Las agencias que ofrecen custodia personalizada en la ciudad crecieron en los últimos años, al punto de convertirse casi en una fuerza de seguridad paralela. Quiénes son, cómo se preparan y qué controles reciben los que venden tranquilidad.
Basta con elegir una cuadra de la ciudad al azar.
Puede ser la calle Holdich al 400, Mitre al 300 o Terrada al 1200. Da igual. En todas pueden verse los carteles sobre las fachadas de casas y comercios.
Algunos son amarillos con líneas negras. Otros, azules y blancos. También hay de otros colores, pero son apenas detalles de diseño. Lo verdaderamente importante es que todos, sin excepción, anuncian que ese lugar es monitoreado las 24 horas por una agencia de seguridad privada.
Los carteles no sólo informan, también advierten, al pasar. El significado cambia según la intención de quien lo mire.
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El sostenido crecimiento del delito en todo el país, con especial énfasis a partir de 1995, modificó buena parte de las costumbres de los argentinos.
El peligro, de pronto, se instaló en casas y departamentos, en los portones de los garages, en las esquinas con el semáforo en rojo, en las incursiones al banco, las salidas nocturnas, las llamadas desde celulares desconocidos, las noticias de último momento y los discursos políticos.
La paranoia, por momentos justificada, fue derramándose como un líquido helado a lo largo de la columna vertebral de una sociedad temerosa de perder lo poco, o mucho, que poseía.
Primero aparecieron las rejas, luego las luces con sensores, más tarde llegaron las alarmas, los cercos electrificados, las puertas blindadas y las cámaras de vigilancia. Muchos decidieron mudarse a countries o barrios privados, mientras que otros directamente apostaron por la compra de pistolas o revólveres para poder conciliar el sueño.
En alguna curva de esa espiral violenta también se masificaron las agencias privadas de seguridad.
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De acuerdo con el listado de prestadores reconocidos por la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de la Seguridad Privada (DGFASP), dependiente del gobierno provincial, existen unas 19 empresas de vigilancia habilitadas en la ciudad.
Se trata de las firmas conocidas como Bahisur, Brújula, Codecop, Chapelco, Falcon, Federal Service, Goya Corrientes, Guardman, Inviba, Lubiseg, Pangare, Pegaso, Prosegur, Rayo, Search, Segrup, SOS y Sud Atlántica. Además, claro, está Securitas.
La compañía multinacional de origen sueco, con filiales en 45 países, se instaló hace dos años en Bahía Blanca, tras la compra de Vigilan y SIS, además de ofrecer los servicios de las porteñas Seguridad Argentina y Cono Sur.
Sumadas, todas las agencias nuclean cerca de 1.300 empleados que monitorean buena parte de Bahía Blanca, día y noche, casi a la par de las fuerzas policiales, que hoy reúnen poco más de 1.100 efectivos entre la Distrital y la Departamental.
Los trabajos que ofrecen están basados, principalmente, en la prevención de robos de los bienes o propiedades de sus clientes, con servicios como el chequeo de sensores y alarmas, el control de accesos, las custodias, los patrullajes, y la asistencia ante cualquier emergencia.
En este punto, las regulaciones son claras: los custodios no pueden portar armas de fuego donde haya gente, ingresar por su cuenta al lugar damnificado ni hacer detenciones, pero sí emplear tonfas (cachiporras), auxiliar con datos a la policía y realizar los denominados "arrestos ciudadanos", en rigor, una facultad de cualquier particular que presencia un crimen.
Queda claro que, por su propia naturaleza operativa, estas empresas se encuentran instaladas en una zona ambigua, a medio camino entre lo civil y lo uniformado, pero con una enorme responsabilidad institucional.
Es lógico preguntarse, entonces, quiénes las integran, si están capacitadas para ocupar ese lugar dentro de la sociedad y, sobre todo, cuáles son los mecanismos para controlarlas.
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La actividad local, regulada por la ley provincial 12.297, establece cuál es el perfil mínimo que se le exige a los vigiladores: tener entre 21 y 60 años, ser argentino o naturalizado, no tener antecedentes penales, no haber sido exonerado de una fuerza armada o de seguridad, no estar involucrado en crímenes de lesa humanidad y aprobar un examen psicológico y otro físico.
De cumplir con estos requisitos, los aspirantes deben pasar por el Instituto Austral de Capacitación en Seguridad (IACSE), dirigido por Edgardo Pérez Famular, un retirado capitán de la Armada, fundador de Vigilan a mediados de los años '80.
