A pocas semanas de haberse retirado del Ejército Mexicano, el general Alejandro Sandoval Torres, que comandó la guarnición local hasta 2009, funge ahora como apoderado legal de una empresa de seguridad privada cuyo principal servicio es la gestión de permisos de portación de armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el militar, el proyecto de crear la empresa —denominada Agencia de Seguridad Integral— inició hace unos dos años, pero se consolidó apenas en marzo pasado.

Fue poco antes de ese mes que la Sedena notificó a los gobiernos estatales que, en agosto 31, se pondría fin al esquema que por años permitió que cientos de guardias de seguridad privados portaran armas como si fueran agentes de seguridad pública; trámite que, informó también el Ejército a las autoridades locales, se debe hacer a través de empresas de seguridad privada legalmente constituidas.

Entrevistado en su oficina, Sandoval Torres también informó que él se retiró del Ejército Mexicano hace aproximadamente un mes y medio, por lo que fue consultado con respecto al conflicto de interés que podría generar su nueva función tramitando permisos ante la instancia de gobierno para la que trabajó durante más de 20 años.

“No, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser un conflicto de interés? Yo me retiré del Ejército por así convenir a mis intereses; no hay ninguna otra explicación”, dijo Sandoval.

“Ya estuve bastante tiempo, ya serví mucho en las Fuerzas Armadas. Quiero retirarme fuerte, sano, todavía con ganas de vivir. No hay conflictos de intereses”, insistió.

De acuerdo con un experto en Derecho, sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide a los funcionarios –incluso un año después de haber dejado su cargo– ocuparse o aceptar trabajos relacionados con la función pública que desempeñaron.

“Ahí hay un conflicto de intereses, y podría aplicarse tanto a las personas que obtienen la concesión, pero también a quien, en Sedena, otorgó y está favoreciendo al otorgar esas licencias”, explicó Salvador Urbina, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Colegios de Abogados.

Al respecto, la fracción XV del artículo 47 de la citada ley ordena a los funcionarios “abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero (…) empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII (cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado), y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

La empresa Agencia de Seguridad Integral es propiedad de Patricia Álvarez, esposa de Sandoval Torres y quien, en entrevista, también descartó la existencia de conflicto de intereses ya que, por el contrario, dijo, es mejor que este tipo de actividades queden en manos de personas conocedoras del tema.

“Habría un conflicto si fuera un servidor público; él ya es libre, puede trabajar donde quiera. Es el mismo caso de muchísimos ex militares que trabajan por fuera”, dijo Álvarez.

“No tiene nada que ver, no procede. Si fuera funcionario sí, pero al contrario: qué bueno que vamos a estar en manos de gente que realmente conoce estos temas, y que es gente honorable e incorruptible”, agregó la empresaria.

De acuerdo con Álvarez, la Agencia de Seguridad Integral es la única en Ciudad Juárez que, a la fecha, cuenta con licencias de portación de armas colectivas de orden federal, lo cual significa que el escolta que utilice una de esos permisos puede portar los instrumentos de fuego en todo el territorio nacional.

Para la empresa se abrirá este año un mercado de cientos de escoltas privados que, a partir del 1 de septiembre –y por disposición de la SEDENA– deberán regresar los permisos de portación de armas que desde hace años, y previo pago, les facilitaba el gobierno estatal, el cual además les daba categoría de agentes policiacos tipo “E” y les permitía usar calibres exclusivos para uso exclusivo del Ejército, como fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros.

Pero esta modalidad, de acuerdo con Álvarez, infringía sobre todo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual impide que particulares usen este tipo de armamento.

“Es donde el Estado cayó en la ilegalidad. Si a lo mejor ellos hubieran hecho esa negociación con una agencia, como lo estaban haciendo, pero hubieran otorgado los calibres permitidos por la ley, no hubiera pasado nada y el empresario ya se hubiera acostumbrado”, dijo Álvarez.

Fue así, dijo la empresaria, que ella tuvo la idea de crear una empresa que pudiera meter en la legalidad a los empresarios cuyos escoltas portaban armas que sólo correspondían al Ejército Mexicano.

“Ahí me nació la idea. Les dije: vamos a legalizar, porque se quejan de tanto crimen, de tanta impunidad, y tienen que poner el ejemplo. Le dije: vamos a hacer una agencia, para que ellos puedan tener la posibilidad de hacer las cosas bien; ellos no tienen la culpa (de portar armas que no les corresponde). El general me dijo primero que no, pero como a la tercera me dijo: ‘¿de veras lo quieres hacer? y le dije: ‘sí, porque es un grave problema, y a la hora de que haya eventos, hasta los empresarios van a tener problemas legales”, dijo Álvarez.

Sandoval mencionó también que, a la fecha, la empresa presta servicio a empresarios como el ex alcalde Jaime Bermúdez –propietario de diversas empresas inmobiliarias– y Carlos Murguía, del restaurante Barrigas.

Álvarez y Sandoval explicaron también que las leyes vigentes permiten sólo ciertos calibres para el uso de los guardias de seguridad privada –como pistolas .380 o .38 súper, así como escopetas calibre .12– y que, si bien son menores que los del uso exclusivo del Ejército Mexicano, pueden servir puntualmente para el trabajo de protección que corresponde a este tipo de empleados.

Todo depende, insistieron, en la capacitación y el adiestramiento con la que cuente el guardia de seguridad, ya que su labor, dijo Sandoval, es sólo proteger a los sujetos que los contratan y sacarlos del peligro, mas no combatir a los criminales ni perseguirlos.

Eluden tema de ‘Cuco’ Ruvalcaba

La Agencia de Seguridad Integral es la misma que aparecía en la credencial encontrada en el vehículo del ex policía Refugio Ruvalcaba Plascencia, asesinado en la capital del estado el pasado miércoles 10 de agosto y quien, se informó, laboraba para la empresa de Álvarez.

Sandoval, sin embargo, declinó abundar en este dato mencionando que no quería entorpecer la investigación que lleva a cabo el ministerio público del estado.

Alejandro Sandoval Torres fue nombrado general brigadier de arma en noviembre de 2008, después de lo cual fue enviado como comandante a cargo de la guarnición militar en Ciudad Juárez, cargo que ocupó hasta finales de 2009.Â

FUENTE: www.diario.com.mx