Nilda Garré disparó, justificó la acción como necesaria para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires –algo así como defensa propia, si vale la comparación–, y con un soplido sobre el cañón aún humeante puso punto final a la discusión con la Ciudad por el retiro de la custodia de la Policía Federal de edificios porteños. Mauricio Macri, el herido, primero se quejó de dolor; luego, mientras algunos de sus colaboradores buscaban una “ambulancia” con desesperación mientras otros se agolpaban junto al lesionado, reclamó entre quejidos que el autor del disparo sea también el médico que lo asista. Tras varios días de no obtener respuesta, encontró una “curita” en la seguridad privada con la que cubrió una pequeña parte del hueco que dejó el fin de los servicios adicionales de la Federal en la administración porteña.
Este hecho se hizo debate público, un gran guiso de palabras del que comieron, e intentarán seguir comiendo, kirchneristas, macristas y opositores que, aunque no formaron parte de la preparación, también quisieron meter el cucharón. Para el Ejecutivo nacional la decisión tomada no tiene vuelta atrás; para el de la Ciudad, la herida sigue abierta y continúa en su pedido de “asistencia médica” y denuncia de “abandono de persona”. El poder legislativo porteño también se metió en el tema y convocó a Guillermo Montenegro e invitó a Nilda Garré a dar explicaciones (el ministro dijo sí, la ministra, un rotundo no). Y mientras las palabras y acusaciones cruzadas se multiplicaban, desde el legislativo nacional, de un bloque unipersonal lejos de los K y de los PRO en el Senado, una propuesta se presentó para evitar que las frecuentes peleas entre la Nación y la Ciudad se sigan dando.
“La Ley Cafiero es la responsable del inevitable surgimiento de tensiones entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un largo debate por el ejercicio de las competencias”, afirmó el senador porteño Samuel Cabanchik (Probafe), al fundamentar un proyecto de ley para modificar esta normativa y garantizarle a la Ciudad la posibilidad de desarrollar su autonomía plena.
En la iniciativa presentada por Cabanchik se establece la transferencia a la Ciudad de “las partidas presupuestarias, recursos monetarios, materiales y de personal del Gobierno Federal afectados al cumplimiento de las funciones de seguridad y protección de bienes y personas dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a medida que dichas funciones sean asumidas por el Gobierno de la Ciudad”.
También propone la transferencia total de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial porteño mediante acuerdos progresivos, en un plazo no mayor a dos años, y el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.
Resaltando que el reclamo de autonomía no debe limitarse a algunos delitos de la justicia ordinaria (como propuso Daniel Filmus en su proyecto que cuenta con media sanción y espera ser tratado en Diputados) ni a la modificación de la Ley Cafiero para permitir la creación de la Policía Metropolitana y el continuo pedido de traspaso de la Policía Federal, el senador por la Ciudad remarcó que la defensa de la autonomía no es sólo palabras.
Ante la consulta de NU sobre el trabajo legislativo en materia de autonomía por parte de los senadores porteños y precandidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Daniel Filmus (Frente para la Victoria) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), Cabanchik dijo: “No quiero emitir juicio sobre el trabajo de mis colegas senadores por la Ciudad. No quiero opinar sobre lo que dejaron de hacer; a ellos, los proyectos existentes les parecen suficientes. Yo presenté este proyecto entendiendo que los ya presentados eran parciales e insuficientes. La autonomía es algo mucho más complejo que un eslogan de campaña”.
Y agregó: “Semanas atrás el Frente para la Victoria y el PRO se unieron en una votación para quedarse con los principales cargos de la Comisión Bicameral de la Ciudad (Filmus obtuvo la presidencia, y la diputada macrista Gladys González, la vicepresidencia primera). Sería bueno que ‘ese espíritu de cooperación’ se repita en el presente para brindar una pronta respuesta a esta compleja situación que viven los porteños. Las tomas en el Indoamericano, Soldati, el retiro de la custodia de la Federal, son varios casos que dejan expuesto que no se sabe cuál es la jurisdicción que compete, ni quién es el responsable al que el ciudadano debe recurrir”.
En un año electoral, lograr que un proyecto de ley complejo, como es cualquiera que enfrente los intereses de la Nación y de la Ciudad, se vislumbre es muy poco probable. Sin embargo, el autor de la iniciativa prefirió ver el vaso medio lleno y capitalizar el conflicto vigente, que tiene en el retiro de la custodia de la Policía Federal de dependencias porteñas sólo la punta de un gran iceberg.
“A cada proyecto hay que empujarlo y en este año electoral el debate será difícil. Pero, a diferencia de años atrás, hoy hay otra conciencia en la casa federal. El conflicto de la seguridad en la Ciudad es muy visible por lo que los senadores no pueden tratarlo con ligereza. Ningún conflicto es positivo en sí mismo, pero dado el conflicto, mayor es la conciencia que se adquiere. En la Argentina muchas veces se avanza en la legislación luego de un conflicto, ojalá éste sea otro caso”, concluyó.
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El artículo 2º de la Ley Cafiero es uno de los que más afecta el ejercicio de la autonomía de la Ciudad ya que, con muy pocas palabras, pone un coto a la posibilidad de asumir como propia cualquier competencia que no esté expresamente atribuida por la Constitución Nacional y deja en manos de la Nación “todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires”.
En otras palabras, lo que no se haya otorgado a la Ciudad expresamente es de la Nación, incluso aquello que no existía al momento de cerrar el Pacto de Olivos (delitos nuevos, por ejemplo) o que no se les ocurrió incluir.
En el proyecto presentado días atrás en la Cámara Alta, Cabanchik propone invertir los sujetos de los predicados, al modificar el texto del artículo segundo por uno que diga que la Ciudad “ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal”, dejando al Estado nacional como “titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones”.
FUENTE: www.noticiasurbanas.com.ar