La seguridad no es una prioridad en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), a pesar de que en el campus universitario se han reportado seis casos de intento de agresión sexual los últimos dos meses, según la procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez.
“Hay que establecer la seguridad como una prioridad y eso se demuestra proveyendo una mayor cantidad de guardias universitarios adiestrados para atender incidentes de esta naturaleza”, afirmó la exfiscal en entrevista con El Nuevo Día.
En verano pasado la rectora del recinto riopedrense, Ana Guadalupe, canceló el contrato con una compañía de seguridad privada. Desde ese momento la seguridad del campus universitario recae sobre 92 oficiales de la guardia universitaria, que se dividen en tres turnos y los 20 puestos de prioridad que tiene el recinto. Este campus universitario cuenta con 158 edificios a través de 204 cuerdas de terreno.
Luego de los primeros cinco casos de intentos de agresión sexual, Guadalupe reforzó la seguridad del recinto con una campaña informativa y un plan que contempla rondas de patrullaje a bicicleta realizadas por dos policías estatales.
También prometió la contratación de una compañía de seguridad privada, una acción que objeta la comunidad universitaria, que entiende que la seguridad se debe reforzar con guardias universitarios.
Además, el presidente de la institución Miguel Muñoz anticipó la reorganización de la guardia universitaria y la contratación de guardias adicionales.
Pero todavía no se ha contratado la compañía de seguridad privada, ni se han reclutado oficiales de seguridad.
Ayer tras reportarse el sexto caso de intento de agresión sexual y después que un joven irrumpiera en la residencia oficial de la rectora y pasara la noche en el lugar, Muñoz indicó que los guardias privados iniciaran labores este fin de semana. No indicó la cantidad de oficiales, ni la compañía que ofrecerá estos servicios.
Ante la falta de guardias universitarios, Vázquez planteó la posibilidad de que establezcan acuerdos con la Policía estatal y la policía municipal para reforzar la seguridad en lo que la institución recluta al personal adecuado.
Vázquez también describió la medidas de seguridad implementadas por la administración de la UPR como insuficientes y subrayó que la institución tiene la obligación de proveerle seguridad a los universitarios.
“Evidentemente lo que sigue ocurriendo en la UPR demuestra que las medidas de seguridad no son suficientes, que tienen que ser más rigurosas”, apuntó.
De acuerdo a Vázquez, la institución no puede depender de las acciones individuales de los estudiantes para atender esta situación.
“No pueden depender de que las estudiantes vayan allí a defender con pepper spray”, apuntó.
En varios de los incidentes reportados, las estudiantes ha utilizado el gas pimienta para defenderse y escapar de sus agresores.
Vázquez también observó que el modus operandi de los agresores revela que acechan a sus víctimas y que sienten un grado de impunidad porque continúan las agresiones.
FUENTE: www.elnuevodia.com