Tras un pago de 600 pesos, los alumnos realizan un curso obligatorio de 100 horas, basado en el aprendizaje de las nociones legales y de Derechos Humanos, además de entrenamiento en las técnicas de procedimiento, educación física, defensa personal, tiro, primeros auxilios y prevención de incendios.
Quienes egresan, al cabo de apenas dos semanas de instructorado, lo hacen con un certificado homologado por el ministerio de Seguridad de la Provincia, que los habilita para trabajar de manera formal en todo el ámbito bonaerense.
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Una vez dentro del sistema, cada vigilador puede optar a qué gremio afiliarse: el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP), creado en Bahía por el vigilador Federico Galeano, o la delegación local de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), a cargo de César Tolosa.
Ambos se encuentran distanciados, no sólo por pertenecer a corrientes sindicales opuestas --el SSIP responde a Hugo Moyano, en tanto que la UPSRA sigue la línea propuesta por Luis Barrionuevo--, sino por las diferencias que mantienen al momento de interpretar el régimen de horarios, las cuestiones salariales y los beneficios de la obra social.
En cada caso, unos y otros se reprochan mutuamente no proteger como corresponde a trabajadores que, según remarcan, soportan mucha tensión física y psicológica por su exposición constante al riesgo, a los turnos demasiado prolongados, al rigor climático, y hasta a las agresiones de particulares --por lo general, jóvenes alcoholizados-- que los hostigan en la calle por vestir uniforme.
El ataque sufrido por un vigilador de la agencia Rayo, que fue rociado con gas pimienta por un grupo que salía del boliche Impacto, en la primera cuadra de Sarmiento, es uno de los tantos ejemplos de esta presión cotidiana.
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A pesar del volumen de personal, infraestructura y del negocio en general, insólitamente los controles diarios de la DGFASP se realizan a distancia, desde La Plata. De hecho, no hay una oficina, ni siquiera un teléfono, del organismo en la ciudad.
Suele haber, en cambio, dos o tres inspecciones personalizadas anuales, tanto en las oficinas de cada firma como en los lugares de trabajo de los vigiladores, con el propósito de verificar si se cumplen las condiciones legales generales, a riesgo de imponer sanciones económicas.
El problema que advierten las agencias es que únicamente se chequea el trabajo de aquellas autorizadas por el Estado provincial.
Dicen --aunque no aceptan precisar nombres-- que hay un gran porcentaje de empresas que ofrecen seguridad privada de manera irregular, con empleados contratados en negro y servicios cotizados a precios viles, pero que el ministerio de Seguridad no parece interesado en investigar.
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De repetirse la tendencia internacional de los últimos años, las agencias de seguridad privada seguirán multiplicándose, tanto en Bahía como en el resto del país, amparadas por una sensación generalizada de indefensión, al margen de quienes remarcan que se trata sólo de eso, de una sensación.
Presumiblemente habrá decenas de nuevas empresas, con centenares de vigiladores incorporados a sus filas, custodiando toda clase de clientes: desde casas de familia, comercios, campos y obras en construcción, hasta oficinas, bancos, fábricas y complejos industriales.
Parece inevitable que, ante este panorama, deberán revisarse algunas cuestiones básicas. En especial las vinculadas con las habilitaciones de personal, la capacitación y el control estatal, acaso los puntos más débiles entre quienes eligen comerciar con la tranquilidad ajena.
La vigilancia privada roza un nervio demasiado sensible como para dejarlo librado a la informalidad.
Un rubro cada vez
más especializado
* Fernando Azpiroz (Gerente Región Sur de Securitas Argentina-Vigilan).
"Hoy, contrariamente a lo que mucho creen, las agencias ya no buscamos tanto la participación de personas retiradas de las fuerzas de seguridad. Más bien, queremos postulantes adecuados a los requerimientos del negocio, con vigiladores jóvenes que tengan conocimientos de informática. Queremos que el rubro sea cada vez más especializado. Recursos humanos más el aprovechamiento de la tecnología: ahí está el futuro de la seguridad.
"Lamentablemente, en este negocio existe mucha informalidad. Hay mucho trabajo en negro e incumplimientos del convenio de trabajo. Por eso creemos que sería muy bueno que hubiera una mayor presencia de los organismos de control en las ciudades importantes como Bahía, alguien que funcionara como interlocutor para trabajar sobre esos problemas".
