El enfrentamiento político entre el gobierno nacional y el gobierno porteño tiene en vilo a la sociedad por la falta de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Sin la presencia de la Policía Federal ni la Policía Metropolitana, el sentimiento de indefensión crece al igual que los hechos de inseguridad en los edificios públicos tal como el caso del hombre apuñalado en el hospital porteño Santojanni. La espontánea solución pensada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, fue que a los lugares que quedaron a la deriva por el retiro de los efectivos de la Federal fuesen ocupados por personal de vigilancia privada.
Otro de los lugares fundamentales de dónde se ha decidido quitar la vigilancia que históricamente prestó la Policía Federal, son los bancos. Los efectivos no estarán más en las típicas garitas sino que prestaran servicios en las puertas de las entidades bancarias. Al igual que Macri, las gerencias de los bancos pensaron en las agencias de seguridad privada.
Entonces, el panorama de la seguridad muestra que los efectivos pertenecientes a una empresa de seguridad privada están en las puertas de los edificios residenciales, en las oficinas de empresas, en los bancos, en las universidades, en los complejos bailables, en los estadios de fútbol, en los recitales, en los centros comerciales, en el tren, en el subte, en el country; en definitiva, en todos lados.
Sin embargo, no existe una ley marco a nivel nacional que regule la actividad de estas empresas que lucran, “venden”, servicios de seguridad ante el creciente sentimiento de inseguridad que sufre la gran mayoría de la sociedad argentina, la cual vive con miedo, temor a convertirse en una victima más de la inseguridad.
Este cuadro de situación pone en primeros planos a un nuevo agente social con un rol cada vez más protagónico, ya que se interactúa al menos una vez al día con un empleado de seguridad privada. Pero quién controla a la seguridad privada.
El miedo a la inseguridad ha provocado, hace ya un tiempo, un auge de empresas privadas que prestan servicios de seguridad desde los años noventa y desde esos tiempos no se ha logrado sancionar una ley nacional sobre seguridad privada.
Al no haber una norma que regule la actividad, no se sabe quiénes son estos hombres que pertenecen a una empresa que se identifican con un nombre alusivo a la eficiencia en seguridad y usan un uniforme de determinado color; de quién es la empresa que “vende” servicios de seguridad; qué normas deben cumplir; y quién los controla.
Lo cierto es que en 1999 el Poder Ejecutivo Nacional, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Interior, promulgó el decreto 1002/99, regulando las prestaciones de Seguridad Privada en todo el territorio nacional, respetando las autonomías provinciales que mantenía la facultad de habilitación y control, pero organizando un Banco de Datos en línea con el RENAR, interconectando a todas las jurisdicciones.
Sin embargo, en la actualidad, ante la falta de aplicación del mismo por algunos cuestionamientos legales, se encuentra el problema de no poder saber cuántas empresas de seguridad, vigiladores, armamentos, automotores, blindados, equipos de comunicación existen y brindan servicios en todo el país.
El debate entre el comercio y el poder de Policía
En el Congreso hace años que se debate sobre quién debe regular esta actividad y si es facultad del Parlamento Nacional normalizar el servicio de seguridad privada.
Uno de los autores del proyecto en danza que tuvo cerca de ser aprobado, el diputado oficialista Luis Cigogna, advierte que esa discusión se puede volver a repetir porque el gran debate es si la regulación de empresas de seguridad privada es materia del ámbito nacional o son de las provincias. “Sin dudas, es objeto de regulación por parte federal, ya que lo sustancial es el ejercicio de un comercio lícito dentro del Código de Comercio, lo que indica que sería una facultad del Congreso de la Nación, según el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Argentina”, aseveró el peronista bonaerense. Por lo tanto, “le corresponde al Estado federal regular esta temática, porque es conveniente que sea una sola la norma para todo el país, cualquiera sea la geografía de la zona”, reafirmó.
Es decir que las provincias aplicarían la legislación nacional en lo que tenga que ver con la actividad comercial y en materia de seguridad aplicaría criterios locales sin contradecir el marco normativo a nivel nacional, lo que indica que el poder de policía quedaría en manos de las gobernaciones.
Cigogna explica que es una actividad sumamente delicada porque “si bien es una actividad comercial lícita, tiene el deber de brindar seguridad al ciudadano”. Por eso, “es necesario que el Estado tenga un papel muy firme en cuanto a definir el marco de actuación y a tener un contralor muy efectivo sobre este tema”, afirmó.
Otro proyecto de ley, perteneciente al diputado kirchnerista Miguel Ángel Iturrieta, fundamenta que en todos los Estados provinciales, a través de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, ha dado solución a una cuestión similar en la órbita pública, ya que las provincias han delegado en cabeza del Presidente de la Nación la conducción política del esfuerzo nacional de policía, quien coordinará el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales. Asimismo, formulará políticas, doctrina y planes y conducirá las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior (artículo 8°).
Además, el diputado misionero afirmó que es necesaria una ley a nivel nacional porque “si un camión con vigilancia debe atravesar todo el país se encontrará en territorios donde haya una ley diferente a otra y en algunos ni siquiera haya regulación”.
Policía privada de ley
Elaborar un proyecto para regular la actividad de las empresas de seguridad privada no es fácil. Desde 1991 existieron sucesivos proyectos que intentaron dar un marco normativo, pero todos han fracasado.
Si bien en algunas provincias existe la regulación, como por ejemplo Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional hay un vacío legal al respecto.
En 1999, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto pero, sin embargo, éste pasó al Senado y perdió estado parlamentario.
El principal problema de las iniciativas son sus dos partes encontradas: la lucrativa y la seguridad; convierten a los proyectos en leyes bastantes extensas que tienen muchos aspectos reglamentarios y otros polémicos en lo comercial. Asimismo, los intereses económicos creados hacen que distintos períodos gubernamentales no puedan regular esta actividad a nivel nacional.
En la actualidad, desde el final de 2009, el Parlamento no ha debatido proyectos de ley al respecto, aunque existen varias iniciativas de distintos sectores políticos, pero, sin dudas, el tema deberá espera a que concluyan las contiendas electorales provinciales o nacionales. Salvo que haya una orden desde la Casa Rosada de activar la discusión y existe una verdadera voluntad política para cumplir con una deuda histórica que lleva veinte años esperando ser regulada. Por ahora, la seguridad está privada de una ley marco regulatoria. Seguridad privada sin ley.
FUENTE: www.ncn.com.ar