El 60 por ciento de la población en Latinoamérica se siente insegura en las calles de sus barrios, dice el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y agrega que esta percepción de inseguridad es la más alta en el mundo. También afirma que “la violencia criminal reduce en más de un 12 por ciento el PIB latinoamericano. El gasto en seguridad privada, que se acerca a los siete billones de dólares en América Latina, supera largamente el gasto público en seguridad y justicia en la mayoría de los países de nuestra región”.
Y de acuerdo con una encuesta realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) entre empresarios del continente, “más del 75 por ciento respondió que el factor seguridad ciudadana ha afectado negativamente el clima de inversión de su país, tanto doméstica como foránea, en estos últimos tres años de manera importante”.
Se pueden plantear más datos, pero por donde se vea la falta de seguridad pública afecta el desarrollo de todos los países. Las organizaciones criminales actuales son responsables del tráfico de drogas, del lavado de dinero, del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, del tráfico de armas, de la extorsión, la piratería y el secuestro. Por eso se han fortalecido las acciones internacionales y regionales para combatirlas.
Por ejemplo, en la pasada reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se aprobó la nueva estrategia de combate a las drogas 2011–2015 elaborado por un Grupo de Trabajo de Alto Nivel que lideró México, que por primera vez “presta una atención equilibrada a los distintos componentes del combate a la droga, con propuestas muy claras para controlar la oferta, combatir el lavado de dinero y reducir el tráfico de armas hacia los narcotraficantes”.
También están los acuerdos de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, los que alinearán las iniciativas de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil a las prioridades identificadas en una estrategia consensuada. Luis Alberto Moreno, presidente del BID, anunció apoyos por 500 millones de dólares para este esquema.
No obstante, la propuesta que más me llamó la atención es la que hicieron los empresarios de todo el continente americano a través de una encuesta que hizo la OEA. Entre las cosas que piden están: mejorar los sistemas de búsqueda y persecución del crimen organizado; fortalecer las instituciones policiales y los servicios de inteligencia; participación y cooperación de múltiples actores, como los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, la sociedad en su conjunto.
El Consejo Empresarial de America Latina (CEAL), que preside Werner Moeller, de Ecuador —el mexicano Gilberto Marín, del Grupo Pi Mabe de Puebla, es el vicepresidente—, dice que la cooperación internacional para perseguir y penalizar el crimen organizado debe ser total, “porque al crimen trasnacional no se le puede combatir sin la cooperación entre gobiernos, con agencias internacionales y con las Fuerzas Armadas de diversos países. El crimen organizado debe de ser elevado a la categoría de crimen contra la Humanidad y contra los Derechos Humanos, y las instancias intergubernamentales regionales como la OEA deben de constituir fuerzas-tarea de combate, sean de naturaleza técnica, política, judicial, policial o militar”. No hubo respuesta, o no se hizo pública.
FUENTE: www.msemanal.com