El diputado Jorge Kahwagi presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada tendiente a profesionalizar a los agentes del sistema de seguridad privada y poder responder al mercado, estableciendo un marco reglamentario con mayores exigencias en la capacitación.
La iniciativa propone que los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo con un prestador de servicio de capacitación avalado por la Secretaría de Seguridad Pública federal.
La capacitación que se imparta deberá contemplar al menos tres módulos: legislación, donde se vea la Constitución Política y demás leyes aplicables en la materia; humano, en el cual se atienda la relación con terceros; y el técnico, en el que se resalta el manejo de armas, técnicas de defensa y procedimientos básicos para proteger a su cliente o el valor que resguarda.
También contempla avalar al o los prestadores de servicios que brindarán capacitación al personal operativo de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada.
En la iniciativa, Kahwagi pide que se exhiba la constancia del prestador de servicio de capacitación avalado por la Secretaría de Seguridad Pública federal, que acredita que cada persona que se integrará como personal operativo de la empresa ha recibido y aprobado el curso de capacitación.
En la iniciativa señala que la Dirección General de Registro y Supervisión es la facultada para establecer los lineamientos, objetivos y alcances que deben reunir los programas de capacitación; sin embargo, también podrá concertar acuerdos con los prestadores de servicios para colaborar en el diseño a los planes y programas de capacitación y adiestramiento.
En la exposición de motivos, el legislador refiere que muchas de las leyes no están bien fortalecidas para cubrir situaciones complejas y en muchas ocasiones tampoco para situaciones simples.
“La capacitación de los escoltas es un elemento crítico que debe preverse en la ley. Hoy se hace pero de manera muy laxa, lo que ocasiona que haya mucha gente en las calles con un arma y que puede poner en riesgo la seguridad de otras personas”.
Remarcó que la seguridad privada es una actividad de interés público, pro la forma en que afecta a la sociedad en su conjunto y por los estrechos vínculos que presupone con el Estado.
“Si bien aceptamos que el Estado no está en capacidad de garantizar todas las necesidades de seguridad que la población requiere en pro del desarrollo humano integral, no podemos obviar que esta actividad debe estar controlada y regulada por el Estado”
FUENTE: www.cronica.com.mx