Desde el organismo de control criticaron la falta de cumplimiento de la Ley 1.931 que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad privada de la Ciudad. Para dar solución, dieron una serie de recomendaciones.

Un relevamiento que realizó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a la Ley 1.913 (que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad en la Ciudad) reveló que hay varios puntos de la norma que no se están cumpliendo como debieran. A través de un escrito, el organismo de control enumeró uno a uno los temas con las recomendaciones correspondientes.

En primer lugar, y en relación al contenido de las capacitaciones, es “notorio” el desajuste entre la cantidad de contenido de las materias y las horas de cursada. Para solucionarlo, proponen debatir y examinar los contenidos de acuerdo a la extensión de los cursos, ya que hasta el momento sólo se encuentran “orientados a las necesidades de las empresas prestadoras”.

Sobre las condiciones de asistencia a los cursos, desde la Defensoría aseguraron que las empresas “son reacias a conceder días francos para realizarlos, y obliga a los vigilantes a realizarlos en su tiempo libre”. En la mayoría de los casos, “no asumen los costos de estos cursos”, dijeron.

Otro de los puntos indica que “faltan controles por parte de autoridades a los institutos y clases y a los resultados de las capacitaciones”. 

Por último, y vinculado a la ausencia de oferta pública en materia de formación de los vigiladotes, es necesario que el Instituto Superior de Seguridad Pública “incorpore a su currícula y ofrezca cursos de formación y especialización para vigiladores”.

LEY 1.913
Además de regular el funcionamiento de las empresas de seguridad, hace hincapié en la formación y capacitación de los prestadores de seguridad privada, para garantizar la calidad profesional y la subordinación de los agentes a los principios y pautas de derechos humanos.

FUENTE: www.noticiasurbanas.com.ar