienen que ver con medidas de seguridad que son poco funcionales. Por ejemplo, calles que se estrechan porque vecinos alargan sus casas, agujas en calles públicas, ruido por vehículos que pitan al llamar al guarda para que les abra, o la colocación de su casetilla.
Según la Unidad de Robo y Asalto en Viviendas, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el robo en viviendas tiene dos líneas: el asalto y la “tacha”, cuando se fuerza el portón y la puerta para abrirla (muchas veces con una “pata de chancho”). Durante el año pasado, los lugares más conflictivos fueron Pavas y Curridabat, con 31 asaltos y 143 tachas.
Control humano. Frente al problema creciente de inseguridad ciudadana, existe la Ley de Regulación de Servicios de Seguridad Privada, que divide en categorías los servicios que en este ámbito prestan las empresas.
Según Juan Luis Sánchez, jefe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, del Ministerio de Seguridad Pública, esta ley dice que cualquiera puede contratar un servicio de seguridad privada, siempre que los gastos corran por su cuenta. Los servicios se clasifican en seguridad física (guarda en barrio o casa), electrónica (alarmas), respuesta armada y eventos masivos.
“Pienso que se está haciendo un esfuerzo para invertir el presupuesto público en seguridad ciudadana, pero mientras este no sea proporcional al crecimiento de la ciudadanía, ese detrimento se ve reflejado en el aumento de la seguridad privada”, comentó Sánchez.
De acuerdo con Klotchko, la única figura en donde no puede tener injerencia la Fuerza Pública y que es regida por sus propios estándares, es la del condominio. Estos tienen su propia ley (N°7933), y todo lo que pase en su interior es decisión del reglamento del residencial y su junta administrativa.
FUENTE: www.nacion.com