La propuesta que presentó la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, para modificar la ley que reorganizó el Sistema Penitenciario, no solo busca que el personal de las agencias de seguridad privada funcionen como custodios a lo externo de las cárceles, específicamente en el traslado de los reos.

La modificación, al Artículo 100, de la Ley 55 de 2003, también establece que los agentes de seguridad apoyarán a lo interno de los centros penitenciarios. La decisión, la atribuyen a la crisis que existe en las cárceles del país, debido a la falta de personal y a las presiones de algunos miembros del Ejecutivo, para que se saquen a los policías de las cárceles.

De plano, la iniciativa no fue bien vista por algunos sectores, que cuestionan la capacidad que tiene el personal de las agencias de seguridad privadas para custodiar o controlar a los reos, que muchas veces son de alta peligrosidad.

“Me parece una opción delicada. Es preocupante, ya que el proceso de selección y entrenamiento de agentes de seguridad privada no es garantía para que cumplan con los estándares de seguridad de los centros penitenciarios”, manifestó Rafael Ceballos, dirigente del Movimiento de Jóvenes en Pro de la Seguridad Ciudadana.

Ceballos dijo que es consciente de la presión que existe para que se retire a los agentes de la Policía Nacional de las cárceles, pero recomienda que el proceso se postergue, porque no es seguro que esta iniciativa solucione la crisis que se vive en las cárceles.

Agregó que actualmente los filtros de las agencias de seguridad son burlados y que esto lleva a que se contraten a personas con antecedentes penales, de consumo de drogas o problemas psicológicos. “No es lo mismo cuidar una galera, que cuidar a un detenido”, enfatizó.

Analizan propuestas.
Giuseppe Buonaiuco, de la Asociación de Agencias de Seguridad, considera que este punto del proyecto se debe analizar, debido a que desconocía que la norma también busca incluir la vigilancia y custodia dentro de las cárceles.

A pesar de esta disyuntiva, Buonaiuco apoya que los agentes de seguridad colaboren con el traslado a las diligencias médicas o judiciales de los reos.

Sin embargo, sugiere que al momento de reglamentar la ley, se establezca la aplicación de un plan de adiestramiento, en conjunto con las autoridades, para los agentes privados.

En cuanto a la selección y reclutamiento del personal de seguridad, Buonaiuco afirmó que esto ya no es un problema, porque se resolvió con la aprobación la Ley 56, de mayo de 2011, que regula los servicios privados de seguridad, al determinar como requisitos para formar parte de una agencia de seguridad privada, la revisión de los antecedentes penales, pruebas de conocimiento y psicológicas, así como de uso de armas y exámenes antidopajes.

 

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