Responsables, ante todo
* María Luján Lomolino (Jefa de Personal y Operaciones en la agencia Rayo).
"Hay mucha inseguridad. Antes sonaba cada tanto el teléfono para pedir una alarma o seguridad física. Ahora es algo constante. La gente pide presupuestos todo el tiempo porque muchos ya no saben qué hacer. La mayoría de nuestros clientes fue asaltada o se siente insegura y necesita que alguien los ayude y les brinde contención y asesoramiento.
"No sé cómo se manejan las otras empresas, pero aquí exigimos que nuestros vigiladores sean mayores de 25 años, preferimos que no sean chicos, sino más hombres. Apuntamos a la búsqueda de gente casada, responsable, que hable bien, que tenga experiencia previa, con buenas referencias, y, sobre todo, que no sea un trabajador golondrina. Nos agrada aquella gente que ya sabe lo que tiene que hacer y que no se asusta por tener que estar uniformado. Eso es fundamental en este negocio".
Mucho más que una cuestión de actitud
* Edgado Pérez Famular (Director del IACSE).
"En cada nuevo curso, uno puede encontrar toda clase de aspirantes a vigilador privado. Aunque, por lo general, hay características comunes: no son ideológicamente de izquierda, vienen con alguna referencia familiar que los incentivó, como podría ser un pariente militar o policía, necesitan una salida laboral rápida, y además tienen muchas ganas de entusiasmarse con la profesión. Cosa que, a veces, las propias empresas se encargan de quitarles después.
"Después, sí, viene la cuestión de la actitud, el que realmente sirve para este tipo de trabajo y el que se arriesga porque no tiene nada mejor que hacer. Cada tanto también aparece algún aspirante que se pone agresivo o que le falta el respeto a los docentes y tenemos que darle de baja, aunque son casos raros, como los que reprueban el curso, que son menos del 5 por ciento".
En defensa de los derechos
* Federico Galeano (Secretario General del SSIP).
"En general no hay una contención para los trabajadores de la seguridad privada, y ése es un poco el papel que queremos desarrollar desde el sindicato. Estamos peleando para que las agencias, los supervisores o los clientes sepan que somos personas. No somos un robot al que meten en un puesto de vigilancia para estar ahí todas las horas que ellos necesitan, sin importarles qué nos pasa o si necesitamos algo.
"Mucha gente tiene hasta 20 años dentro de la vigilancia y, cuando hablan con nosotros, hasta se largan a llorar, porque dicen que siempre fueron maltratados y excluidos en todo. Por eso hoy nos dedicamos a sentarlos, a explicarles sus derechos, a mostrarles el convenio, y que sepan que los vamos a ayudar".
La metodología compartida
* Héctor Abel Maggi (Jefe de la Policía Departamental de Bahía Blanca).
"La relación que tenemos con las agencias locales es muy buena, al punto que hacemos muchas reuniones en conjunto para analizar ciertos temas relacionados con la operatividad ante el delito. Incluso ya compartimos una metodología de trabajo: suena una alarma en alguna casa controlada por estas agencias, e inmediatamente recibimos la notificación, como en un doble comando.
"Sé bien que con las reformas legales que se hicieron en la provincia, los controles sobre los vigiladores se han extremado, tanto en los requisitos para el ingreso como en el control interno de cada empresa. Por eso sabemos perfectamente quiénes son los empleados que se ganaron la confianza de su agencia, a base de honestidad y buen desempeño. Estamos tranquilos con la tarea que realizan porque sabemos que, en definitiva, el Estado sigue haciendo el papel de contralor".
18
empresas de seguridad privada están habilitadas en la ciudad.
1.300
es el número estimado de vigiladores contratados.
15
días dura el curso obligatorio de instrucción para habilitar a un vigilador.
2
controles anuales realiza la DGFASP, el organismo encargado de supervisar a las agencias.
135
pesos mensuales es el precio estándar para contar con un servicio de alarmas domiciliario.
48
horas semanales de trabajo es el máximo especificado en el convenio colectivo de la seguridad privada.
Un año es la duración de la credencial que tiene cada vigilador. Para renovarla, debe realizar otro examen psicofísico.
3.600
pesos será el sueldo mínimo de un vigilador, a partir del primer día de octubre.
FUENTE: www.lanueva.com