Chihuahua, Chihuahua.- Las empresas de seguridad privada quintuplicaron su plantilla laboral para responder a la alta demanda de servicios que en los últimos dos años provocó la necesidad de resguardar personas o bienes de los embates de la delincuencia, aunado a que sólo existen tres policías para el resguardo de cada 100 mil habitantes en el estado de Chihuahua.
A raíz de que 19 mil 258 denuncias se han presentado en el último semestre para señalar un aumento en la incidencia de robos perpetrados, con y sin violencia, las estadísticas señalan también que cada vez son más las personas quienes recurren a la contratación de vigilantes ajenos a los cuerpos de seguridad pública.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a finales del año antepasado eran apenas mil 71 personas quienes estaban debidamente identificadas ante la autoridad para ofrecer servicios de seguridad privada en esta entidad, a un costo de 23 millones 912 mil pesos anuales para los particulares.
Ahora se estima que existen unos seis mil elementos que tienen un registro oficial ante las corporaciones de seguridad pública, que representan a la mitad del personal de las empresas que en los últimos 24 meses aparecieron para compartir la oportunidad de negocios que generó el repunte de la delincuencia, a partir del inicio de la originalmente llamada Operación Conjunta Chihuahua.
Esos elementos conforman a las 101 empresas de seguridad plenamente identificadas ante la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chihuahua, que aglutina alrededor de mil 500 vigilantes; otras 223 empresas están identificadas la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez, donde se contabilizan cuatro mil 325 personas autorizadas para ofrecer el servicio de vigilancia de personas o edificios.
De ahí que se advierta un aumento de hasta 500% del personal de seguridad privada donde se invierten 123 millones de pesos sólo para el pago de su jornada laboral por parte de los contratantes de los servicios, mientras la cifra ascendía a los 24 millones para finales de 2009.
Y es que a nivel estatal se estima que la cifra de vigilantes privados remonta a un total de 10 mil personas las que diariamente se les está pagando un sueldo mínimo de 57 pesos conforme a lo estipulado en la legislación laboral, aunque por lo general la remuneración oscila entre los 180 pesos.
Es por eso que organismos como la Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada (Conespri) sostienen un 76% de todos los guardias privados del país laboran sin estar plenamente identificados ante las autoridades estatales o municipales, lo que representa un riesgo porque estos empleados no pueden ser sometidos a filtros de control, a sabiendas de que escapan a la obligación de someterse a un examen de control de confianza como la tienen los policías en nómina de Gobierno.
Esa situación propicia que haya un descontrol entre el personal de seguridad privada que, a pesar de la prohibición para realizar labores de seguridad pública, representan el 10% de la fuerza del Estado Mexicano para hacerle frente a la criminalidad.
En el caso de Chihuahua esta fuerza complementa a la disponibilidad de elementos de seguridad pública disponibles para la protección de los ciudadanos, pues sólo existen tres policías para el resguardo de cada 100 mil habitantes en el estado, una proporción de las más altas en toda la República Mexicana.
"Debido a la escalda de violencia en nuestro estado las personas han optado por implementar medidas de seguridad adicionales a las que brinda la autoridad y por lo tanto se ha visto el crecimiento desmedido de empresas de seguridad privada, que en muchas ocasiones estas empresas se constituyen al margen de la Ley, sin contar con la acreditación o capacitación correspondiente", afirmó el diputado Raúl García.
Esto al proponer la actualización de los padrones para conocer sin dudas quienes son las personas que reciben un ingreso por la protección de la vida o patrimonio de la comunidad.
El legislador Francisco Salcido propuso además crear la Ley Estatal de Seguridad Privada, pues ese personal carece de la preparación necesaria para afrontar la comisión de una conducta antisocial, en el marco de sus responsabilidad, lo cual provoca que se conviertan en elementos que sólo llevan un control de entradas y salidas de vehículos o personas.
FUENTE: www.oem.com.mx